ALLANAMIENTOS EN LA SINDICATURA DE LA QUIEBRA DEL EX BID
Por Alicia Simeoni
Un intenso trabajo de recolección de documentación se cumplió ayer durante los allanamientos en Venado Tuerto dispuestos por el juez federal N§ 4 Omar Di Gerónimo en la sede de la sindicatura de la quiebra del ex Banco Integrado Departamental, en el estudio y la casa del abogado Eduardo Tomás Pascual y en el domicilio particular del síndico Juan Venturini.
El procedimiento dispuesto por Digerónimo se origina en la denuncia formulada ante el Banco Central y ante la justicia federal por la firma Ingerzol SA de Monte Maíz, por la comisión del delito de cohecho cuando Venturini y Pascual, según la denuncia, pretendieron cobrar la suma de 500.000 dólares, más IVA, (ver recuadro) para no llevar adelante la extensión de la quiebra del banco a esta empresa. En Venado Tuerto se secuestraron 50 carpetas pertenecientes a los nombres de otras tantas empresas cuyo detalle llevaban los funcionarios judiciales.
La comisión que viajó hasta Venado Tuerto para dar cumplimiento a la orden del titular del juzgado federal N§ 4 Omar Digerónimo estuvo integrada por el fiscal federal N§ 1 Ricardo Vázquez y el secretario del juzgado Carlos Vera Barros junto al subcomisario Oscar Antonio Alvarez, de la sección Región 7ª de Drogas Peligrosas de la Policía Federal.
Los procedimientos comenzaron alrededor de las 11 en la esquina de 25 de Mayo y Moreno, en la sede del ex BID, donde funciona la sindicatura de la quiebra a cargo de Juan Venturini, continuaron en el estudio del abogado Eduardo Tomás Pascual, patrocinante de la sindicatura, en San Martín y Pellegrini, y también en los domicilios particulares de cada uno de ellos. Los allanamientos ordenados por Digerónimo tienen origen en la denuncia realizada ante el Banco Central de la República Argentina por la firma Ingersol de Monte Maíz (Córdoba), dedicada a la fabricación y comercialización de implementos agrícolas. Ingersol fue mencionada reiteramente como una empresa satélite del ex BID y la denuncia por cohecho está relacionada con que tanto Venturini como Pascual le habrían pedido el pago de 'honorarios profesionales' fijados en más de 500 mil dólares (ver aparte) con la advertencia que de no ser cumplimentada esa demanda, la quiebra sería extendida a la empresa, siempre según el tenor de la denuncia de Ingerzol.
Durante los allanamientos que comenzaron alrededor de las 10 y se extendieron hasta después de las 16, el fiscal Vázquez confirmó que el procedimiento partía de la denuncia de Ingersol, una presentación que recayó en el juzgado federal de Gabriel Cavallo quien se declaró incompetente y así pasó al juzgado de Digerónimo. La denuncia de la empresa cordobesa, que tenía una deuda de 8 millones de dólares con la sindicatura, tiene relación con la resolución del juez interviniente en la quiebra, el titular Civil y Comercial de Venado Tuerto, Marcos Ferrarotti, que había dispuesto que la regulación de honorarios estaba a su cargo.