Página/12

EL GOBIERNO NEGOCIARA CON LOS BANCOS LA BAJA DE LAS TASAS
Tarjetas de crédito en el tironeo

El Ejecutivo sólo vetaría la ley que
limita los intereses si hay una baja
“voluntaria” de parte de los banqueros.

El comercio presionó para que no se vete la ley. Por ahora, consiguió abrir una negociación.
Los banqueros aceptarían una baja voluntaria si les otorgan mecanismos para ejecutar resúmenes impagos.

Por Pablo Ferreira

Con la zanahoria del veto en una mano y el látigo de la promulgación de la ley de tarjetas de crédito en la otra, el Gobierno encaró ayer una ofensiva negociadora para que los banqueros bajen las tasas de interés que cobran a los usuarios y los aranceles al comercio. No es algo casual en una etapa preelectoral. Pese al fuerte lobby del establishment financiero para que se vete la nueva norma, posición que avala Roque Fernández, el menemismo no quiere quedar en offside con nada menos que 300 mil comerciantes y casi 8 millones de usuarios de dinero plástico. Así, se busca instrumentar mecanismos, como el cobro ejecutivo de los resúmenes, para bajar los costos bancarios. De lograrse, la ley –razonan en el Ejecutivo– dejaría de ser un problema. Hoy empezarán las reuniones técnicas para acercar a las partes.
La alternativa de hierro planteada obligó al presidente Carlos Menem a instruir al jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, para que oficie de rápido mediador entre los bandos en pugna. Pero no se escatimarán presiones. “Si la solución viene antes de la promulgación, mejor, si no, que se promulgue”, amenazó ayer ante Página/12 el secretario de Control Estratégico de la Jefatura, Miguel Solé. En ese contexto, no llama la atención que el Parlamento haya demorado el envío al Ejecutivo del texto sancionado. De hacerlo, pondría en marcha el plazo de diez días hábiles disponibles para resolver sobre su veto o promulgación.
Lo cierto es que ayer los banqueros reconocieron abiertamente que las tasas de interés tienen niveles irracionales. Y asumieron, además, su mea culpa ante ese fenómeno que alimentaron con una diseminación de plásticos sin tomar las mínimas precauciones crediticias. El sinceramiento ocurrió en una reunión presidida por el jefe de Gabinete, donde estuvieron presentes los representantes de las dos entidades bancarias próximas a fusionarse, ADEBA y ABRA. Del otro lado del mostrador estuvo Jorge Di Fiori, titular de la Cámara Argentina de Comercio, que agrupa a los supermercados y grandes cadenas. En tanto, los comercios medianos y pequeños, los más perjudicados por el actual régimen de tarjetas, se hicieron oír a través de Raúl Lamacchia y Osvaldo Cornide, presidentes de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresaria (CAME) y de la Federación de Comercio de Buenos Aires, respectivamente.
“El problema es real y aunque no me gusta la regulación, menos me gustan las tasas y aranceles que deben pagarse”, admitió Solé sin una sombra de duda. Por eso, aseguró el funcionario, “ofrecimos encontrar soluciones que permitan una baja de los costos” bancarios.
“A nadie le conviene semejantes tasas de interés”, resaltó Solé aludiendo a los niveles que transparentaron los rankings que viene editando la Secretaría de Comercio. Los mismos evidencian niveles promedio del 50 por ciento de interés anual.
La idea que maneja Rodríguez y algunos funcionarios de Economía es implementar “medidas estructurales” que resuelvan el problema del riesgo que lleva a que los bancos cobren altas tasas de interés. Uno de los instrumentos bajo análisis es “la habilitación de la vía ejecutiva y la penal”, que permitiría reducir los riesgos de cobro de los resúmenes de los plásticos. La propuesta había sido incluida a pedido de los banqueros en el proyecto original de la conflictiva ley, pero fue eliminada por los legisladores. Ahora los comerciantes no tendrían problema en aceptar esa cláusula. Lamacchia precisó que “estamos de acuerdo en que hay que facilitar y agilizar la vía ejecutiva”.
Hoy mismo comenzarán las rondas técnicas, con participación de todos los protagonistas y el trasfondo de millones de usuarios disconformes. Estarán presentes, entre otros, Carola Pessino, secretaria de Equidad Fiscal, representantes del comercio y el propio Solé.

PROYECTO PARA QUE LAS AFJP RECAUDEN LOS APORTES
Quieren privatizar la evasión

Por Julio Nudler

Las AFJP grandes están todas de acuerdo, y Roque Fernández las respalda, pero los técnicos se sienten perplejos porque no consiguen entender de qué hablan. La idea, que cada tanto vuelve a emerger, consiste en que las jubiladoras privadas recauden los aportes de sus asociados, en lugar de que lo haga la DGI y luego les traspase los fondos. Los impulsores de la iniciativa parecen suponer que, como toda privatización, reducirá los costos y elevará la eficiencia, bajando la evasión de aportes. Pero ni lo uno ni lo otro podría ocurrir, según sostienen los entendidos, porque hasta hoy la recaudación es gratuita, con lo cual es difícil que se abarate, y porque no es posible transferirles a los privados el poder de policía, necesario para presionar a los remisos.
El traspaso de la tarea recaudadora fue reclamado por las administradoras cuando en el Parlamento surgieron proyectos para acabar con la gratuidad del servicio que les presta Impositiva. Luego de ásperos cruces retóricos con algunos legisladores, las AFJP más fuertes llegaron a un principio de acuerdo negociado con Carlos Silvani, administrador federal de impuestos. La DGI le facturaría en el futuro a cada administradora un honorario igual 0,7 por ciento del monto recaudado. Sin embargo, las AFJP pequeñas siguen oponiéndose al cargo, y por el momento nada varió en la situación.
Desde el mismo momento en que se les planteó la imposición de ese costo antes no previsto, las administradoras sacaron a relucir un argumento fuerte: ¿por qué pagarle a Impositiva por un servicio que no le pidieron y que, además, cumple tan insatisfactoriamente? Por tanto, si se lo pretendía convertir en oneroso, preferían recaudar ellas mismas. La inoperancia de la DGI queda documentada por una cifra aterradora: 52 de cada 100 afiliados al sistema de capitalización no efectúa sus aportes, sea por culpa de los empleadores o de ellos mismos, especialmente en el caso de los autónomos.
Hasta el momento Silvani demostró tener poca idea y menos iniciativa, ya que los evasores no son molestados. Pero es improbable que este estado de cosas varíe con la asunción de la tarea por las propias AFJP porque éstas no podrían ejercer el poder de policía. Tampoco sería distinta la situación si convinieran constituir una UTE que recolecte los aportes para todas ellas, como en el caso mexicano. Hasta agosto se encargó de la faena una unión constituida por IBM-Banelco, pero limitándose a prestarle el servicio a la AFIP y bajo las órdenes de ésta. Así las cosas, hay quienes sospechan que lo que realmente interesa a las AFJP ligadas a bancos es lograr acceso a los datos de todo el sistema.

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