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Por Sol Fuertes desde Madrid  “A. B., de 30
años, vive en el caserío de Raquia, departamento de Ancash. Fue sometida a un bloqueo
tubárico por insistencia de los agentes de salud que realizaron visitas domiciliarias. Le
dijeron que, si no se ligaba las trompas, una terrible enfermedad le podía causar la
muerte. M. B. es viuda con ocho hijos. Los agentes de salud le dijeron que, si se ligaba,
nunca más tendría problemas económicos. Le ofrecieron víveres, le mostraron un billete
de 100 soles y le prometieron que con ese dinero podía cubrir todos sus gastos. Ante la
insistencia, M. B. accedió. Fue esterilizada en mayo de 1997. Nunca recibió lo ofrecido.
Ahora le resulta difícil caminar, vomita dos veces al día y siente un dolor en el
vientre que le imposibilita trabajar.” Este es el relato de una de las 250.000
peruanas que ha sido esterilizada a lo largo de los tres últimos años y que forma parte
de un informe elaborado por el Comité de América latina y del Caribe para la Defensa de
los Derechos Humanos (Cladem). Sus conclusiones se basan en casos totalmente identificados
y en documentados sobre esterilización forzada y prácticas contrarias al derecho a
decidir libre e informadamente, así como en qué condiciones sanitarias se realizaron. El
trabajo de esta investigación será presentado el próximo mes de febrero en Lima, Perú.La mayoría lo ha sido sin su conocimiento o sin su consentimiento. El azar determinó que Giulia Tamayo coincidiera con la realización de una Campaña de Anticoncepción Quirúrgica en el departamento de Piura. Fueron los primeros indicios sobre los abusos de la implantación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000). Tamayo estaba con una dirigente local de una ONG en el despacho del director de un centro de salud. En una vitrina de la sala había varios documentos entre los cuales se destacaba uno que contenía las metas numéricas de anticoncepción quirúrgica programadas y ejecutadas en la provincia. Terminada la entrevista, coincidieron con un último vehículo rezagado que transportaba a las que serían esterilizadas ese día de campaña. No pudieron conocer sus nombres ni su procedencia. Eran pobres y estaban silenciosas. Este fue el primer hilo de un ovillo que se ha convertido en el informe titulado “Nada personal”. Coordinado por Tamayo, abogada e investigadora en derechos humanos, esta exhaustiva investigación sobre anticoncepción quirúrgica en el Perú y acciones de promoción y protección de los derechos reproductivos de las mujeres revela que el gobierno de Alberto Fujimori “estableció metas numéricas de usuarias a nivel nacional exclusivamente para el método de anticoncepción quirúrgica” y que estas intervenciones se hicieron “con presión y estímulos a los establecimientos de salud y al personal médico para el cumplimiento de dichas cuotas, lo que propició violaciones de los derechos humanos” como la esterilización forzada. Dichas metas, según revelaron funcionarios de alto nivel, eran conseguir 100.000 esterilizaciones el año 1996, 130.000 el ‘97 y 165.827 este año. El Instituto Nacional de Estadística totalizó 81.761 ligaduras de trompas en el ‘96. Según investigadores y expertos en salud, la meta se alcanzó en 1997 y este año el objetivo descenderá a 43.000 operaciones realizadas el año anterior debido a las denuncias. Después de las primeras denuncias, la reacción del gobierno fue negarlo todo. Pero una multitud de casos demuestran que el gobierno peruano ha recurrido a todo tipo de pretextos e incluso a coacciones para lograr sus propósitos. “Nada personal” recoge mensajes de la campaña gubernamental: “Nosotros decidimos tener sólo dos hijos. Por eso elegimos el método de ligadura de trompas y somos felices”, “Sólo debes tener los hijos quepuedes mantener” o “Ya no es tiempo de tener más hijos. La única solución para evitarlos es la ligadura de trompas”.
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