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Por Cledis Candelaresi  El Poder Ejecutivo
habilitó al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias un proyecto que modifica la
ley del Sistema Provincial de la Vivienda. Gracias a esos retoques, los recursos del
Fonavi podrán utilizarse no sólo para construir casas, sino para ampliar, refaccionar y
hasta para comprar nuevas unidades por el sistema de ahorro previo. Pero los cambios
impulsados por los legisladores tienen también objetivos políticos: aumentar el control
sobre el manejo de esos fondos que hacen las provincias y, al mismo tiempo, obligar a
Economía a que les garantice “un mínimo mensual” de 75 millones de pesos,
independientemente de la evolución de la recaudación impositiva.El Fonavi se integra con un 42 por ciento del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles, cuya base cada vez es más estrecha (ahora está reducida a las naftas). La ley vigente obliga al Tesoro a garantizar una recaudación de 900 millones pesos al año, es decir, a cubrir con fondos propios cualquier diferencia entre ese importe anual y lo que efectivamente se recaude. En el proyecto de Presupuesto de 1999, Roque Fernández incluyó un artículo que pretendía bajar aquella garantía a 780 millones por año, aumentando, como contrapartida, los fondos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social. Pero antes de llevar el texto al recinto, los diputados suprimieron el párrafo añadido por Economía. Los legisladores pretenden ajustar la redacción de un artículo de la ley 24.464, especificando que el Tesoro debe garantizar como mínimo 75 millones cada mes. Según explicó a Página/12 el justicialista Juan Carlos Suárez, promotor de las modificaciones, hasta ahora Economía tomó “como un techo la garantía que debía ser el piso y no gira más dinero a las provincias, aunque la recaudación supere los 900 millones”. En realidad, los cambios a la ley Fonavi fueron propuestos hace un año, que Diputados le dio media sanción. Como el Senado retocó el texto, éste volvió a la Cámara joven, que ahora se apresta a votarlo con la anuencia del Ejecutivo, ya que fue incluido por decreto en el temario de extraordinarias. Roque se dio por vencido. Pero el proyecto también intenta un mayor control sobre el uso que las provincias hacen de esos fondos. En este sentido, la meta proclamada por los parlamentarios es impedir que los gobernadores utilicen el Fonavi para otro fin que no sea el de financiar viviendas económicas. Entre otros desvíos, los legisladores recuerdan que el gobernador santacruceño Néstor Kirchner construyó un aeropuerto y que Eduardo Angeloz hacía millonarios plazos fijos en el Banco Provincia de Córdoba, empleando el dinero del Fonavi para sostener a la entidad oficial. La iniciativa a punto de debatirse en el recinto propone que los organismos provinciales de vivienda estén controlados por la Auditoría General de la Nación, que deberá informar al Congreso del resultado de su inspección. También pretende sujetarlos a la vigilancia del “Banco Hipotecario o cualquier organismo nacional, provincial, municipal o privado que utilice” fondos del Fonavi. Supuestamente para acotar la discrecionalidad en la administración de los fondos, el proyecto también prevé que cada provincia remita a la autoridad nacional un detalle de ingresos y gastos, y que sus ejercicios sean publicados “en los medios masivos de comunicación”. En caso de que la provincia en cuestión retaceara información a la autoridad de contralor, la Nación podría retenerle los fondos.
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