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El rostro humano
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Por Horacio Verbitsky El juez en lo
criminal y correccional de San Martín, Juan Carlos Sorondo dictó el jueves la prisión
preventiva por extorsión de la comisaria de Palomar Graciela Marcelina Iglesias, filmada
hace dos semanas con una cámara oculta en el momento de cerrar un trato ilegal con un
comerciante, al que le prometió protección contra los procedimientos de la propia
policía por consumo de alcohol y sustancias narcóticas a cambio de una contribución
mensual. Pero la mujer presentada como el rostro humano de la organización armada más
numerosa del país, ya estaba procesada por torturas a detenidos, como consecuencia de una
nota de este diario en ocasión de los saqueos producidos durante la crisis de la
sucesión presidencial de 1989. Por la extorsión, que Telenoche Investiga filmó en su
despacho, podría corresponderle una pena de 5 a 15 años; por no impedir las torturas a
los detenidos, el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich podría imponerle una pena
de 3 a 10 años de prisión; si se probara que existió una orden tácita de aplicarlas,
el castigo podría llegar a los 25 años. Mañana a mediodía, Sorondo volverá a
indagarla por la extorsión en los tribunales de San Martín. El procesamiento de Iglesias por no evitar las torturas fue firmado por Marquevich dos semanas antes del arresto de la comisaria por corrupción y abre serios interrogantes acerca de los mecanismos de control para impedir la continuidad con otro nombre de la mejor maldita policía del mundo, cuyo certificado de defunción fue emitido hace hoy un año por el gobernador de Buenos Aires y precandidato presidencial del justicialismo, Eduardo Duhalde. El ministro de Justicia y Seguridad Carlos Arslanian no estaba al tanto del previo procesamiento de la comisaria Iglesias. Según el Secretario de Seguridad, Alberto Beraldi, antes de cada designación se verifican los legajos, "que suelen no ser confiables", y se piden informes a la Dirección Nacional de Reincidencias. "Así detectamos casos de oficiales condenados por delitos, que pese a ello estaban en funciones." Beraldi dijo que en algunos casos también se pidieron informes a organismos de derechos humanos y a los foros vecinales. En la misma causa está el comisario de Marcos Paz, Juan Angel Macías. Ni él ni Iglesias figuraban en los informes de Reincidencias. El caso también pone de relieve que la corrupción y la violencia policiales contra los ciudadanos no serían posibles sin la complicidad de sectores de la Justicia. El primer juez a cargo de la investigación, que no adoptó ninguna de las medidas conducentes al esclarecimiento de las torturas fue Alberto Daniel Piotti, el hombre a quien luego Duhalde colocó al frente de la Secretaría de Seguridad, como parte de un acuerdo hoy en crisis con la DEA estadounidense. Si Piotti hubiera actuado cuando y como correspondía, Iglesias nunca hubiera podido hacerse cargo de la comisaría de Palomar. También el ex juez podría ser procesado por no denunciar las torturas. Junto con la comisaria Iglesias, la Cámara de San Martín también confirmó el procesamiento del ahora retirado comisario general Eduardo Alfredo Pérez Rejón, quien fue secretario general e ideólogo de la ex policía bonaerense durante la gestión del hasta ahora impune comisario general Pedro Anastacio Klodczyk. El tercer procesado en la misma causa es el comisario retirado Norberto Núñez. Pérez Rejón, Núñez e Iglesias eran el comisario, subcomisario y oficial de servicio a cargo de la comisaría de San Miguel el 31 de mayo de 1989, cuando un grupo de 18 detenidos (incluidos cuatro menores de 16 años) fueron atormentados con "submarino seco, agua hirviendo, picanas de mano, patadas, una violación, quemaduras de cigarrillos y simulacros de fusilamiento", según la denuncia original del abogado Ernesto Julio Moreau, entonces representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y actualmente vicepresidente segundo de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Los detenidos eran vecinos del barrio Lomas de Mariló, de San Martín, entre quienes circuló el rumor de que ladrones habían arrasado los comercios y se disponían a atacar casas particulares. Para repelerlos, se desplazaron hasta el barrio San Ambrosio, desde donde supuestamente provenían los ataques. Comenzaba la patética guerra de pobres contra pobres. La extensa crónica de aquel atardecer agitado fue publicada el 1º de agosto de 1989 en Página/12 por el periodista Sergio Ciancaglini, bajo el título "Una historia de halcones y palomas". Las calles se poblaron de policías, bandas de ladrones organizadas, servicios de inteligencia militar y activistas de izquierda. En San Ambrosio, dijo Juan Carlos Godoy "no había nada. Había humo porque la gente armaba trincheras y quemaba gomas por el frío. En una esquina había un tipo de bigotes, con camisa militar y un walkietalkie enorme. El tipo repartía brazaletes y me quiso dar uno pero yo le expliqué que no era de San Ambrosio. Ahí lo vi a Ferreyra en la camioneta y con otros chicos que andábamos por ahí le pedimos que nos llevara de vuelta para el barrio". A las dos cuadras, el chofer Juan Ramón Ferreyra y los 16 vecinos que se habían montado a su camioneta fueron interceptados por un Torino blanco con cuatro civiles, que los obligaron a tirarse al piso, y un minuto después por una camioneta Traffic con efectivos del grupo Halcón de la Policía Bonaerense, a quienes acompañaban periodistas de Canal 13. "En ese momento apareció Enrique Llanes (26), otro vecino del barrio, trastabillando de vino. `Eh, viejo, cómo les van a pegar así si son todos buenos chicos', dijo el borracho, con lo que automáticamente se sumó al grupo de subversivos de los que la sociedad se libró en esa tarde negra", relata Ciancaglini. La detención fue practicada por el entonces subcomisario Emilio Azzaro, famoso una década después por el jarrón de Guillermo Cóppola. Godoy recuerda que "mientras el periodista (de Canal 13) hablaba no nos pegaban, pero le dijeron `basta, terminaste', y nos llevaron hasta la comisaría de San Miguel pegándonos todo el camino". La querella detalla que "durante el trayecto, acostados en el suelo, unos sobre otros, eran pisados y golpeados con bastones y culatas". El castigo se extendió hasta la madrugada. Una vez en la comisaría de San Miguel, a cargo de Pérez Rejón, Núñez y la comisaria Iglesias, un policía le introdujo un bastón en el ano a Claudio Gil luego de tirarle agua hirviendo en la espalda y quemarle las piernas con cigarrillos. Miguel Angel Villalba terminó orinando sangre y con una costilla quebrada por los golpes. Un Halcón desafió a pelear a Marcelo Lemaire, de 15 años. Como se negó, le tiraron un trapo de piso con orín del baño sobre la cabeza. A Héctor Valentín Morales le gatillaron un arma en la cabeza. A Ricardo Arguello, acalambrado por el entumecimiento de los músculos tras los golpes y el frío, le rompieron la nariz y le hicieron sangrar el pene. "Submarino seco, agua hirviendo, picana de mano, patadas, una violación, prohibición de usar el baño, cigarrillos apagados en las piernas de los detenidos, desafío a pelear, simulacros de fusilamiento, veinte minutos de saltos sobre las costillas de los detenidos, producidos por otro detenido de apellido Fernández y unos 120 kilos, fueron soportados estoicamente por los 14 reclusos y por los 4 niños en forma igual", sintetiza la presentación. Los inimputables menores de 16 años fueron liberados luego de ocho días y medio. Durante ese plazo estuvieron incomunicados y fueron indagados como cualquier mayor de edad por disposición del entonces juez Piotti. Llanes firmó con otro nombre y fue el último en salir de Caseros. Se desarrollaron dos causas paralelas. La 3553, contra los vecinos, por intimidación pública, incitación a la violencia y asociación ilícita. La 3588, por apremios, contra los policías. El juez provincial de instrucción se declaró incompetente y derivó la causa al juzgado federal del mismo Piotti. Las causas en contra de Piotti por la privación ilegítima de la libertad de Llanes, cuya detención no fue asentada en libros, y por la detención e indagatoria de los menores, prescribieron en 1995. Piotti primero y Marquevich después sobreseyeron a los policías argumentando que no había pruebas de los daños físicos ocasionados por las torturas. Cuando la Cámara indicó que la investigación debía proseguir, Marquevich declaró prescripta la acción contra los vecinos. Esto dilató la prueba acerca de la detención ilegal. "Se demostró en la causa 3553, que las 17 personas que iban en la camioneta fueron detenidas arbitrariamente y golpeadas con brutalidad. Que a Llanes lo llevaron de la puerta de su casa por intentar parar la paliza y luego lo incomunicaron sin registrarlo en la Comisaría, así como que hubo niños de 13 a 15 años incomunicados por ocho días por orden del Comisario y del Juez Piotti", sostuvo Moreau. La sala II de la Cámara Federal de San Martín apercibió a Marquevich por las pruebas no realizadas, anuló los sobreseimientos, revocó la prescripción y ordenó los procesamientos. El 16 de noviembre de este año, Marquevich accedió a procesar a Pérez Rejón, Núñez e Iglesias, por no evitar la imposición de tormentos físicos y psíquicos a personas detenidas "teniendo la competencia y autoridad suficiente" (artículo 144 cuarto, inciso 1 del Código Penal), aunque los dejó en libertad provisional. En los considerandos, sostuvo que su responsabilidad penal "no corresponde a la del tipo objetivo" es decir como responsables de la dependencia policial, sino al "plano subjetivo", o sea porque tuvieron conocimiento de los hechos que ocurrían en la dependencia a su cargo, en la que estaban presentes, y que no evitaron. En los casos de Pérez Rejón y Núñez, sostuvo que "concurren materialmente entre sí siete hechos", en el de Iglesias "cinco hechos", pese a que los tres los negaron. En su recurso a la Cámara de San Martín el abogado Moreau pidió que se extendiera a Piotti el procesamiento por no instruir sumario ni denunciar la tortura (artículo 144 cuarto, inciso 3º del Código Penal), ya que las últimas declaraciones indagatorias señalan que también él estuvo presente en la Comisaría de San Miguel cuando se produjeron las torturas. A UN AÑO DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE LA MEJOR MALDITA POLICÍA DEL MUNDO La ley del Far West
Por H.V.
Pero también hay otro tenor de cuestionamientos, que no puede descartarse a la ligera. Durante un seminario sobre reformas policiales, organizado hace tres semanas en la Facultad de Derecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dos ex funcionarios de la intervención que encabezó Luis Lugones, ambos del Frepaso, dijeron que la reforma se detuvo a nivel de los municipios. Ignacio Vélez refirió que en un solo día se recibieron 74 llamados de jueces e intendentes que pedían que no se expulsara a determinados policías. Uno de ellos tenía dieciocho causas por homicidio en riña, que es el nombre judicial del gatillo fácil, siete por apremios ilegales y dos por comercio de narcóticos. Vélez narró que el enfurecido intendente de Lanús, Manuel Quindimil, puso en funciones al reemplazante, para lo cual no tenía facultades. Lugones lo desconoció. "Hasta que recibió un llamado telefónico", dijo. Marcelo Saín, que desde el Instituto de Política Criminal y de Seguridad fue uno de los redactores de las leyes de seguridad pública y orgánica policial, añadió que los punteros del Partido Justicialista en el conurbano financian sus actividades políticas con el tráfico de productos estupefacientes, en complicidad con la policía. El actual secretario de seguridad, Alberto Beraldi, que estaba presente, no refutó este tremendo punto. En diálogo con este diario, también el ministro de Justicia y Seguridad Carlos Arslanian admitió que ello era posible en algunos casos, que se estaban investigando. Pero ni el ministro ni el secretario de seguridad admitieron haber recibido presiones del gobernador. "Jamás tuve una instrucción de limitarme sobre la base de lo que pedían los municipios. A mí también me llamaban, pero las prescindibilidades las decidimos nosotros. Relevamos a jefes departamentales en zonas muy pesadas, como Morón y la Matanza, y Arslanián se lo comunicaba a Duhalde después de firmar", dijo Beraldi. Morón es el territorio del senador Horacio Román, La Matanza el del diputado Andres Bevilacqua. Ambos integraron la Jotaperra de José López Rega y la comisión bicameral de fiscalización y seguimiento de la reforma. Bevilacqua es el hombre más próximo a Alberto Pierri. Hace una década Román cabalgó sobre un autoacuartelamiento policial para desestabilizar al ex ministro de Gobierno Luis Brunati, cuya tibia política de reforma era resistida por los uniformados. En tiempos más recientes, estuvo entre los sostenedores de la última cúpula previa a la defunción de la ex Policía Bonaerense. "Me tuve que bancar presiones de intendentes, que las hubo cuando les tocamos su sistema recaudatorio, pero no nos torcieron la mano", dice Arslanián. "Duhalde nunca intercedió por ningún policía relevado." Arslanian afirma que la sensación de inseguridad es subjetiva y existe a pesar del cambio favorable ocurrido. Según las estadísticas que su ministerio compila sobre la base de los partes remitidos por las comisarías y las fiscalías ante cada delito en que intervienen, el índice de delictividad estaría descendiendo a un promedio mensual del 3,8 por ciento para toda la provincia. Esto no coincide con los resultados de la encuesta de victimización que realiza la dirección de política criminal del ministerio de Justicia de la Nación. Su director, Mariano Ciafardini dijo en el seminario del CELS que en la primera mitad de este año, tanto en la Capital como en el Gran Buenos Aires, los delitos contra la propiedad, robos con armas, asaltos, arrebatos, habían continuado en la misma línea ascendente de los últimos cuatro años, pero que el 70 por ciento de esos casos no se denunciaba. Arslanián admite que las denuncias han disminuido más que los delitos, pero discrepa en los porcentajes. A su juicio, esa llamada cifra negra no pasa del 50 por ciento del total. Además, presume que la cifra oficial y la negra son paralelas, es decir que ambas habrían descendido. Un documento oficial de evaluación que se difundirá hoy enumera una sucesión de operativos exitosos, que en el último año condujeron a la detención de asesinos, violadores, asaltantes, falsificadores de dinero, traficantes de armas y de drogas. Respecto de los procedimientos espectaculares en los barrios más humildes del Gran Buenos Aires, Arslanián negó que pudieran compararse con las antiguas razzias genéricas. "Los jueces sólo firman órdenes cuando hay indicios muy precisos sobre la participación de alguien en un delito determinado o acerca de un lugar en el que pueden encontrarse pruebas del delito. Los efectivos no entran casa por casa. La espectacularidad tiene otra razón. Antes la policía iba con un patrullero o dos, el personal era agredido, respondía y había enfrentamientos y muertos. Por eso diseñamos operativos con muchos efectivos, como fuerza disuasiva, y podemos decir con orgullo que no hubo un solo enfrentamiento ni un solo caso de gatillo fácil." Uno de los objetivos básicos de la reforma fue acabar con la delegación de la instrucción judicial en la policía. Sin embargo, debido a la insuficiencia de recursos humanos y materiales, se han señalado casos en que los fiscales lo siguen haciendo. Arslanián lo niega, si bien admite el problema de los recursos. "Se están completando las designaciones. En los próximos diez días juran otros dos centenares de fiscales, el año que viene otros cien. Antes los jueces le daban el expediente a la policía para que lo instruyera, y sólo en teoría retenían la dirección de la causa. Ahora el fiscal puede solicitar auxilio policial para ciertas diligencias, como un seguimiento o una detención, a través de órdenes específicas. Pero el expediente no sale del ministerio público". Otra prioridad era terminar con el alojamiento de presos en las comisarías. Arslanián reconoce que la situación sigue siendo "terrible", con 3.700 detenidos en las comisarías. Pero destaca que se inauguraron ya las nuevas cárceles de Melchor Romero y Campana, se están construyendo siete módulos en hectáreas libres de cárceles preexistentes, que de aquí a febrero implicarán dos mil plazas adicionales. Entre marzo y junio deberían estar construídas 18 nuevas alcaidías departamentales. Entre los cambios recientes que Arslanián destaca está la creación de la oficina de auditoría, control de abuso policial y corrupción, a cargo de un auditor y tres adjuntos, todos civiles, de quienes dependen un inspector por departamento y un cuerpo auxiliar de policía. El flamante Auditor es el ex camarista penal Marcelo Machaco García Berro. Al terminar la dictadura, el CELS lo denunció por haber facilitado la morgue judicial al Ejército para realizar las autopsias de personas asesinadas en enfrentamientos simulados. Por el homicidio de una de ellas, Mario Lerner, fue condenado a prisión perpetua el ex general Jorge Videla. Pero luego de una interminable serie de excusaciones, la investigación sobre la complicidad de los camaristas se cerró por prescripción. La designación de García Berro recortó las atribuciones del único sobreviviente de la cúpula de la mejor maldita policía, el comisario Víctor Fogelman, quien además de la investigación del asesinato de Cabezas estaba al frente de Asuntos Internos. Como parte de lo que parece una transición pactada entre viejos socios, Fogelman quedó ahora a cargo de una dirección residual de Asuntos Internos, aquella que investiga los actos corruptos de la cúpula que integró, en especial los sumarios administrativos abiertos por el último jefe de la ex Bonaerense, Adolfo Vitelli. Los auditores civiles sólo pueden asomar sus narices a los casos nuevos. Dos hombres vinculados con Fogelman fueron designados en funciones clave de la nueva estructura: Carlos Alberto Miniscarco como Director de Investigaciones policiales en función judicial, y Eduardo Martínez como Director de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad. Miniscarco tenía abierta una causa (25.152) por enriquecimiento ilícito, en el juzgado Nº 1 de Junín. Según Beraldi, cuando se investigaron sus antecedentes presentó un certificado de sobreseimiento definitivo. Martínez había sido jefe de la muy cuestionada ex división Narcotráfico Norte, una de las estructuras autónomas y libres del control político central que hundieron a la vieja policía, en torno de la cual giraban arquetipos como Raúl Guglielminetti y Mario Naldi. Un informe de la revista XXI atribuyó a Martínez estrechos contactos con la DEA y con la logia de jueces federales "Orden del Martillo", dirigida por la agencia estadounidense. Esto no coincide con la visión de Arslanian, de difícil relación con ambas organizaciones. Los jueces federales desalientan los procedimientos por consumo, o por tráfico de pequeñas cantidades, porque prefieren concentrarse en los grandes operativos, con entregas vigiladas y seguimientos de hasta tres años, que permiten esclarecer las grandes exportaciones a Estados Unidos, dice. "Esto parece liberal, pero la consecuencia es que se nos llenan las plazas de chicos fumando", agrega Arslanian. Cuando la policía empezó a hacer procedimientos preventivos en la calle, bajo control de los fiscales, algunos jueces amenazaron con apresar a los policías y presentaron una protesta ante el ministerio de Justicia y ante la Procuración General de la Nación. Arslanián propicia una reforma legislativa para devolver a los jueces provinciales la competencia en casos de tenencia o tráfico de pequeñas cantidades. "Necesitamos cortar el tráfico, hemos detenido a algunos suministradores y pudimos llegar a un laboratorio. Favorecer el consumo masivo interno para investigar un cargamento con destino al exterior es perverso. Salvo que consintamos llevar a cabo una política de regulación del consumo en otros países lo que debe preocuparnos es lo que quede en el interior", concluye.
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