Por Raúl Dellatorre
 El presidente
Carlos Menem se rindió ante la evidencia. Ayer admitió que en la reunión que mantuvo
con el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, el jueves por la noche,
trataron su preocupación común por el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet,
tal cual informó ayer, en exclusiva, Página/12. Kissinger puede quedar involucrado en la
investigación que lleva a cabo el juez español Baltasar Garzón, por el respaldo
político y financiero que dio, bajo su gestión, al golpe en Chile contra Salvador
Allende, en septiembre de 1973. En cambio, el mandatario argentino no informó sobre otra
gestión que llevó a Kissinger ante su persona: el rol que jugará el ex funcionario
estadounidense como “árbitro” designado por el gobierno argentino, por una
demanda de casi 800 millones de dólares que el consorcio constructor de la represa
Yacyretá reclama por diferencias de precios.
Kissinger disimula hoy como lobbista de empresas su pasado como artífice de golpes
sangrientos contra gobiernos constitucionales de América latina. En su nuevo rol, viene
operando en favor del consorcio Eriday, conformado por la italiana Impregilo y la francesa
Dumez, que tuvo a su cargo la obra civil de Yacyretá. Por su elevadísimo costo de
construcción, la obra fue consagrada por Menem como el “monumento a la
corrupción”. Pero la cuenta no está cerrada definitivamente: Eriday reclama, desde
1996, un pago adicional por 753,9 millones de dólares por “diferencias de
costos”. En tiempos de Domingo Cavallo, el reclamo había sido rechazado por su
secretario de Energía, Carlos Bastos, para quien los conceptos que originaban la deuda
podían representar “a lo sumo” unos 150 millones de dólares.
Cuando Eriday comenzó su reclamo, utilizó los buenos oficios de otro lobbista, aunque no
de carácter profesional, sino que ocupaba el cargo de asesor presidencial en el mismo
momento: Roberto Dromi. La habilidad del ex ministro de Obras Públicas fue insuficiente
para que el consorcio que encabeza Gianfranco Rizzo (a su vez, titular de Impregilo) se
encontrara con los millones demandados.
El jueves, a poco de su llegada, Kissinger tomó contacto con Rizzo (presumiblemente,
también habló con Dromi) para planear la nueva etapa de la pelea. Esta vez, sin embargo,
el camino aparece más allanado: el Gobierno ya consensuó la conformación de una
comisión de arbitraje para que resuelva la controversia. Y el prestigioso “doctor
K” será su miembro más destacado. Otro será el jurista y ex presidente de la
Auditoría General de la Nación Héctor Masnatta. El tercero es un profesional paraguayo.
Por designación del gobierno argentino –con acuerdo de Paraguay–, los tres
deberán decidir sobre el reclamo por 750 millones (actualizados, podrían elevarse a
800), que en caso de ser admitidos deberían ser oblados por el gobierno argentino.
Los orígenes de la demanda son:
 Ajustes por
diferencias de cambio, 207,9 millones de dólares.
Por anulación
de la aplicación del desagio a los contratos a partir de 1985, 182,9 millones.
Mayores costos
por conflictos gremiales, 134,4 millones.
Diferencias de
costo en comidas del personal, 104,3 millones.
Sumas retenidas
por impuesto a los débitos, 24,3 millones.
Ajuste en
cálculo de horas extra, 19,3 millones.
Gastos
aduaneros, 18,4 millones.
Equipamiento y
amoblamiento de campamentos, 12 millones.
El árbitro internacional Kissinger, convocado por el gobierno argentino, deberá estudiar
la procedencia de estos reclamos, que podrían aportar una millonaria cifra en favor de su
cliente Eriday.
LA ALIANZA NO ES HOMOGENEA EN EL JUICIO CONTRA
PINOCHET
¿Plan Cóndor o soberanía territorial?
“Cuando se discute la extraterritorialidad la gente olvida que en eso estaba basado
el Plan Cóndor”, afirmó Graciela Fernández Meijide. A diferencia del Gobierno, que
defiende el principio jurídico de la territorialidad, la Alianza se inclina por apoyar el
proceso español contra el dictador Augusto Pinochet y las condiciones en que se está
llevando a cabo. Pero más allá de la retórica, los aliancistas, de convertirse en
gobierno, deberán consensuar una estrategia acerca del juicio que lleva el juez Baltasar
Garzón y en el que están involucrados muchos militares argentinos. Fernando de la Rúa
afirmó que “la Justicia debe decidir” en caso de que se presente un pedido de
extradición y aseguró que “la comunidad internacional debe avanzar en la creación
de una Corte internacional que comprenda a los derechos humanos, respetando el ámbito
propio de los países”.
En su cruzada para impedir que Pinochet sea juzgado, el presidente Carlos Menem impulsó
la firma por parte de los presidentes del Mercosur del documento que rechazó “la
aplicación de leyes nacionales para constituir acciones que violan la igualdad jurídica
de los Estados” y pidió por el respeto al principio de “territorialidad”
de la Justicia. Graciela Fernández Meijide dijo ayer que el Estado debería asumir que
“la globalización, que nos trae muchas cosas buenas y malas, en el tema de los
derechos humanos baja los niveles de lo que se llama la soberanía territorial y hace que
los que cometieron crímenes de lesa humanidad puedan ser reclamados por países donde
esas figuras existen”.
“Confunden Pinochet con Chile”, afirmó el diputado Marcelo Stubrin en relación
con lo firmado en la Cumbre del Mercosur, “expresan solidaridad con Chile pero lo
hacen con Pinochet”. Para el diputado, “si la Alianza fuera gobierno el
documento sería totalmente diferente”. “Entiendo el gesto político pero no
creo que se le pueda dar sustento jurídico porque hay muchos argumentos para sostener que
en este tipo de delitos no hay territorialidad. Chile mismo ha firmado la convención
contra la tortura que establece un principio de extraterritorialidad”, aseguró el ex
canciller Dante Caputo. “El documento es un retroceso”, fue la opinión de Juan
Pablo Cafiero. “Quien ha delinquido desde el Estado no puede ampararse en la
territorialidad, sería una burla al concepto de justicia y al compromiso de la comunidad
internacional con los tratados de derechos humanos”, agregó.
“El tema extradición es siempre judicial, de manera que no lo debe decidir el
Presidente sino la Justicia”, dijo De la Rúa al ser interrogado sobre cuál sería
su posición acerca del pedido de Suiza sobre Jorge Rafael Videla. El jefe de gobierno
porteño admitió que “es cierto” que la situación de Pinochet “crea
conflictos de soberanía” y afirmó que “la comunidad internacional deberá
encontrar una manera segura y cierta de resolverlos, avanzando en lo que establecen los
tratados internacionales y respetando además el ámbito propio de los países”.
Las posturas en torno de la posibilidad real de concretar las demandas de los países
europeos están divididas. El legislador Facundo Suárez Lastra, por ejemplo, afirmó que
“para la ley argentina en este tema hay cosa juzgada”. Stubrin opinó que
“se deberá decidir de acuerdo con cada caso”. Más allá de los juicios que se
están llevando a cabo en el extranjero, Cafiero reflotó el proyecto presentado por
varios diputados del Frepaso para anular la Obediencia Debida y el Punto Final:
“Sería un doble discurso que aplaudamos la detención de Pinochet en el exterior y
no anulemos las leyes que impiden juzgar a los militares acá”.
| “Ganaron la posguerra” “Hoy el izquierdismo internacional al cual responde el juez Garzón, que
actúa como activista y no como juez, enjuicia al ex presidente con el aplauso de falsas
organizaciones de derechos humanos, de los intelectuales de izquierda, de la mayor parte
de la prensa oral y escrita y de grupos que realizan una prédica disolvente en los
países democráticos, entre ellos, la Argentina.” El diputado Alvaro Alsogaray
defendió ayer con ímpetu al dictador chileno. “Pinochet impidió la instalación en
Chile de un régimen comunista castrista”, aseguró el capitán ingeniero a través
de un comunicado. “En Chile y Argentina la subversión y el terrorismo fueron
derrotados pero en estos momentos están ganando la posguerra enjuiciando a sus
vencedores”, afirmó.
Qué dice la Constitución
“La Constitución argentina ha incorporado la
‘Convención contra la Tortura’ que consagra la aplicación extraterritorial o
universal de la jurisdicción penal para quienes hayan perpetrado dicho crimen. La
‘Convención contra el genocidio’, también incorporada a la Constitución, se
pronuncia en igual sentido.” La sección Argentina de Amnistía Internacional llamó,
a través de un comunicado, al presidente Carlos Menem a “respetar y cumplir las
leyes de la República”. El organismo recordó también que el gobierno por un lado
“defendió la creación de una Corte Penal Internacional”, y por otro,
“demora la suscripción del Estatuto de dicha Corte, con lo cual hoy ni juzga ni
permite que otros juzguen crímenes de carácter internacional”. |
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