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Una extravagante denuncia de Moneta  por extorsion para que la prensa no  investigue los nexos empresarios con el lavado de dinero malhabido en  las privatizaciones Con el propósito de disuadir investigaciones acerca de la vertiente empresaria en la corrupción política, el presidente de CEI, Raúl Moneta, intenta atemorizar a periodistas y políticos. A raíz de un artículo de este diario acerca de esas presiones, Moneta intenta extender al autor la querella por extorsión que inició contra un ex director de una de sus empresas. Cuando concluya el actual período presidencial éste puede convertirse en un caso testigo. Simultáneamente los gobiernos de Suiza y Estados Unidos investigan el rol del Citibank en el lavado de dinero por parte de políticos corruptos de otros países del Tercer Mundo, como México y Pakistán.

LA ESCALADA

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Moneta, a la derecha, dio un nuevo paso en su campaña de silenciar a los curiosos sobre su riqueza.
Su grupo da como dirección una casilla de correo en las Bermudas y declara 50.000 dólares como capital.

Acusación: El escrito presentado por Moneta también apunta al grupo Clarín, al que menciona como una de las posibles fuentes de información del artículo.


Por Horacio Verbitsky

t.gif (67 bytes) En un nuevo paso de su audaz estrategia tendiente a silenciar a los periodistas y políticos que han mostrado curiosidad por los misteriosos accionistas no identificados que él representa en el Citicorp Holdings, CEI, el escribano Raúl Pedro Juan Moneta sugirió al juez Ismael Muratorio que extienda al autor de esta nota la querella por extorsión que presentó contra el ex director de su empresa República Propiedades que le reclama honorarios y comisiones impagos, Jorge Macchi. Desde una casilla de Correo en el triángulo de las Bermudas y con un capital de apenas 50.000 dólares, esos anónimos inversores controlan una porción sustancial de las telecomunicaciones y los medios de comunicación en la Argentina. Página/12 comenzó a investigar hace un año y medio las posibles relaciones de estos accionistas secretos con el lavado de dinero obtenido ilegalmente por funcionarios del gobierno en la privatización de empresas públicas. Una vez concluido el actual período presidencial, éste podría convertirse en un caso testigo acerca de la vertiente empresaria en la corrupción política. Evitarlo es uno de los propósitos de la extravagante denuncia de Moneta. El estudio jurídico al que recurrió para ello es el de Alfredo Iribarren, el mismo al que Menem encomendó la defensa de su cuñada Amira Yoma cuando investigaciones de la DEA estadounidense y de la justicia de España la involucraron en el lavado de narcodólares. Tampoco es casual que el blanco periodístico elegido sea este diario, el mismo que Menem singularizó en declaraciones públicas hostiles a la prensa independiente y en sucesivas denuncias judiciales. En este momento está pendiente de decisión por la Cámara de Apelaciones, si a la audiencia de absolución de posiciones que se realizará en la Casa Rosada, y en la que el presidente y el autor de esta nota deben hacerse preguntas recíprocas en una causa civil iniciada por el Jefe de los restos del Estado por presuntas injurias, se permitirá el acceso de la prensa, como reclama este diario, a lo que se opone Menem.
El motivo alegado por Moneta para la extensión de la querella fue el artículo publicado en estas páginas hace un mes, titulado “El silencio es salud”, en el que, precisamente, se describía el intento por disuadir a medios y periodistas de ocuparse de los negocios y vinculaciones políticas de Moneta. Según el matutino La Nación, Moneta participó en reuniones de gabinete nacional en el Polideportivo de Olivos y tenía la misión de convencer a otros hombres de negocios en favor de la permanencia del presidente Carlos Menem en el gobierno más allá de su mandato constitucional. Simultáneamente con la presentación de Moneta ante Muratorio, la revista económica Business Week publicó una investigación especial sobre la participación del Citibank en operaciones de lavado de dinero obtenido por políticos del tercer mundo en operaciones ilegales. Entre ellos menciona a un hermano del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y al esposo de la ex premier de Pakistán, Benazir Buttho, quien habría recibido mil millones de dólares en coimas por parte de contratistas del Estado. El gobierno suizo abrió una investigación sobre el respecto. También el Congreso de los Estados Unidos publicó esta semana un informe crítico sobre el rol del Citibank en el caso Salinas, lo cual podría dar lugar a la formación de una comisión investigadora parlamentaria y a un nuevo impulso a la investigación que desde hace tres años desarrolla la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos. A raíz de las investigaciones sobre los accionistas del triángulo de las Bermudas representados por el escribano Moneta, el Citibank redujo su participación en el CEI. El ex presidente del Citibank de Argentina, Richard Handley renunció a la presidencia del CEI luego de una visita relámpago a Buenos Aires del último presidente del Citibank International, John Reed, actual vicepresidente del Citigroup y Moneta asumió la presidencia. Luego de las últimas modificaciones accionarias, representa el 40 por ciento del capital de CEI, en manos de los accionistas misteriosos del Caribe.
Cartas a Raúl
La denuncia de Moneta contra su ex director Jorge Macchi, por extorsión, fue presentada el 20 de mayo de este año. Moneta aportó una serie de cartas que le habría escrito su abogado de confianza Alberto Petracchi, a quien Macchi habría utilizado como vehículo para la supuesta extorsión. La primera de esas cartas tiene fecha del 2 de febrero de este año y la última del 27 de abril. Leídas en conjunto describen una presunta maniobra, en la que Macchi habría amenazado con promover en los medios de comunicación, en el Congreso y en los Estados Unidos una “campaña de difamación” contra Moneta, salvo que éste le pagara una alegada deuda de varios millones de dólares por su intervención en el diseño, la construcción y la comercialización del Edificio República. Moneta, quien pretende hacer creer que un simple developer inmobiliario como Macchi tiene posibilidad de manejar a los principales medios y políticos del país e incluso del mundo, pidió las declaraciones testimoniales del ex presidente Raúl Alfonsín, el precandidato presidencial Eduardo Duhalde, la candidata a sucederlo en Buenos Aires, Graciela Fernández Meijide, el ministro de Economía Roque Fernández, su antecesor Domingo Cavallo, el secretario general de la presidencia Alberto Kohan, los directivos del Citibank Carlos Fedrigotti, Ricardo Stanley y Denis Martin, los diputados nacionales Juan Pablo Cafiero, Darío Alessandro, Elisa Carrió y Nilda Garré, los directivos del diario “Clarín” Héctor Magnetto y Jorge Posse, el presidente del directorio de “La Nación”, Julio Saguier, y una extensa nómina de periodistas de los medios más significativos del país e incluso corresponsales extranjeros. Uno de los anteriores escritos judiciales del escribano Moneta ya dejaba ver la intención de involucrar a la prensa en las presuntas maniobras delictivas que atribuye a su ex director Macchi, al afirmar que las notas periodísticas publicadas en distintos medios sobre él y sus negocios están “en perfecta línea con las amenazas denunciadas”. En la última presentación de su abogado ante el juez, Moneta avanzó un paso más. “Al contrario de lo que en un primer momento pudo pensarse, Verbitsky habría actuado mucho más involucrado con el ilícito designio del imputado que movido por un genuino interés informativo”, aventura. La nota de este diario del 8 de noviembre “está plagada de verdades a medias, ocultamientos, falsedades y una tendenciosa demostración de los hechos”, añade, y “demuestra que Verbitsky se ha montado sobre la estrategia defensiva de Macchi. Probablemente preocupado por la manera en que ha aceptado, en el pasado, coquetear con un extorsionador. Inclusive buscando ahora, con engañosas invocaciones a la libertad de prensa, el apoyo de otros periodistas o medios aprovechando la desinformación de éstos sobre esta causa y sus hechos, simpatía ideológica o quizás una legítima preocupación por algo que, inexacto, falsamente pretende presentar como destinado a afectar aquella trascendental garantía constitucional”. Moneta concluye que la finalidad de esas observaciones es que el juez “reconsidere el tenor a partir del cual corresponde escuchar en autos al señor Horacio Verbitsky”. El autor de esta nota declaró como testigo, por lo cual la frase anterior sugiere que se lo vuelva a citar, pero como imputado en la extorsión que se atribuye a Macchi. El escrito presentado por Moneta también apunta al grupo Clarín, al que menciona como una de las posibles fuentes de información del artículo, “pues no es infrecuente escuchar comentarios sobre una supuesta relación de dicho grupo con el periodista”.
Cronología
Un obstáculo insuperable para la temeraria jugada del escribano Moneta, es que los documentos y declaraciones que él mismo aportó a la causa, ubican el comienzo de la presunta extorsión de Macchi en los primeros meses de este año. En cambio, la investigación de este diario sobre los negocios del escribano Moneta y su relación con el presidente Menem comenzó en mayo del año anterior. ¿Acaso el próximo paso de la querella será acusar a este diario de usar a Macchi para extorsionar al gaucho bueno de Luján? Lo que sigue es una síntesis de aquellas publicaciones:

“Las guerras del ocaso”, del 18 de mayo de 1997. Ese artículo sobre “el ocaso del menemismo” se refería a “una disputa por honorarios de cuatro millones de dólares percibidos a raíz de un pleito contra el Estado”. La nota narraba una reunión del ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi con “Juan Navarro, entonces en el Citi y ahora en el Grupo Exxel” durante la privatización de Aerolíneas Argentinas y transcribía una frase antológica de Dromi: “Acá corre mucha naranja, pero al pobre naranjo no le dan nada”. En ese inequívoco contexto, incluía la primera mención a Moneta y a su relación con Dromi. “Los movimientos de Dromi también habrían incidido en el sismo que sacudió a Telefónica de Argentina y que culminó con el alejamiento de Luis Bustamante. Para el gusto de los españoles era demasiado amigo del banquero de Menem, Raúl Moneta, quien operó para que CEI (del Citi) llegara al 50 por ciento del paquete accionario, comprando las partes de Techint y Pérez Companc. Pero Dromi, introducido al servicio de las compañías telefónicas por Moneta (gracias a Dromi también flamante banquero mendocino) y por el sigiloso Eduardo Bauzá, apostó a todas las caras del dado”, decía.

“Unido o dominado”, del 14 de setiembre de 1997, se refería a los intentos de Menem por “deslegitimar las investigaciones de la prensa sobre corrupción, presentándola como un antagonista político” y a su propuesta de “emprenderla a palos con los periodistas”. Decía que “los preparativos para el repliegue del menemismo coinciden con los asombrosos movimientos producidos en distintos medios de comunicación, que tienen como actores, entre otros, al mesadinerista Raúl Moneta, cuya estancia es uno de los lugares preferidos por Menem para recibir visitas internacionales (allí se negoció la venta de una parte de Torneos & Competencias)”. Esa nota también revelaba “las fuertes presiones oficiales que darían frutos, con el voto favorable al rebalanceo de las tarifas telefónicas del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, quien había anunciado que se abstendría porque su hijo es uno de los abogados de la secretaría de Comunicaciones involucrados”. Ya entonces afirmaba que si bien “el ex presidente del Citibank, Richard Handley es el rostro visible de CEI” es Moneta quien “maneja con un bajísimo perfil público algo más del 30 por ciento del paquete accionario de CEI”. La Financiera República (cuyos clientes morosos recibían en años más duros un sobre con una bala de plata), devino en banco. Moneta fue gestor de la decisión por la que el Estado Nacional vendió a la Sociedad Rural los terrenos que ocupa en Palermo a precios asombrosamente inferiores a los de mercado y actuó como agente financiero de la operación. Sin recursos propios para soportar la pérdida de depósitos durante el denominado Efecto Tequila, el República hubiera sido absorbido sin alguien que lo soportara. Por lo que ha trascendido hasta ahora, el reciente informe de la fiscalía de Nueva York al juez federal Adolfo Bagnasco sobre el recorrido del dinero de las coimas del negocio IBM-Banco Nación contendría algunos datos significativos: más de un millón de dólares girados desde el Credit Suisse al Citibank y un millón derivado a una cuenta abierta en el Federal Bank de Bahamas. La Nación informó que ese banco de Bahamas “actuaría como offshore del Banco República” y que “la cuenta pertenecería a un ex funcionario del Poder Ejecutivo. Contra lo que generalmente se cree, las acciones que representa Moneta en el CEI no pertenecen al Banco República sino a una extraña firma con domicilio en British Virgin Islands, denominada United Finance Company Limited. Esta UFC es a su vez propietaria de más del 90 por ciento del paquete de Citi Construcciones (de Marcelo T. de Alvear 684, cuyo presidente es Carlos A. Basilico). Hace poco más de un mes, durante una inspección del Banco Central al Banco República, que ha otorgado crédito a aquella compañía, Moneta se negó a revelar cualquier dato sobre los misteriosos accionistas alegando que sólo estaba obligado a exhibir balances”.

“Game Over”, publicada una semana después, el 21 de setiembre de 1997, se refería a la amenaza de Menem a la prensa de aplicarle la “ley del palo” y a la polémica nacional e internacional que le sucedió y que incluyó un editorial del diario estadounidense The New York Times que se tituló “Guerra a los medios en la Argentina” y afirmó que Menem “ha llenado los tribunales de jueces corruptos”. Según el artículo “para su vana refutación a The New York Times, Menem eligió una radio donde acaba de hacer pie el mesadinerista Raúl Moneta, quien actúa en representación de una extraña firma con domicilio en British Virgin Islands, denominada United Finance Company Limited. El nombre de sus accionistas es el secreto mejor guardado del ocaso del menemismo, aunque entre colegas de Moneta se mencionan con insistencia un patronímico y un palindromo”. La asociación con esta compañía en el CEI puede constituir el próximo dolor de cabeza para el Citibank, luego de la investigación iniciada en Chile por haber garantizado como real la identidad falsa de un mexicano que buscaba lavar dinero originado en la comercialización de sustancias narcóticas. Una de las cuestiones pendientes en la agenda argentino-estadounidense es la sanción de una ley que reprima el lavado de dinero, no solo de ese origen, sino también de todo tipo de actividades delictivas, entre ellas el cobro de comisiones en los procesos privatizadores o de contrataciones del Estado. La propia Justicia de los Estados Unidos informó que el reciclaje del dinero malhabido de la contratación entre IBM y el Banco Nación hizo escalas en cuentas en el Citibank y en un banco de Bahamas vinculado con Moneta. Aquel artículo agregaba que Menem, “en cuanto asumió la presidencia designó director del Banco Central a Alberto Petracchi, quien era abogado en la causa del Banco del Oeste en contra del Central. No casualmente, Petracchi es hoy el hombre de confianza de Moneta”.

“Astracanadas”, del 19 de octubre de 1997, estuvo dedicada a los ataques de distintos gobiernos latinoamericanos a la libertad de expresión, y a la propuesta del presidente de los Estados Unidos de establecer una Defensoría de la Prensa en la OEA. Una de las colaterales de Citibank, “Citicorp Equity Investment (CEI), está lanzada a la adquisición de medios de comunicación, asociada al menos políticamente con el presidente que desea proteger sus espaldas ante la cada día más predecible retirada del poder. El hombre de Menem allí, Raúl Moneta, organizó la astracanada de la Sociedad Rural la noche del jueves, con caballos criollos bailando el tango, para que entre cabeceo y bostezo Clinton supiera que ya había llegado a una auténtica Banana Republic”, sostuvo la nota.

“Levantando polvareda”, del 4 de enero de 1998 fue la primera de esa serie de notas en las que se mencionó a Jorge Macchi, quien fue citado expresamente como fuente de una pequeña parte de las informaciones contenidas, aquellas que se referían a su litigio con el escribano Moneta. Pero el grueso de la información no guardaba relación alguna con su ex director. Narraba los comienzos de Moneta en “la mesa de dinero Federalia, que despegó con la compra y caución de Valores Nacionales Ajustables durante el gobierno de Isabel Perón” y en “la compañía financiera República en la que se convirtió al empezar la década pasada. y sostenía que el secreto de su éxito residía “en las sociedades offshore de Moneta que facilitaron la valorización de capitales reacios a los controles sobre su origen y a los reclamos impositivos. El despegue desde aquel submundo hacia el centro de la escena política y económica se produjo a partir del acceso al gobierno del presidente Carlos Menem. El aporte de Moneta al grupo económico de mayor crecimiento en el último lustro fue su nombre y la comodidad con que desde sus años en Miami está acostumbrado a moverse en las aguas infestadas de tiburones del Caribe”. Anticipaba como probable “que Moneta se apresurara a blanquear la situación de UFCO, como le han exigido algunos de sus asociados en el CEI, atentos a la incongruencia entre la magnitud de los nuevos negocios y los viejos hábitos de la clandestinidad. Uno de sus sellos corsarios, American Exchange, tiene como sede el domicilio en Punta del Este del presidente del Banco República y tío de Moneta, Jaime Benito Lucini. Dos de los depositantes de sumas millonarias que el Banco República triangula hacia American Exchange o el Federal Bank de Panamá son el casero de Lucini, Alberto Dinardi, y su cocinera, Elba García. Pero hay otros nombres (de personas y de cuentas en código pero fácilmente identificables) cuya difusión alteraría muchos pulsos, no sólo aquí. Aun antes de que sus negocios se entrelazaran con los de Handley y John Reed (el gringo criado en Rosario que preside el Citicorp) las compañías fantasmas de Moneta en el Caribe y Centroamérica gozaban (según documentos en poder del autor) de asombrosos descubiertos del Citi de Nueva York de hasta 13 millones de dólares en un día, inimaginables de no mediar contradocumentos o asociaciones ocultas”.
El artículo también decía que “los negocios de Moneta llamaron la atención de la jueza federal María Servini, que investiga a Gaith Pharaon por lavado de dinero”. En 1994, la jueza Servini ordenó allanar las oficinas de Merrill Lynch en el edificio de Rincón 467, en Montevideo, propiedad del jefe de la logia P2, Licio Gelli. Antes había funcionado allí la filial uruguaya del banco de Pharaon. En el despacho del presidente de Merrill Lynch aparecieron una serie de cuentas numeradas y también la clave para decodificarlas. Se trataba de una nítida triangulación: fondos negros de la Argentina depositados en un paraíso fiscal a través de Merrill Lynch Private Capital de Grand Cayman, que luego se transfieren a Wall Stret y, ya lavados, regresan al Río de la Plata a través de Merrill Lynch de Luxemburgo para ser invertidos como respetables capitales extranjeros en YPF, Edenor, Edesur, Telecom, Telefónica, Banco Santander y las brasileñas Telebras y Rio Doce. El presidente de la entonces consultora Merrill Lynch del Uruguay tiene otro apellido notorio: se trata de Wilfredo Bunge, hijo de Wences. A la semana siguiente del allanamiento, fue autorizada a actuar como banco. En la causa hay indicios para pensar que Pharaon tiene intereses significativos en Merrill Lynch. Las inspectoras del Banco Central Gilda Spoltore y Delia B. de Corteletti detectaron una extraña operación realizada en los últimos meses de 1996 y los primeros de 1997 entre Alpargatas y el Banco República. No obstante una deuda de 500 millones de dólares, que casi duplicaba su capital propio y con una capacidad ociosa del 50 por ciento que reflejaba las serias dificultades que culminaron con su venta, Alpargatas pudo comprar y vender divisas a través del Banco República por la desproporcionada suma de 4.000 millones de dólares. Los investigadores consideran que esas transacciones son ficticias y encubridoras de otra actividad. Sólo las ganancias de esta operatoria con Alpargatas y la distribución de beneficios del CEI permiten que el Banco República no imprima sus balances con tinta roja”. Al declarar como testigo en la causa, el autor de esta nota entregó al juez Muratorio copias de esos y de otros artículos posteriores, en los que se mencionan la clase de delitos perseguibles de oficio que, según el Código Procesal Penal, están obligados a denunciar “los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones”.

 

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