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Destitución o censura, las chances del Senado

Después del voto de ayer, el Senado se convertirá en una corte de justicia contra Clinton, donde ya se baraja si destituirlo o censurarlo. Los senadores duran más que los representantes y eso puede influir.

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Por Martin Kettle
Desde Washington

The Guardian

de Gran Bretaña

t.gif (67 bytes)  Los defensores del presidente Bill Clinton tienen ahora los ojos puestos en el siguiente campo de batalla de su enfrentamiento: los 100 legisladores que constituyen el Senado estadounidense, donde se realizará el juicio político al presidente. Un juicio en el Senado, y su fallo, reflejarán las importantes diferencias que tiene con respecto a la Cámara de Representantes.

La diferencia crucial es que los senadores tienen mandatos de seis años, mientras que los miembros de la Cámara baja tienen sólo dos años de permanencia en sus bancas. Por lo tanto, la mayoría de los senadores está bajo menos presión política que los 435 miembros de la Cámara de Representantes, y tienen más margen para votar diferente a la línea partidaria. Pero, por otro lado, la ausencia relativa de extremistas "duros" les da más credibilidad a los senadores que critican al presidente.

Tanto en el actual Senado como en el que se constituirá luego de su disolución el 3 de enero, los republicanos gozan de una mayoría de 55-45 sobre los demócratas. Sin embargo, se requiere una mayoría de dos tercios para aprobar la destitución de Clinton, y las dificultades a las que ahora se enfrenta la Fiscalía republicana para atraer al menos a 12 demócratas a su lado son ampliamente vistas como insuperables. En efecto, es posible que tengan que atraer a más de 12 senadores, ya que el republicano liberal Jim Jeffors de Vermont todavía no ha definido su voto.

Con un Senado en el que la destitución es improbable, la atención se ha trasladado ahora a la pregunta de si habrá juicio político en primer lugar, y los demócratas --y algunos republicanos-- sondeando la alternativa de una moción de censura. Las cúpulas del Partido Republicano han dejado en claro que se oponen a estas iniciativas. "Iremos a juicio. Y no va a haber ningún tipo de transacción cuando comencemos con nuestro trabajo", afirmó el líder de la mayoría republicana en la Cámara baja Trent Lott.

No obstante, esta semana Bob Dole, miembro de larga data del Senado y todavía influyente candidato presidencial republicano de 1996, propuso que el Senado responda a la entrega de los artículos de la destitución con una moción "dura pero responsable" de censura. Esta estrategia castigaría apropiadamente al presidente Clinton y daría por terminado el proceso sin un juicio político. La Casa Blanca está claramente interesada en ello.

La figura clave en la estrategia senatorial de la Casa Blanca es el senador demócrata Joseph Lieberman, quien dejó estupefacto al presidente en setiembre con un discurso devastador donde atacaba su "conducta inmoral". Lieberman, quien es respetado por ambos partidos, podría emerger como el arquitecto de un compromiso de censura similar al concepto flotado por Dole.

La premisa clave en todos estos cálculos es la posición --disputada por algunos constitucionalistas-- de que el Senado puede suspender o modificar sus propias reglas de procedimiento. Dicho de otra manera, el Senado tiene el privilegio de decidir la terminación de un juicio que ya comenzó. "Un juicio puede detenerse en cualquier momento por una mayoría senatorial", señaló Lieberman esta semana. Sin embargo, no hay ningún indicio de que él u otros demócratas se propongan intentar parar el juicio político a Clinton antes de que empiece. Por ahora el énfasis parece estar en presionar para que el juicio sea breve y concluya rápidamente.

Por su parte, los republicanos buscarán dilatar el proceso con la esperanza de que la impaciencia de la opinión pública con el juicio político genere una presión irresistible para que Clinton renuncie. Ya encontraron aliento para esta iniciativa en los últimos sondeos de la opinión pública, los cuales sugieren que el pueblo estadounidense preferiría que Clinton renuncie antes de ser sometido a un juicio en el Senado. Una encuesta del Washington Post mostraba un apoyo del 58 por ciento para la renuncia en tales circunstancias. El activista anti-Clinton Randy Tate, director ejecutivo de la Coalición Cristiana, declaró que tenía la esperanza de que la opinión pública "se diera vuelta" luego de la votación de ayer. En efecto, el gran temor en la Casa Blanca es que el desagrado público a otra exposición, más de todos los detalles del affaire Clinton-Lewinsky, genere presión por la renuncia del presidente en el mismo lugar donde antes encontraba su mejor refugio: los sondeos de opinión.

"¿Realmente quieren ver un juicio de seis meses presidido por el más alto juez de la nación, que paralizaría al Senado, monopolizaría la atención pública, aferraría la cobertura de los medios, e incluiría a Monica Lewinsky dando su deposición sobre el santificado suelo del Senado?", interrogó el columnista Charles Krauthammer esta semana. "La posibilidad es demasiado espantosa como para contemplarla."

Pero aunque tal vez nunca haya suficientes votos como para condenar a Clinton, el presidente se vería no obstante muy dañado si un grupo de patriarcas del Partido Demócrata descendiera desde el Congreso a la Casa Blanca para pedirle su renuncia, y así evitarle a la nación más castigo. Esto ya ha pasado una vez con otro presidente bajo asedio: Richard Nixon. Renunció.

 

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