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Por David Cufré  Por cada trabajador
que las AFJP lograron afiliar en el trimestre julio-setiembre, dos fueron capturados sin
el más mínimo esfuerzo. En rigor, la segunda alternativa, que surge del desconocimiento
de la ley por parte del público, fue la herramienta más poderosa de las administradoras
para incorporar clientes. Entre enero y setiembre –últimos datos oficiales–
sumaron a sus carteras 382 mil personas que no hicieron la opción para permanecer en el
Estado. En cambio, en igual período se adhirieron voluntariamente al sistema de
capitalización 324 mil trabajadores. A pesar de la magnitud de la sangría, el Gobierno
no gasta un peso en publicidad para recordar a los ciudadanos que si no hacen un trámite
ante la ANSES, sus aportes jubilatorios pasarán del sistema de reparto al de
capitalización, algo que ya les ocurrió a 2,2 millones de personas desde 1994.Cuando se sancionó la ley que creó las AFJP, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, logró imponer su parecer ante el Congreso para que aprobara un artículo por demás polémico: obligar a los trabajadores que deseen seguir aportando al Estado a informarlo a la ANSES mediante un trámite formal. El plazo para completar el formulario es de 30 días a partir del ingreso en una empresa o de la inscripción como autónomo en la DGI. De lo contrario, los aportes son remitidos por sorteo a alguna de las dieciséis administradoras privadas. Como suponían los críticos a esa norma, a medida que fue pasando el tiempo la mayoría de los nuevos trabajadores –algunos de ellos adolescentes en 1994– ignoraron la existencia de aquel requisito. En consecuencia, los indecisos –tal el nombre técnico de quienes no manifiestan su voluntad de permanecer en el Estado– pasaron a engrosar las carteras de afiliados de las AFJP. Para ocho de ellas –las menores–, este mecanismo resulta vital. En el tercer trimestre del ‘98 les aportó el 93,2 por ciento de los nuevos clientes (ver cuadro). Fueron 64.992 personas, frente a las apenas 4184 que las eligieron voluntariamente para que administren sus ahorros jubilatorios. La proporción cambia en las ocho compañías más grandes, pero el resultado es igualmente llamativo. El 43,1 por ciento de los incorporados en el trimestre fueron indecisos: 69.831 trabajadores, frente a los 92.196 conquistados por sus propias fuerzas de venta. “La intencionalidad política del Gobierno es evidente. En lugar de informar a la población sobre un tema tan sensible como su futuro previsional, diseñó un sistema que, en los hechos, empuja a la gente hacia las AFJP”, subrayó el diputado radical Eduardo Santín. “La libertad de mercado que pregonan Domingo Cavallo y Roque Fernández es una falacia. La libertad desaparece cuando a los ciudadanos no se les explica claramente cuáles son las condiciones para que puedan elegir, y más aún teniendo en cuenta que una vez que ingresaron a una AFJP, la ley prohíbe su traspaso al régimen de reparto”, añadió. El Senado se abstuvo de votar este año el proyecto de ley, con media sanción de Diputados, que autoriza a los afiliados al sistema de capitalización a transferir sus aportes al Estado. “En una decisión de por vida, puesto que quien se afilia a una AFJP sólo puede pasarse a otra AFJP, pero nunca más al sistema público, la gente sólo tiene 30 días para llenar un formulario que no sabe que existe. Esto tiene un solo nombre: es una trampa”, enfatizó la diputada del Frepaso María América González. Ella presentó uno de los proyectos de ley para habilitar el libre traspaso entre ambos sistemas, aunque luego la Cámara baja votó otro muy similar elaborado por el justicialista Oraldo Britos. Lejos de preocuparse por el tema, cuando Diputados dio media sanción a la iniciativa, en Economía adelantaron que pedirían el veto presidencial en caso de que llegara a convertirse en ley, atendiendo al encendido reclamo de las AFJP. Por su parte, la secretaria de Equidad Fiscal, CarolaPessino, tiene en su escritorio un proyecto de su autoría que propone eliminar, lisa y llanamente, el sistema de reparto. De los 6,9 millones de afiliados al régimen de capitalización, 2,2 millones fueron indecisos. Pero la proporción de estos últimos viene creciendo aceleradamente. El grueso de los que comienzan a hacer aportes desconoce que deba realizar una opción para aportar al Estado.
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