Por Irina Hauser
 Para despedir el
año, el juez federal Juan José Galeano decidió que citará a María Julia Alsogaray
para tomarle declaración indagatoria a raíz de la causa en que se la acusa de
enriquecimiento ilícito. Dos fiscales que investigaron la evolución patrimonial de la
funcionaria durante los últimos 13 años, período en que siempre ocupó cargos
públicos, sospechan que incrementó su riqueza en dos millones de dólares comprobables.
Según la pesquisa, la secretaria de Recursos Naturales gasta un promedio de 31 mil pesos
mensuales, llegó a destinar 200 mil dólares a la organización de una fiesta y hasta
cobró medio millón de origen dudoso.
La determinación tomada por Galeano es un aval a la acusación que los fiscales Eamon
Mullen y José Barbaccia sentaron en un escrito que se conoció a mediados de noviembre.
Aunque todavía no hay fecha fijada para que la funcionaria se presente en los tribunales,
está confirmado que el juez la indagará, según confirmaron a este diario dos allegados
a la investigación. Como en el delito de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de
la prueba, deberá ser la propia María Julia quien demuestre que el origen de su
patrimonio es legítimo. Después de la declaración, Galeano tendrá diez días para
evaluar si le convencen los argumentos de la acusada. Si decide procesarla, el caso
pasará a juicio oral.
En la historia argentina el único caso que llegó a esa instancia judicial fue el que
tocaba al ex gobernador de Córdoba Eduardo Angeloz. La sentencia, favorable al radical,
se conoció en octubre y puso de manifiesto que es muy difícil que las causas de esta
índole terminen en una condena. Es complicado probar el origen irregular de la fortuna,
porque quien se enriquece busca todas las alternativas contables para disimularlo. De este
modo, el precedente cordobés no resulta alentador, pero los fiscales no pierden las
esperanzas. Si María Julia fuera hallada culpable la pena podría oscilar entre uno y
seis años de prisión.
La investigación judicial sobre los bienes de la ingeniera nació a partir de una
denuncia presentada en 1993 por el militante radical Roberto Bases. Del inventario
personal surgía una pregunta clave: ¿cómo hace María Julia cubrir gastos por 31 mil
pesos mensuales si su sueldo como funcionaria ronda los 3000 pesos? A los fiscales les
llamó la atención que tuviera resúmenes mensuales de tarjetas de crédito por 10 mil
pesos, viajes de hasta 30 mil y una “inversión” de 200 mil pesos en una fiesta
celebrada en el Hotel Alvear por sus 47 años, entre otros casos.
Todos estos datos adquieren un cariz más irregular cuando se compara lo que María Julia
tenía en 1988 y lo que tiene ahora. En ese lapso pasó de poseer un departamento, dos
autos y algunas inversiones familiares (Cadesym S.A, Safip, Pincar S.A, Guandacay S.A) a
adquirir el petit hotel donde vive actualmente (650 metros cuadrados en Junín 1435, que
pagó aparentemente subvaluados en 250 mil dólares), otros autos, un departamento en
Basabilvaso 1396, otro en Rodríguez Peña 1882, tres departamentos en Junín 1441/43, una
cochera a una cuadra de su casa y una bóveda en el cementerio de la Recoleta.
Pero lo que determinó que los fiscales pidieran la indagatoria fueron otras cuestiones:
 Un pago de 500
mil dólares que le hizo Astilleros Alianza por supuestos trabajos de asesoría para que
la firma se postulara en la privatización de empresas del Estado. Pero se trataba de una
empresa que estaba en quiebra y que nunca incluyó a la ingeniera en su lista de
acreedores. A la vez, Astilleros Alianza había recibido un préstamo por la misma suma de
una empresa panameña Zeal International Corporation, cuyo titular dijo desconocer la
operación. Y una pericia mostró que el recibo era trucho.
El ingreso a su
patrimonio de 300 mil pesos provenientes de fondos secretos del Gobierno.
Una donación
efectuada por sus padres (Alvaro Alsogaray y Edith L. A. Gay de Alsogaray) por la suma de
863.769 pesos.
Los fiscales
dicen que “pudieron establecerse una serie de operaciones financieras que llaman la
atención por sus elevados montos cuanto por los movimientos de dinero que reflejan, cuyo
origen se desconoce”. En esta línea, no descartan que Alsogaray (h.) tenga cuentas
bancarias en otros países (además de la que declaró tener en Uruguay).
A este listado,
los fiscales tuvieron que agregar al expediente la información que adelantó Página/12,
que daba cuenta de que María Julia es propietaria de, al menos, un departamento en Nueva
York valuado en casi medio millón de dólares que fue adquirido a nombre de una empresa
fantasma con sede en las Islas Vírgenes (ver aparte).
Las pistas internacionales y las empresas virtuales darían cuenta de las formas de
evasión más sofisticada que suele practicar María Julia. La historia de la causa por
enriquecimiento pudo seguir viaje, precisamente, cuando se detectó que la funcionaria
adeudaba 320 mil pesos a la DGI y que en sus declaraciones de bienes que presentaba a ese
organismo, obviaba buena parte de sus posesiones reales.
| Un escrache de Greenpeace Unos quince voluntarios de Greenpeace se reunieron ayer frente a la puerta de
la Secretaría de Recursos Humanos para entregarle a María Julia Alsogaray las
conclusiones de su campaña contra los vertidos contaminantes en los cursos de agua.
Mientras intentaban colocar una bandera en la fachada del edificio de San Martín 459, un
custodio privado de la Secretaría empezó a pegarle patadas a uno de los miembros de la
organización.
“En ningún lugar donde manifestamos, ya sea en el Congreso, en concejos municipales
o la Cancillería, nos había pasado que nos respondieran a las piñas”, dijo a
Página/12 Verónica Odriozola, coordinadora de la campaña que consiste en
“escrachar” a las empresas que tiran sus desechos a los cursos de agua.
La bandera estaba formada por cinco fotos de caños que desechan tóxicos a los cursos de
agua de la Argentina, que fueron tomadas durante la primera etapa de la gira mundial del
barco MV de Greenpeace. Cada imagen tenía una letra y entre todas formaban la palabra
“Basta”. Los voluntarios de la organización ecologista habían llevado
botellones con muestras tomadas en diferentes puntos del vertido. El color turbio del agua
evidenciaba la contaminación (foto). Las 8500 firmas en apoyo a las acciones de
Greenpeace, recolectadas en dos semanas, fueron colocadas en botellas vacías de agua
mineral de un litro. |
El Concejo Deliberante suspendió por 90
días a Rousselot en Morón
El intendente suspendido
acusó al gobernador Eduardo Duhalde y advirtió que “una banda mafiosa” se
hará cargo del municipio.
Juan Carlos Rousselot, intendente
de Morón, suspendido por “irregularidades” en una privatización.
El trámite habría provocado una pérdida de más de diez millones de pesos al
distrito. |
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Por Miguel Jorquera
Con el voto de
frepasistas, radicales y justicialistas disidentes, el Concejo Deliberante de Morón
suspendió por 90 días al intendente Juan Carlos Rousselot por
“irregularidades” en la privatización del estacionamiento medido en el
distrito, que habría provocado una pérdida de más de diez millones de dólares al
municipio. A pesar de la amenaza anónima que alertó sobre la colocación de una bomba en
el recinto, los concejales continuaron la sesión y ratificaron la medida. Rousselot
acusó de la suspensión a Eduardo Duhalde “por su lealtad con el presidente
Menem” y aseguró que una “mafia se hará cargo de la municipalidad”. El
intendente afirmó que “resistirá legalmente” y apelará la medida ante la
Justicia provincial y la Corte Suprema, aunque deberá dejar el Palacio Comunal, que ocupa
desde hace diez años, el próximo lunes 28.
La conclusión de los peritos contables que trabajaron para la comisión investigadora del
Concejo Deliberante fue contundente: “La concesión a la empresa Estacionar S.A. del
estacionamiento medido y del otorgamiento de las licencias de conductor provocó una
pérdida al municipio de más de diez millones de dólares”. Con “las pruebas en
la mano”, todas las fuerzas políticas, a excepción de los tres concejales
rousselotistas, decidieron suspender al intendente. La sesión comenzó con una pequeña
demora, pero a pesar del estricto operativo de seguridad montado por la policía
provincial la misma no estuvo exenta de sobresaltos.
El comisario Hugo Orlando Siri atravesó el recinto a paso firme, se acercó al presidente
del Concejo Deliberante y le comunicó la novedad. La amenaza de bomba aceleró el
trámite deliberativo y los concejales de todas las bancadas acordaron votar rápidamente
la suspensión de Rousselot. Los ediles guardaron sus discursos, hicieron una moción de
orden y sumergidos en el nerviosismo levantaron sus manos para ratificar la decisión.
Para que no quedaran dudas, la votación después fue nominal y le pusieron día y hora a
la suspensión: Rousselot deberá dejar el municipio por 90 días a partir de las ocho de
la mañana del 28 de diciembre.
A sólo 50 metros, en el Palacio Municipal, Rousselot se reunía con todo su gabinete y
otros funcionarios. Allí recibió la notificación y delante de la secretaria legal y
técnica del cuerpo deliberativo, Susana Yameti, con las interminables sugerencias de sus
hijos, el decreto por el cual impugnó la sesión. Los abogados del intendente elaboraron,
por su parte, un documento más técnico para acompañar el emotivo decreto del suspendido
Rousselot.
Pero ésta no fue la única muestra de resistencia que enarboló el intendente. Ante los
distintos medios de prensa y después de algunas escaramuzas con algunos periodistas (ver
recuadro), descargó su ira contra los concejales y el propio gobernador bonaerense.
“Duhalde es protagonista de esta infamia en virtud de la lealtad inquebrantable que
mantengo con el presidente Carlos Menem”, dijo Rousselot en su intento de politizar
la suspensión que votaron frepasistas, radicales y justicialistas disidentes.
Para los concejales también hubo acusaciones. “Esto es producto de un accionar
mafioso, de la misma mafia que quiere asumir la conducción del municipio”, remarcó
Rousselot para identificar al duhaldista Guillermo Crespo, que lo reemplazará
provisoriamente y los otros dos concejales surgidos del seno de la estructura partidaria
del gobernador, que impulsaron junto a los aliancistas la suspensión del intendente.
Jaqueado por varios frentes, Rousselot intentó salir de su orfandad política y buscar
apoyo. Se alineó detrás de la candidatura a gobernador de Alberto Pierri, se arrimó
para conversar con Carlos Corach en el numeroso palco que acompañó el lanzamiento de la
campaña del presidente de la Cámara de Diputados en La Matanza y hasta peleó con
custodios para acercarse hasta el presidente Carlos Menem, presente en el acto, pero no
obtuvo un respaldo explícito de sus “compañeros”. Sin embargo, el suspendido
intendente enmarcó la decisión del Concejo Deliberante en la disputa desatada en la
interna justicialista. Ofuscado con la Justicia provincial, recurrirá “en
queja” ante la Corte Suprema por los dos fallos con que la máxima jerarquía
judicial de la provincia rechazó, el martes 22, los desesperados recursos extraordinarios
con los que intentó evitar la sesión de ayer. Sin el tiempo a su favor, también
presentará el lunes “a las siete de la mañana un recurso de conflicto de poderes
ante la Corte Provincial”, apenas una hora antes de la dispuesta para que entregue el
poder municipal a las autoridades interinas. Una determinación que empujaron los más
fervientes defensores del intendente, quienes aseguraron que “estamos dispuestos a
dar batalla”.
Con un oscuro panorama político por delante, el futuro de Rousselot quedó en manos de la
Justicia. El suspendido intendente también afronta el procesamiento dictado por la jueza
Susana Ragonese por “abuso de poder”, en otra causa penal por la construcción
de la Autopista del Arroyo Morón. Después de la feria judicial y antes de la posible
restitución al cargo, una sentencia firme provocaría su destitución definitiva y la
inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos.
| Desalojo Los encargados de la seguridad del intendente realizaron una meticulosa
selección. Sólo dejaron entrar al despacho privado de Rousselot a camarógrafos y
fotógrafos, y les cerraron la puerta a los periodistas que pudieran hacer aún más
difícil las respuestas del intendente. En los pasillos del palacio municipal, los
custodios más nerviosos cerraron a golpes y empujones el paso del cronista de Radio
Mitre, Caride, y del director del Diario de Morón, Javier Romero. La “rápida
intervención policial” terminó con la tarea de desalojar a los periodistas.
¿Por qué me saca a mí, no vio cómo nos pegaban?, inquirió uno de los cronistas al
comisario de la 1ª de Morón, Hugo Siri. “Disculpe, usted está mintiendo. Esta es
determinación democrática que se está llevando con total normalidad y sin ningún
incidente”, dijo el policía como si respondiera a una entrevista. |
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