Página/12

RODRIGUEZ SAA DESTITUYO A LA SEGUNDA JUEZA INDEPENDIENTE EN UN MES
En San Luis la Justicia perdió otra vez

Ana María Careaga quiso investigar un caso de corrupción, pero terminó procesada e inhabilitada por 15 años. El gobernador logró que ahora la investiguen a ella bajo durísimos cargos.

Pedido: “En San Luis no está garantizada la forma republicana de gobierno y urge reestablecerla mediante una intervención”, dijeron Cafiero y Conti.

Un jury formado inconstitucionalmente aplastó a la jueza Careaga.
Los diputados Conti y Cafiero pidieron la intervención federal.

Por Santiago Rodríguez

Ana María Careaga pretendió indagar al intendente de Villa Mercedes, Alberto Cangiano, por un presunto hecho de corrupción. Entonces era jueza del Crimen de esa ciudad puntana. Ayer dejó de serlo y podría terminar presa: además de destituirla e imponerle una inhabilitación por quince años para ocupar cargos públicos, un tribunal adicto al gobernador Adolfo Rodríguez Saa ordenó que se la investigue por abuso de autoridad, prevaricato, privación ilegítima de la libertad y atentado al orden constitucional. Curiosa imputación esta última para San Luis, donde Rodríguez Saa hace lo que quiere y su voluntad política es ley. Por eso, los diputados Juan Pablo Cafiero y Diana Conti pidieron la intervención federal de esa provincia y, al igual que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunciaron la destitución de Careaga como un caso de persecución política.
“Esto es una muestra más del absolutismo monárquico que impera en San Luis, donde hay un solo mandamás, los soldaditos acatan y a los rebeldes se los expulsa del sistema”, opinó Careaga poco después de convertirse en la segunda jueza destituida en esa provincia durante el último mes. La anterior fue Adriana Gallo, a quien se la separó del cargo por la misma razón que a Careaga: ser independiente al régimen de Rodríguez Saa.
La condena impuesta a Careaga supera la sanción que había solicitado la procuradora general Diana Bernal, quien si bien reclamaba la destitución de la magistrada, sólo pedía que se la inhabilitara para ocupar cargos públicos por seis años. El jurado de enjuiciamiento –encabezado por apoderado de Rodríguez Saa y presidente del Superior Tribunal de San Luis, Carlos Sergnese– no sólo elevó esa inhabilitación, sino que ordenó a la Justicia que investigue a Careaga por entender que cometió diversos delitos en el ejercicio de sus funciones.
“Es preocupante esta acusación ya que así como fue destituida e inhabilitada en base a cargos insostenibles, es de esperar que el juez que entienda en la causa no dude en procesarla y detenerla en los próximos días”, advirtió el CELS. Señaló también que “quedó demostrado que la intención de este jury fue tender un manto de impunidad a los actos de corrupción y apartar de su cargo a los jueces independientes de la provincia” porque ahora “pocos jueces se animarán a promover investigaciones penales a funcionarios públicos, si con ello ven amenazada la estabilidad de sus cargos y hasta su propia libertad”.
Es que el origen del proceso que acabó con la destitución de Careaga fue la decisión de la magistrada de citar a indagatoria a Cangiano por las irregularidades en que habría incurrido al contratar en forma directa un servicio de estacionamiento medido para Villa Mercedes. Entonces, el intendente se arrogó fueros que no tiene y acusó a la jueza de “militancia política”, por su respaldo a una carta en la que el Colegio Público de Abogados puntanos había denunciado que Rodríguez Saa controla la Justicia y la prensa en forma “totalitaria”.
Alberto Bovino, miembro del equipo de abogados del CELS que asumió la defensa de Careaga, calificó como “una aberración jurídica” la sentencia de destitución. El jurado –integrado en forma inconstitucional por ex funcionarios del gobierno puntano y diputados obedientes a Rodríguez Saa– señaló en su resolución que Cangiano cuenta con fueros que impedían a la Justicia citarlo a declarar y que la jueza se excedió también en sus funciones al avalar la carta del Colegio Público de Abogados.
“En San Luis no está garantizada la forma republicana de gobierno y urge reestablecerla mediante una intervención de breve plazo”, advirtieron Cafiero y Conti. Ambos legisladores del Frepaso –que acompañaron a Careaga durante la lectura de la sentencia en su contra– denunciaron también que una nueva ley impulsada por Rodríguez Saa obliga a todo particular que pretenda denunciar a un funcionario a depositar previamente una fianza equivalente al doble del salario del funcionario sospechado. Al repudio por la destitución de Careaga se sumó la también diputada frepasista Marcela Bordenave.

FUE DESTITUIDO E INHABILITADO, SERA PROCESADO POR COHECHO
Alsina, el juez sacapresos, condenado

Por Laura Vales

El camarista Eugenio Alsina, acusado de integrar una banda de sacapresos, fue destituido e inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos. De nada sirvieron los insólitos argumentos de su defensor, que alegó que el juez padece un trastorno psíquico en su personalidad y “se cree Dios”. El tribunal de enjuiciamiento, por unanimidad, lo encontró culpable de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y falsificación de documentos. El fallo será apelado por sus abogados ante la Corte Suprema. Alsina está siendo investigado en una causa penal por el delito de cohecho; por eso, si la destitución queda firme, le espera una segura orden de detención.
Eugenio Alsina era un magistrado muy conocido en Lomas de Zamora y La Plata, donde fue juez de primera instancia. En 1984 asumió como integrante de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Lomas. En los últimos años, varios jueces de ese departamento comenzaron a notar que sus condenas eran revocadas cuando llegaran al tribunal que integraba Alsina. El caso que llevó a la destitución del magistrado comenzó en 1996, cuando la jueza Silvia González y el fiscal Pablo Pando recibieron una denuncia contra los abogados Alfredo Marenzi, Cristian Vázquez y José López, tres profesionales sumamente exitosos a la hora de lograr que presos con condena recuperaran la libertad. Un canal de televisión los filmó con cámaras ocultas mientras negociaban la liberación de detenidos con sus supuestos familiares. Tras un año y medio de investigación, se reunieron pruebas de que el grupo vendía en hasta 20 mil cada excarcelación. El falso abogado Emir Ciani y el auxiliar judicial Mario Alvarez también fueron acusados de integrar lo que se conoció como “La banda de los sacapresos”. La documentación reunida también apuntó contra Eugenio Alsina, pero sus fueros lo salvaron de ser procesado y detenido. Así se llegó al juicio político ayer terminó en su destitución.
En el expediente judicial quedó probado que:
Existen irregularidades en más de 10 casos que pasaron por sus manos. Se trata de condenados por homicidio, robo, defraudación y estafa, entre otros delitos.
Se manipuló la adjudicación de las causas, que debe hacerse por sorteo, para que recayeran siempre en la Sala II de la Cámara, donde estaba Alsina.
En una computadora de esa Sala se redactó el sobreseimiento de una mujer condenada por haber asesinado a su marido, cuando el caso todavía estaba en manos del juez de primera instancia. Es decir, aún antes de que los camaristas pudieran siquiera leer el expediente.
Alsina otorgó excarcelaciones en tiempo record. En un caso leyó más de mil fojas en menos de una hora y ordenó de inmediato la libertad de otro procesado por homicidio.
El jury que ayer lo destituyó comenzó a sesionar en la ciudad de La Plata el 30 de noviembre pasado. Estuvo integrado por Héctor Negri -titular de la Corte Suprema bonaerense– cinco conjueces y otros tantos legisladores. En las audiencias orales y públicas declararon sus antiguos subordinados y varios presos que confirmaron los manejos turbios del investigado. En su defensa, Alsina denunció la existencia de un complot de jueces y periodistas, “porque casualmente estaba investigando una poderosa red que involucraba a más de 70 funcionarios y en esos días me denunciaron”. Sus abogados defensores pidieron que lo declaren inimputable argumentando que sufre de trastornos mentales y actuó en base a impulsos que no podía controlar. Los peritos no compartieron el diagnóstico y aseguraron que el acusado era perfectamente responsable de sus actos.
Ayer, luego de escuchar la sentencia, Alsina adelantó cual será su estrategia. Dijo que apelará el fallo ante la Corte Suprema de la Nación porque uno de los integrantes del jury tenía 82 años. Si el máximotribunal rechaza su recurso, deberá enfrentar a la Justicia Penal sin los fueros que lo protegieron hasta hoy.

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