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DENUNCIAN A ROQUE Y A PEDRO POU
A caminar tribunales

Dos fiscales acusan al titular del Banco Central y al ministro de Economía de favorecer a un banco en perjuicio del fisco por una suma millonaria.

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Por Maximiliano Montenegro

t.gif (67 bytes)  Dos fiscales federales solicitaron en los últimos días, ante el juzgado de Gustavo Litteras, se tome declaración indagatoria al ministro de Economía, Roque Fernández, y al presidente del Banco Central, Pedro Pou, por el delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública” y “violación de los deberes de funcionario público”. Los fiscales los consideran responsables de haber otorgado redescuentos por 60 millones de pesos al desaparecido Banco Medefín-UNB, que contaba con un único edificio y un reducido listado de clientes, sin las garantías adecuadas. Y estiman que el perjuicio para el fisco podría alcanzar los 30 millones de pesos. En la historia del caso Medefín se mezclan favores oficiales, cuentas en negro y extraños movimientos de fondos off-shore.
A fines de febrero de este año el Medefín-UNB cerró sus puertas, cuando el grupo suizo español Socimer, que había tomado control de la entidad a mediados del ‘96, se negó a capitalizarlo en medio de acusaciones cruzadas contra Pedro Pou (ver aparte). Entonces, empezó a develarse una oscura trama de negocios de alcance internacional. Y pudo comprobarse una serie de llamativas coincidencias:
u Entre 1995 y 1996, el Banco Central favoreció al Medefín-UNB con más de 58 millones de dólares en redescuentos. Una magnitud de recursos desproporcionada si se considera que el banco contaba con una única casa (sin sucursales) y un selecto grupo de clientes: a mediados del ‘97, según datos oficiales, registraba tan sólo 253 cuentas corrientes, 330 cajas de ahorro, 696 plazos fijo y 3900 préstamos.
u Descontados los créditos y depósitos de empresas vinculadas del grupo, que el Central nunca investigó, el número de clientes es todavía bastante menor. Además, se sospecha que buena parte de dichas cuentas eran dinero en negro. Curiosamente, pese a los manejos poco claros que envolvieron a la caída de banco, hay solo un particular damnificado que efectuó una denuncia ante la Justicia. Se trata de un empresario vinculado a Terrabusi, al cual le desaparecieron 2 millones de dólares de su caja de ahorro.
u El apoyo oficial fue gestionado por Fernando Mayorga, directivo de la entidad y amigo personal de Pedro Pou, por entonces vicepresidente del BCRA, cuando su titular era Roque Fernández.
u Sorprende que el Banco Central no haya realizado ninguna querella penal contra los directivos del Medefín, rompiendo una regla de oro. Todos los directorios de bancos que cayeron en los últimos cuatro años fueron querellados posteriormente por el cuerpo de abogados de la autoridad monetaria como una forma de deslindar responsabilidades.
u El Medefín es el segundo banco privado que más prestó al Grupo Yoma y también sirvió para canalizar fondos del Banco Nación hacia la curtiembre de la familia presidencial.
Los fiscales Guillermo Montenegro (ninguna relación con el autor de esta nota) y Paulo Starc aseguran, en el escrito presentado ante el juez Litteras, que el otorgamiento de redescuentos al Medefín-UNB siguió “una complicada operación financiera”, de la cual “surge con claridad el fin defraudatorio de la maniobra en la que actuaron” los que son llamados a prestar declaración indagatoria. Se permitió que Socimer Bahamas comprara títulos provinciales, sin cotización, que luego vendió a su controlada, el Banco Medefín, para finalmente garantizar mediante un fideicomiso los créditos dados por el Central, que los aceptó a su valor nominal mientras su valor de mercado era inferior a la mitad.
Según los fiscales, aún si el banco continuara operando, habría logrado cancelar su deuda “pagando a largos plazos aproximadamente la mitad de lo que le fuera entregado en carácter de redescuentos” (casi 60 millones de pesos). Y dicen que “este tipo de operación desvirtuó totalmente la naturaleza de los redescuentos de liquidez que, como su nombre lo indica,tienden a paliar una situación transitoria de iliquidez de una entidad financiera y no préstamos de fondeo de larguísimo plazo”.
Si Litteras hace lugar al pedido, después de la feria judicial, desfilarán por Tribunales Roque, Pou y buena parte del actual equipo económico (como el viceministro, Pablo Guidotti), quienes comandaban el Banco Central al momento de otorgarse los redescuentos. También deberán comparecer ante el juez los directivos del Medefín-UNB, entre los que se destacan Mayorga y Vicente Gallo, hermano del secretario de Obras Públicas de De la Rúa.

LA INMUNIDAD LEGAL PARA EL DIRECTORIO DEL BCRA
Otra vez con la ayuda del FMI

Por M. M.

t.gif (862 bytes) Pedro Pou quiere asegurarse que su directorio al frente del Banco Central tendrá protección legal en el desempeño de su gestión, que se extenderá hasta el año 2003. Para eso logró incluir el tema en la nueva carta de intención acordada la semana pasada con el Fondo Monetario Internacional.
Hasta ahora, los funcionarios del Ministerio de Economía habían difundido que una de las nuevasna13fo02.jpg (9560 bytes) condiciones que deberá aprobar el Congreso durante 1999, para que sea aprobado otro capítulo del Crédito de Facilidades Ampliadas vigente, es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya sufrió modificaciones en 1995. Sin embargo, el tema no figura genéricamente en la agenda con el FMI sino que Pou logró que se hiciera expresa mención a la necesidad de que la protección legal para los funcionarios del Central, como una forma de detener la lluvia de denuncias judiciales que se cierne sobre ellos.
Si el Gobierno no desea acumular incumplimientos con el FMI, el Congreso estará doblemente presionado para aprobar dicho privilegio en el año electoral. La razón es que si se presentaran nuevos desvíos en el flanco fiscal deberán compensarse con buena letra en las llamadas metas cualitativas, como la del Central.
na13fo03.jpg (9292 bytes)Según consta en la carta de intención, difundida por la oficina de prensa de Economía, en la parte que se refiere a la reforma de la Carta Orgánica, el punto “(f)” afirma que uno de los cambios será la introducción de “la protección legal e inmunidades para los directivos del BCRA por las acciones tomadas en el desempeño de sus deberes (públicos)”.
Pero, dado el revuelo que se levantó cuando Página/12 reveló por primera vez que el tema también figuraba como una condición de los créditos otorgados por el Banco Mundial, en el documento del FMI se aclara que esta protección legal “está en línea con los estándares internacionales”.
En el proyecto de ley de reforma de la normativa del Banco Central que Pou propicia en el Congreso la cuestión de la inmunidad judicial figura en el artículo 1. Semanas atrás, el controvertido funcionario explicó ante este diario: “como es algo que beneficia directamente al directorio del Central, se me caería la cara de vergüenza de impulsar algo así. Esta es una cláusula que promueven los organismos internacionales para todos los Bancos Centrales”, aclaró, sin sonrojarse.

 

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