Por Pablo Ferreira
 La Novalgina, un
difundido antifebril que vende el laboratorio Hoechst, cuesta 33 centavos el comprimido.
Pero la misma droga básica –la dipirona– es vendida por un competidor, Veinfar,
a sólo 12 centavos por pastilla. Esa notable dispersión de precios puede, incluso,
llegar a multiplicarse cuatro veces y media si se incluye en la comparación a la Novemina
del laboratorio Lazar. Estas extraordinarias diferencias en el valor de remedios con
idénticas virtudes curativas surgen de una investigación dada a conocer ayer por Alieto
Guadagni, titular de la Secretaría de Industria y Comercio. El inédito trabajo, que
apunta a transparentar el complejo mercado de los medicamentos, abarca por el momento al
grupo de los antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Pero en dos meses más el
listado será extendido a toda la gama de remedios existentes y las farmacias deberán
tenerlo al alcance de la mano de todos los consumidores.
Como contrapartida, la decisión de Economía puso en pie de guerra a los laboratorios que
–ayer mismo– expresaron un contundente rechazo a las acusaciones de falta de
transparencia. Pablo Challú, director ejecutivo del Centro de Industriales de
Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), calificó la decisión de Guadagni como
“el ejercicio de una posición arbitraria de funciones”. La medida, exageró el
empresario, “está en el camino del control de precios y esto es un gravísimo
retroceso”.
Guadagni, poco antes de esa declaración de guerra, había destacado que el trabajo de su
repartición apunta a los “consumidores, los propios farmacéuticos y los colegios
médicos”. Se trata, agregó, de “lograr que el mayor gasto en medicamentos
corresponda a un mayor consumo efectivo de productos y no sea esterilizado en los mayores
precios”. La Secretaría ha verificado que en lo que va de la década se ha producido
un fuerte incremento de la facturación de los laboratorios, sobre todo por aumentos de
precios y no por mayores ventas.
Además, el secretario de Comercio, en una reducida ronda de prensa convocada en el
Ministerio de Economía, señaló que “se ha detectado una importante dispersión de
precios en medicamentos sustitutos”. Entre los remedios más populares y que exhiben,
a su vez, una mayor dispersión figuran los elaborados a base de piroxicam de 10
miligramos (antiinflamatorio), de la droga analgésica paracetamol (500 mg) y de dipirona
(500 mg). Estos medicamentos muestran diferencias extremas del 554, 356 y 349 por ciento,
respectivamente (ver cuadro).
El informe elaborado por la Subsecretaría de Comercio Interior, que comanda Silvio Peist,
señala que este mercado “se caracteriza por su alta concentración de la oferta y
una fuerte diferenciación del producto”. La decisión de introducir algo de claridad
en las fuertes distorsiones de este mercado se origina, según puntualizó Peist a
Página/12, en una resolución de 1992 adoptada en forma conjunta por el Ministerio de
Economía y el de Salud y Acción Social. “Ambos ministerios tienen la obligación de
difundir el precio de los medicamentos”, resaltó el funcionario. De todos modos, la
flamante iniciativa está en línea con la campaña estrenada este año por la Secretaría
de Comercio, que dio comienzo con la publicación de las tasas de interés de las tarjetas
de crédito, las comisiones de las AFJP y el costo de los créditos hipotecarios, entre
otros.
El diagnóstico oficial concluyó que el mercado de medicamentos “presenta numerosos
problemas en su funcionamiento” que afectan al bienestar social. Entre ellos enumera
la asimetría y asincronía en la información. Ocurre que los laboratorios, droguerías y
farmacias poseen toda la información acerca de los medicamentos, en tanto que el
paciente–consumidor se ubica en el extremo opuesto. Los usuarios, además, se ven
intermediados por el médico, que es quien realmente toma la decisión. De esa forma se da
unasituación “caracterizada por el hecho de que quien consume no elige, quien elige
no paga, y quien paga es un tercero”, ironiza el trabajo.
TRES ESPECIALISTAS OPINAN SOBRE LA MEDIDA
“Un avance, pero insuficiente”
Habrá
listas en farmacias para elegir por la marca de medicamento más barata. Pero no habrá
farmacéuticos autorizados a cambiar la prescripción médica. Este es entre otros, uno de
los puntos que distintos especialistas consultados por Página/12 mencionan como ausentes
en la resolución de la Secretaría de Industria. Si bien –con matices– acuerdan
en que se trata de un avance frente a la desregulación que habilitó la disparada de
precios, la consideran insuficiente. Para revertirla, dicen, hace falta una reforma
política de fondo.
El ex ministro de Salud del gobierno radical, Aldo Neri, cree que “es una reacción
tardía, consecuencia de un sentimiento de culpa”. La liberación impuesta por
“el binomio Menem-Cavallo implementó una política de liberación cuyas consecuencia
la paga la gente”, dice. La resolución pone a disposición de la gente un listado
con los diferentes precios para el mismo principio activo. Para Neri esto es un adelanto
pero advierte que los laboratorios se resguardan “diciendo que no se trata ni de lo
más caro ni de lo esencial en la composición del producto”. En coincidencia el
doctor Jorge Banchero, asesor de la comisión de Salud de la Legislatura, sostiene que
“habría que preguntarse por qué cuando se llama a una licitación pública
cualquier laboratorio que vende en el mercado un producto a 10 la ofrece a dos”.
Meses atrás el diputado radical Ricardo Barrios Arrechea presentaba un proyecto de ley
que incorporaba la potestad del farmacéutico para cambiar la receta. Dado que la
disposición actual no lo prevé, el radical asegura que “no va a ser efectiva”.
Después de reiterar que “nada tiene que ver el valor de fantasía con el principio
activo del medicamento”, Banchero insiste en que “la gente debe cambiar los
medicamentos por los de menor valor”. Para que los listados se vuelvan efectivos el
diputado prescribe necesaria “una toma de conciencia de los pacientes y de los
médicos”. Proceso de cambio cultural que Gines González García asegura posible. El
ex ministro de Salud bonaerense se inscribe entre aquellos que consiguieron “haber
probado como posible una medida similar cuando se activó en la Provincia de Buenos Aires
el mismo programa con carácter obligatorio”. La incorporación de los listados
dispuesta en territorio bonaerense permitía al farmacéutico cambiar la marca del
producto a solicitud del cliente. Entusiasta con la aplicación del programa en el país,
el ex ministro justicialista lo considera necesario porque el “consumidor no tiene
defensa. El médico vende un precio en el medicamento”. El hombre insiste en los
ventajas de un propuesta en la que “la gente puede comprar y elegir”.
Disposiciones como estas obligarían a las marcas, según García, a hacer competencia por
el precio y no por el marketing.
“Habrá que convencerlo al médico ahora”, bromea el ex funcionario mientras
piensa en las políticas comerciales que cultivan cultos religiosos de profesionales a
determinadas marcas.
OPINION
Oportunismo de
Guadagni
Por Julio Nudler |
Siete
años largos después de haber liberado el precio de los medicamentos, el Gobierno se da
cuenta de que los remedios no son una mercancía más, y que su mercado no funciona como
el de los cascanueces o la salsa de soja. Los razonamientos que ahora enarbola la
Secretaría de Industria y Comercio para lanzar su campaña de transparencia informativa
son autoincriminatorios. ¿Recién comprenden que, como dice el comunicado oficial ayer
difundido, éste de las medicinas es un negocio peculiar porque “quien consume (el
enfermo) no elige, quien elige (el médico que receta) no paga y quien paga (cuando
interviene una obra social o una prepaga) es un tercero”? Y no sólo esto. Para los
remedios no funciona la apertura porque no se pueden importar (lo cual está bien), ni la
desregulación, porque los laboratorios acordaron no venderles a súper ni hipermercados
para no caer en sus garras.
Los argentinos vienen dejando en las farmacias (en remedios, no en muñequitos ni pinzas
de depilar) cerca de 6000 millones de pesos por año. Por tanto, si con una enorme dosis
de ingenuidad suponemos que pagan en promedio sólo un 10 por ciento de sobreprecio, su
“regalo” al sector farmoquímico ha sido y es de unos 550 millones anuales. La
verdadera cifra puede ser mucho más sobrecogedora aún. Pero todavía peor es pensar
cuántas personas ni siquiera pueden comprar el medicamento que necesitan por culpa de lo
artificialmente caros que son. En países europeos, donde la gente dispone de ingresos
claramente más altos, las medicinas son mucho más baratas que en la Argentina porque los
gobiernos no dejaron a los pacientes librados a su suerte. Se sabe, incluso, que
laboratorios europeos cobran precios abusivos en países como éste para obtener
superganancias con las que mejorar su cuadro de resultados global.
La repentina sensibilidad del secretario de Industria y Comercio, Alieto Guadagni, huele a
oportunismo político. No puede desvincularse de su aspiración a jugar un papel en el
equipo económico de Eduardo Duhalde, si éste alcanzara la presidencia, para lo cual
necesita generar hechos que lo despeguen de la indiferencia menemista por los débiles.
Aun así, transparentar información es un paso positivo pero del todo insuficiente para
corregir las grandes distorsiones de este costado del negocio de la salud. Quizá sea todo
lo lejos que está dispuesto a ir Guadagni, o le está permitido. Por de pronto, FADE, la
fundación económica de la Alianza, decidió no pedirles contribuciones a los
laboratorios. ¿Solidaridad histórica con Arturo Illia o decisión de no ir a la guerra
con las manos atadas? |
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