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Por Cledis Candelaresi  Aún no está dicha
la última palabra sobre los posibles vetos que el Poder Ejecutivo estudia aplicar a la
ley de Presupuesto 1999. Pero hasta ayer Economía y Jefatura de Gabinete habían
conseguido arrimar posiciones sobre uno de los cambios más controvertidos que introdujo
el Congreso: el que dispuso triplicar el aporte estatal a los partidos políticos. Roque
Fernández y Jorge Rodríguez estarían dispuestos a consentir que el Tesoro suba de unos
20 a 60 millones de pesos la contribución para financiar a las agrupaciones partidarias,
a pesar de que ese esfuerzo fiscal promete beneficiar más a la Alianza que al
justicialismo. Más álgida resulta la discusión sobre otras polémicas decisiones
parlamentarias, como la de solventar programas de agua en el interior a costa de
recortarle el subsidio a Metrovías.Entre los cambios que Diputados introdujo al proyecto de Presupuesto que le giró Economía, estuvo el de aumentar de 1 a 3 pesos por voto la contribución estatal para el financiamiento de los partidos. Según calculó en su momento el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Oscar Lamberto, esto significaría para el erario subir “como mínimo” 40 millones su contribución, que se estima en base al resultado de la última elección nacional. El despacho del diputado santafesino fue el escenario preferencial para que oficialistas y opositores consensuaran muchos de los cambios al proyecto de ley que, luego, en el recinto, fueron propuestos por los justicialistas. Los legisladores de la Alianza pretendieron elevar a 3,50 pesos por voto aquella subvención: como en la última compulsa esa agrupación cosechó la mayor cantidad de votos, se llevará la mayor parte del Fondo Partidario Público. Lamberto, como negociador del PJ, entendió que no había margen para tanto y se ancló en 3 pesos. Tal vez porque el remozado artículo fue producto del consenso entre oficialistas y opositores, Rodríguez y Fernández son proclives a respetarlo. Si Carlos Menem también lo avala, la discusión se centrará en cómo financiar aquel ajuste. Para algunos diputados justicialistas, el Congreso no previó de dónde obtener los fondos adicionales y, por consiguiente, darles más plata a los partidos políticos significaría aumentar el déficit. Para su par de bancada –e impulsora de uno de los proyectos de ley para financiamiento de partidos políticos– Sara Amavet, está claro, en cambio, que esos recursos surgirán de los gastos generales del Ministerio del Interior, que administra del Fondo Partidario. Hasta última hora de ayer era menos claro el panorama acerca de otros cambios introducidos por Diputados y avalados por el Senado y, según los funcionarios de Jefatura, la discusión se prolongará a lo largo de todo el feriado navideño. Entre otras discusiones abiertas está la de si aconsejarle o no a Carlos Menem que vete el artículo por el cual se le asigna a un grupo de provincias norteñas un total de 20 millones de pesos en 1999 para llevar agua potable a pequeñas poblaciones. Esos fondos, deberían ser restados del subsidio que Economía previó para Metrovías, operadora de los subtes porteños. Así planteado, este artículo genera varias dudas en los funcionarios del Ejecutivo. Según aseguró una fuente de Jefatura a Página/12, recortar aquella subvención al consorcio que integra Benito Roggio pondría al Gobierno en problemas, aun en el caso de que prosperase la renegociación contractual en curso. Metrovías podrá aumentar la tarifa para financiar nuevas obras. Pero el Estado conservará su obligación de subvencionar las obras comprometidas originalmente. En el Congreso, por el contrario, aseguran que este ítem resulta polémico por la adversa reacción que provocó en la secretaria de Recursos Naturales: María Julia Alsogaray habría manifestado su molestia, porqueaquellas obras hídricas serán administradas directamente por las provincias, y no por ella misma.
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