Turbulencia. Jean Daniel, el director del semanario francés Le Nouvel Observateur, acuñó una buena definición del proceso a Pinochet iniciado por el voto de los lores de Justicia. “Maravillosa historia”, escribió. “Al decidir que el general Pinochet no tiene derecho a reclamar inmunidad alguna y que, después de haber sido un dictador peor que los otros, se ha convertido en un justiciable como los otros, tres lores británicos introdujeron a la vez la perturbación, la turbulencia y la esperanza en la vida de las naciones.” Daniel añadió que, de paso, los lores hicieron avanzar notablemente el proceso de construcción de un tribunal penal internacional.

Straw. El secretario de Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, que el miércoles conmovió al mundo al declarar extraditable a Pinochet, no es un viejo izquierdista ahora reciclado hacia el Nuevo Laborismo y sin anclajes con la realidad. Al contrario. Su anclaje es sólido y se llama Tony Blair. Junto al secretario de Industria y Comercio, Peter Mandelson, Straw es uno de los ministros más próximos al premier y antes irritó al ala más progresista del laborismo cuando declaró la primacía de los heterosexuales, pidió penalizar a los menores y se opuso a una concepción de la seguridad urbana excesivamente basada en las libertades individuales. Su decisión de apoyar el pronunciamiento de los lores no pudo ser adoptada, según analistas europeos, sin consultas de Blair con los otros líderes de la Europa rosa de los nuevos socialdemócratas, en especial el italiano Massimo D’Alema y el alemán Gerhard Shröeder.

Tribunal. Ciento veinte países, entre ellos la Argentina, aceptaron en Roma en julio último la formación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) como un organismo permanente para juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad como la tortura y el asesinato sistemático, los crímenes de guerra, las agresiones y el genocidio. Ahora el texto del acuerdo deberá ser ratificado por un mínimo de 60 países para que entre en vigencia, y luego funcionará sólo para los delitos cometidos desde la puesta en funciones del TPI. El tribunal tendrá sede en La Haya y estará compuesto por 18 jueces y un procurador. Podrá castigar con penas de hasta prisión perpetua. Los Estados Unidos no firmaron el tratado en Roma, recelosos como siempre de que un organismo supranacional pueda afectarlos.

Fundación. El sitio donde menos se duda de Pinochet queda en O’Brien 2244, Vitacura, Santiago de Chile. Allí trabaja la Fundación Pinochet, que lidera la campaña mundial por la liberación del dictador con una literatura salida de la etapa más caricaturesca de la guerra fría entre Occidente y el comunismo. En su documento “La única gran verdad”, el presidente de la Fundación, Herán Briones, dice que en Chile murió gente porque resistieron al golpe unos 60 mil activistas “entrenados en Cuba y Rusia”. Para Briones, hoy el Marxismo, escrito con mayúscula en sus textos, “trata de vengarse del senador Pinochet porque Allende pretendió instaurar en Chile un Gobierno Marxista supuesto paraíso del régimen comunista, y por tal razón Allende fue un huésped de honor en Rusia y fue condecorado con el Premio Lenin de la Paz”.

Juventud. Una misteriosa, o no tanto, juventud que ama esta hermosa tierra escribió una carta al presidente chileno, Eduardo Frei, y la distribuyó al mundo traducida al inglés. Se queja de quienes olvidan que “en 1810 dejamos de ser colonia española” y también de los que ya no recuerdan que “para conseguir nuestra independencia nuestro país debió sufrir tortura y muerte y la violación de los derechos humanos de nuestros pueblos nativos por parte de los conquistadores españoles”.

Pasado. La derecha pinochetista hereda el odio que hace 25 años sirvió para alimentar su combate contra Salvador Allende. Fue tan marcado que en los barrios altos, donde los izquierdistas eran una minoría conocida y fácil de identificar, los días posteriores al 11 de setiembre los vecinos pinochetistas montaban guardia para detectar chimeneas prendidas. Estaban convencidos de que el humo sólo podía ser fruto de los papeles quemados, los libros marxistas incendiados, los apuntes de reuniones calcinados para destruir pruebas. Después, los vecinos llamaban al ejército. Si habían acertado y allí vivía un izquierdista, luego del secuestro completaban la faena al estilo medieval: aunque no necesitaban los bienes de la familia detenida, saqueaban la casa para descargar su odio.

Kissinger. Aunque ahora prefiera evitar públicamente el recuerdo –cuanto menos hable, menos se expondrá a las iras del juez Baltasar Garzón–, Henry Kissinger asumió sin vueltas la participación norteamericana en el golpe contra Salvador Allende. En el primer tomo de Mis memorias, publicado en la Argentina por Atlántida en 1979, el ex funcionario de Richard Nixon recuerda una frase del embajador norteamericano en Chile después del triunfo de Allende en las elecciones de 1970: “Es un hecho triste que Chile haya tomado la ruta del comunismo, con sólo un poco más que un tercio (36 por ciento) de la población aprobando esta elección, pero es un hecho inmutable. Tendrá un efecto muy profundo en América latina y el resto del mundo; hemos sufrido una grave derrota, las consecuencias serán internas e internacionales”. Kissinger escribió que Allende no era “un reformador democrático” y estableció que “las garantías democráticas que Allende aceptó de mala gana y por su propia cuenta, por conveniencia temporal serían abandonadas en la primera oportunidad”. Después convenció a Nixon de un plan doble: impedir la asunción de Allende y, si eso no era posible, derrocarlo apoyando el sabotaje interno. El 11 de setiembre de 1973 Augusto Pinochet derribó al gobierno socialista y coordinó con la Argentina el Plan Cóndor, de exterminio de opositores fuera de cada país. Por ese plan quiere juzgarlo Garzón, interesado también en probar si, como presume, Kissinger conoció o estimuló la coordinación represiva para cometer crímenes contra la humanidad en el Cono Sur. Si la reunión de evidencias progresa, Kissinger podría enfrentar una paradoja: el ex secretario de Estado y actual lobbista de grande empresas internacionales podría quedar forzado a no salir de los Estados Unidos por el riesgo de enfrentar una orden de captura.

Amnistía. Nacida en 1961, con un millón de adherentes en todo el mundo, en julio Amnistía Internacional (AI) se propone inaugurar en Londres un gran Centro de los Derechos Humanos. AI salió fortalecida del caso Pinochet. Es conocido que los abogados del dictador impugnaron a lord Hoffmann, que votó en contra del dictador, diciendo que su mujer, Gillian, es empleada administrativa de la entidad. Hoffmann es un judío sudafricano de 64 años, que va a la Cámara de los Lores en bicicleta y ama la ópera. La propia Amnistía informó que Hoffmann es director ad honorem de una organización afiliada a AI. Pero además lord Bingham de Cornhill, el lord jefe de Justicia, que votó a favor de la inmunidad de Pinochet, está en la misma organización. Y otro miembro de AI es Colin Nicholls, hermano del abogado de Pinochet, Clive Nichols. Hay un dato hasta ahora desconocido que echaría por tierra cualquier impugnación: según acaba de revelar el diarioThe Independent de Londres, el bufete de abogados que defiende a Pinochet, Kingsley Napley, donó dinero a Amnistía Internacional. Un símbolo del valor de los derechos humanos como marco común de convivencia, así sea en el plano de las intenciones, a 50 años de la Declaración Universal.

Extraterritorialidad. El Gobierno consiguió que todos los países del Mercosur criticaran la posibilidad de que un juez actúe sobre crímenes cometidos en otro Estado que no es el suyo. Es una falacia construida a gusto. Un juez español no podría procesar, por ejemplo, al Gordo Valor por un asesinato en Buenos Aires. A lo sumo podría extraditarlo. Cuando los juristas hablan de extraterritorialidad se refieren a un campo donde no sólo es posible sino obligatorio, y no sólo en términos morales sino jurídicos, que un juez tome la iniciativa: los derechos humanos. Como dijo lord Nicholls, uno de los lores de Justicia que votó contra Pinochet, “no es necesario decir que la tortura sobre propios y ajenos no debería ser concebida por el derecho internacional como una de las funciones de un jefe de Estado”.

Tortura. Aunque no lo admita ni lo relacione con el caso Pinochet, el Gobierno argentino ya aprobó una vez el principio de extraterritorialidad. En la Convención Constituyente de 1994 los delegados del peronismo aprobaron junto con el resto la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos a la Constitución. Así, quedaron por encima de las leyes internas. Uno de los textos aprobados es la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 6, inciso 1, dice: “Todo Estado parte (o sea firmante de la Convención) en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4 (tortura), si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia”. Y agrega: “La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición”. Imposible concebir una extraterritorialidad más amplia y argentina que ésta.

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