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Por Nora Veiras
El veto parcial a la Ley de Incentivo Salarial Docente, que quitó la retroactividad al 1º de enero y la garantía del Tesoro Nacional para el piso de 700 millones de pesos obliga a encontrar otras fuentes de financiamiento. De lo contrario la ley se transforma en letra muerta. El postergado aumento a los maestros quedaría atado a los avatares de la recaudación del impuesto sobre autos, motos, aeronaves y embarcaciones. "En este momento tenemos un impuesto específico y una estimación de recaudación realizada por el Ministerio de Economía de 350 millones de pesos, dadas las modificaciones que tuvo el proyecto original ya que cambió la base imponible. También tenemos una nueva ley tributaria y otra en marcha que aumenta a las provincias los recursos de la coparticipación", argumenta Decibe en el texto elevado a los gobernadores y recuerda que "en pleno proceso de reforma hemos tenido graves problemas financieros los que ocasionaron que en muchas provincias se bajaran los salarios y en otras se mantengan aún deudas salariales importantes". Las cuentas de Educación detallan que "la proyección de ejecución del fondo, 700 millones de pesos anuales, es de 53.846.153 pesos por 12 meses más el aguinaldo". Teniendo una recaudación de 350 millones de pesos, se necesitaría un financiamiento extra de 29.166.666 mensuales. El equipo de Decibe asegura que "se está coparticipando a las provincias alrededor de 900 millones de pesos mensuales de libre disponibilidad, lo cual implica una mejora de 160 millones mensuales por sobre el monto garantizado en el Pacto Fiscal. Es decir que los fondos necesarios para el financiamiento docente equivalen al 18,22 por ciento del diferencial 'mayores recursos' actualmente coparticipables". "Si no se garantiza el uso de los recursos coparticipables para los servicios esenciales como educación, salud y seguridad, el Estado Nacional se transforma en un Estado bobo que manda plata y, al mismo tiempo, paga el costo político", explica Decibe. Menem le dio luz verde a su ministra para que trate de persuadir a los gobernadores de la "injusticia redistributiva que hace que los sueldos iniciales de los maestros tengan una diferencia de uno a tres entre las distintas provincias". Sin embargo, en el mismo gabinete no hay unanimidad de criterios. Más allá de la "solidaridad" de las provincias para invertir en un fondo federal que permita "homogeneizar" un piso salarial docente, los argumentos de Educación apuntan a la posibilidad de atar ese aumento a las reformas administrativas y laborales. En el borrador del Pacto Federal II se detalla que: * La reforma administrativa incluirá la implementación del Legajo Unico Informatizado, donde se concentre la información laboral completa de cada agente del sector y se articule con la liquidación automática de salarios y transparente las plantas funcionales de personal". * Se iniciará un proceso de concertación federal y consulta a los gremios docentes para establecer gradualmente nuevas formas laborales y condiciones de trabajo que mejoren la prestación de servicios y aseguren una verdadera carrera profesional que dignifique la tarea de enseñar así como su redistribución. "Si los gobernadores no lo ven así y lo miran como un gasto indiscriminado, el Pacto Federal II no tendrá éxito. Yo lo que digo es que lo único que está garantizado es el sistema financiero: si se viene abajo un banco por ineficiencia de la administración o por corrupción, se recurre a recursos previstos para otros fines como educación. La filosofía de la coparticipación es que la riqueza se tiene que repartir para garantizar la prestación de los servicios básicos y al educación es uno de ellos", machaca Decibe. Esta parece ser la última carta de la ministra. La posibilidad de que Diputados vote una ley complementaria extendiendo al 21 por ciento el impuesto a los canales de cable y a los espectáculos aparece todavía más lejana.
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