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 Las últimas
semanas han sido muy interesantes para quienes sospechan que la idea misma del Estado
nacional está por esfumarse luego de menos de medio siglo de vigencia plena. Gracias a
los esfuerzos de la derecha chilena por rescatar a la víctima más célebre de la
"globalización", de las manos de una coalición improvisada de británicos y
españoles, la defensa a ultranza de la soberanía o, para emplear la palabra de moda, la
"territorialidad", está adquiriendo características surrealistas. Aunque
Eduardo Frei y sus homólogos del Mercosur han preferido expresarse en términos
abstractos, nadie ignora que para ellos la soberanía supone que los asesinos seriales y
torturadores --siempre y cuando conserven el poder para poder chantajear a sus
compatriotas--, tienen derecho a gozar de una vejez tranquila. De más está decir que un
principio que parece beneficiar sólo a monstruos no contará con la simpatía de muchos.Mal que les pese a los paladines de la "igualdad jurídica de los Estados", algunos son más iguales que otros. No es una cuestión tanto de poder cuanto de la independencia --podría decirse "soberanía"--, de la Justicia. Por fortuna, vivimos en una época en que los Estados más poderosos son también los más democráticos y por eso poseen los sistemas legales más autónomos: nadie en sus cabales pretendería que la Justicia latinoamericana está más desarrollada que la de Europa occidental. Además, si no fuera por el prestigio de la Justicia en Gran Bretaña e incluso en España, un ex dictador como Pinochet nunca hubiera sufrido ningún traspié porque los costos políticos y económicos para los dos países de humillarlo hubieran parecido excesivos. La alianza ad hoc de lores británicos y juristas españoles mantiene detenido a Pinochet por entender que en Chile hay lugares en los que la Justicia no puede penetrar: en el fondo, no forman parte del Chile cuya soberanía reconocen. Como en el Oeste Salvaje, en ellos lo único que rige es la ley del revólver. Frei tiene sus motivos para tolerar esta situación denigrante y los presidentes mercosureños los suyos para respaldarlo, pero esto no quiere decir que otros tengan por qué limitarlos. Desde el punto de vista de los europeos, es como si el gobierno chileno tuviera que aceptar la existencia de "zonas liberadas" dominadas por piratas o narcotraficantes. Claro, en tal caso nadie, salvo el atemorizado Frei, discutiría el derecho de otros a capturar a aquellos hampones que salieran de su guarida aun cuando viajaran pertrechados de pasaportes diplomáticos conseguidos mediante amenazas.
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