Por David Cufré
 Por primera vez
desde que llegaron a Buenos Aires, los representantes del FMI accedieron ayer al diálogo
con la prensa. Fue para decir que si el Congreso no sanciona el próximo miércoles la ley
complementaria a la reforma tributaria, se caerá el Acuerdo de Facilidades Extendidas.
“Habría que empezar a discutir todo de nuevo, desde (Michel) Camdessus para
abajo”, advirtió el jefe de la misión, el chileno Tomás Raichmann.
Los destinatarios del mensaje fueron los diputados de la Alianza, que en la última
sesión rechazaron aprobar la precoparticipación de impuestos. El otro punto saliente de
las negociaciones con el organismo es definir si en 1999 habrá que hacer un nuevo ajuste
de gastos, debido a que la economía crecería menos de lo que esperaba Roque Fernández
cuando elaboró el Presupuesto.
La presión del FMI por la ley que distribuirá entre la Nación y las provincias los
recursos generados por la reforma impositiva fue para Economía, al mismo tiempo, un
motivo de preocupación y una ayuda en las duras negociaciones con el Congreso. Los Roque
Boys saben que tendrán graves problemas si esa norma no se aprueba y hay que reelaborar
el acuerdo con el Fondo. “Sería una bomba para los mercados”, subrayó el
viceministro, Pablo Guidotti, molesto porque ve peligrar el único frente que Economía
amparó ante la crisis: el sector financiero.
Sin la precoparticipación, los ingresos de la reforma tributaria irán en partes
proporcionales para la Nación y las provincias. En consecuencia, la rebaja de aportes
patronales se suspendería y el Estado quedaría con menos recursos para financiar sus
gastos, y por ello habría que renegociar el convenio con el FMI.
El secretario de Programación Económica, Rogelio Frigerio, se dedicó ayer a buscar un
acuerdo con los gobernadores y economistas de la Alianza para que aprueben el proyecto.
Los diputados de la UCR y el Frepaso tendrían libertad para votar de acuerdo con su
convicción, sin instrucciones de las jefaturas de los bloques. Y aprobarían la
iniciativa.
“Es difícil que la economía crezca 4,8 por ciento en el ‘99”, indicó
Raichmann, en referencia al otro tema que analizó ayer la misión que encabeza con
Frigerio. El FMI considera que el PBI se expandería entre un 2,8 y un 3,0 por ciento. Por
lo tanto, se están discutiendo nuevas metas macroeconómicas para el año que viene. Como
habría menos recursos porque la recaudación también sería inferior a lo que estimó
Economía, el gasto tendría que achicarse. El Gobierno negocia, en cambio, que el FMI
flexibilice sus exigencias, puesto que no quiere profundizar el ajuste en un año
electoral. “El tema seguramente se resolverá en febrero”, señaló Raichmann,
quien, por otra parte, confirmó que este año el déficit fiscal estará por encima de la
meta comprometida. Pero, dijo, “no es nada extremo”, y el Gobierno no
necesitará pedir un waiver (perdón).
RETROCESO DEL 2,0 % EN EL AÑO
Caída del salario real
Para
cubrir sus gastos de transporte los obreros no calificados de la industria destinaron tres
horas más de trabajo en octubre respecto del mismo mes del año pasado. Y para comprar un
kilo de asado necesitaron nueve minutos adicionales de labor que doce meses atrás. Estas
cifras surgen del informe dado a conocer ayer por la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE) sobre el poder de compra de los salarios industriales.
El poder adquisitivo promedio de los trabajadores industriales, calificados y no
calificados, registró una caída del dos por ciento en los primeros diez meses de este
año respecto de igual período de 1997. La mayor pérdida, como viene ocurriendo en los
últimos años, la soportaron los trabajadores no calificados. Estos vieron retroceder su
poder de compra un 2,2 por ciento frente al 1,8 de los especializados. En tanto, entre
enero y octubre de este año la caída salarial alcanzó el uno por ciento.
Según la UADE, el incipiente retroceso de los salarios se estaría extendiendo a otras
ramas productivas que hasta el momento mostraron mayor estabilidad salarial. Al respecto,
la investigación puntualiza a los sectores petrolero y metalúrgico. En cambio, el
“tradicional desfasaje para ajustarse” a la crisis de las actividades cementera
y algunas de la alimentación mantienen estabilizados los niveles de ingresos. El único
rubro que mejoró el poder de compra en octubre fue el de la indumentaria, que creció 1,8
por ciento.
INTERVENCION JUDICIAL AL PPP DE TELECOM
Un juez pisó las teleacciones
Por Julio Nudler
En la larga guerra del ya
agonizante Programa de Propiedad Participada telefónico, los empleados de Telecom acaban
de ganar una batalla en la Justicia al lograr que el juez Rómulo Di Iorio, del fuero
comercial, desplazara cautelarmente al comité ejecutivo de ese PPP, controlado por
sindicalistas de Foetra, instalando como interventor a Néstor Gavino. En sus
considerandos, Di Iorio afirma que se cometieron “gravísimas irregularidades en los
actos asamblearios de los días 11 y 18 de noviembre”, con “impedimento de la
libre determinación de los electores por la interposición de supuestos
mandatarios”. En esas votaciones, en principio fraudulentas según este fallo, se
jugaba el destino final de un paquete accionario valuado en unos 600 millones de pesos.
El llamado Frente para la Liberación de las Acciones, que promovió la acción judicial,
intenta estropearle los planes a la dirigencia sindical, encabezada por Rogelio
Rodríguez. El botín en disputa son las acciones que debieron entregar los miles de
telefónicos que, por una u otra vía, fueron quedándose en la calle tras la
privatización de ENTel. A esos papeles -que representan cerca de la mitad del PPP–
los absorbió el Fondo de Garantía y Recompra. Según las normas, esas acciones deben ser
prorrateadas entre los empleados activos (en este caso de Telecom), que luego podrán
venderlas si, como ya ocurrió con Telefónica, una asamblea resuelve cancelar la pequeña
deuda pendiente con el Estado y disolver el Programa.
En esta verdadera guerra de lobbies empresarios, políticos y sindicales, nunca importó
demasiado la letra de la ley, a punto tal que, por la existencia de causas penales en
curso, ni siquiera es descartable que la Justicia invalide todo lo actuado desde 1992,
cuando se firmó el Acuerdo General de Transferencia mediante un trámite alevosamente
irregular. La plata en danza no es poca: unos 1500 millones de pesos, ya que el PPP abarca
el 10 por ciento del capital de las telefónicas. Nadie se atreve a imaginar el
desbarajuste que seguiría a un pronunciamiento judicial sobre la cuestión de fondo.
En el caso particular de la azarosa liquidación del PPP de Telecom, la empresa respaldó
sorpresivamente la jugada de los sindicalistas, que quieren vender en paquete el Fondo de
Garantía, manejando ellos mismos la colocación. Del otro lado quedó el banco Comafi,
que había reunido 7500 poderes irrevocables –aún vigentes– de los empleados
para vender todas las acciones de cada uno de ellos. Mientras se sucedían presiones y
chicanas, un decreto firmado por Roque Fernández y Erman González iba a darle luz verde
a la operación Comafi, pero quedó frenado a último momento. Quien lo trabó en la Casa
Rosada fue el senador jujeño Alberto Tell, que es dirigente telefónico con permiso
gremial. Fuentes opositoras aseguran saber que Economía insistirá con su iniciativa.
Mientras tanto, quince diputados dirigieron una carta a Juan Carlos Masjoan, presidente de
Telecom, instándolo a reincorporar a ocho empleados despedidos en Corrientes el 19 de
noviembre. Según los legisladores, la empresa los echó por oponerse a la maniobra
sindical con sus acciones.
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