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Por Maximiliano Montenegro  Nunca antes se
había logrado aflojar tanto las condiciones fijadas dentro de un programa acordado con el
Fondo Monetario como lo hizo Roque Fernández la semana pasada. Por eso, el propio equipo
económico no tuvo problemas en puntualizar uno a uno los temas incluidos en la nueva
Carta de Intención firmada con el FMI: un crecimiento para el ‘99 de entre 2,5 y 3
por ciento, un meta de déficit fiscal de 2950 millones de pesos (300 más de lo previsto
originalmente), el proyecto de convertibilidad fiscal y de reforma de la Carta Orgánica
del Banco Central, entre otros. También está, por supuesto, la declaración difusa
referida al cambio societario del Banco Nación: “El Gobierno buscará cambiar su
status legal de una empresa estatal a una corporación controlada por el Estado, para
permitir una mayor difusión de la información de sus actividades y incrementar la
responsabilidad en la administración”. Sin embargo, fueron pasados por alto una serie de ítems de la Carta de Intención que el año próximo pueden reaparecer en un lugar destacado de la agenda de la política económica. Los temas discutidos con el FMI son variados: una baja de aranceles, la lucha contra la corrupción, la posibilidad de arancelar las universidades, la estrechez de recursos para cualquier aumento de salarios a los maestros y la necesidad de un fuero tributario. u Aranceles y tasa de estadística: Se recuerda que “el Gobierno intenta eliminar el 3 por ciento extra sobre el arancel externo común (del Mercosur) que fue impuesto en 1997 hasta diciembre de 1999”. En Washington están muy interesados en que la Argentina presione sobre Brasil, que seguramente se opondrá, para que este tema pueda efectivamente cumplirse. Pero, para la Argentina, reducir los aranceles de importación a fin de año próximo plantea un problema, no sólo porque agravaría el déficit del sector sino también una cuestión fiscal. Los tres puntos menos de arancel representan unos 900 millones de recaudación anual. Justamente, en los últimos días, Carlos Silvani viajó a Washington para negociar con el FMI la posibilidad de elevar la tasa de estadística del actual 0,5 por ciento (150 millones de recaudación) al 1 por ciento. De esa forma, podría financiar más cómodamente el sistema privado de preembarque. Pero en el Fondo, influenciados por el lobby comercial de Washington, quieren que se elimine la tasa de estadística. u Corrupción: La lucha contra la corrupción en la Argentina sigue siendo una obsesión para el FMI. El documento se refiere en dos lugares distintos a la importancia de la creación de la Oficina de Etica Pública y de la elaboración del “borrador de un código de ética”, cuya aprobación por decreto se halla retrasada. Pero también se mencionan una serie de pasos que deberán ser dados en el ‘99: a) “Mejorar los procedimientos en las áreas de control y auditoría”; b) “expandir los programas de entrenamiento para el personal del sector público que trabaja en estas áreas”; c) “fijar nuevas reglas de incompatibilidad y responsabilidades patrimoniales de los funcionarios públicos”; d) “reforzar, con la asistencia del Banco Mundial, la capacidad de la oficina de ética pública”. u Fuero impositivo y ley penal tributaria: El documento insiste con la necesidad “establecer separadamente un fuero tributario dentro del sistema judicial”. Y destaca también la importancia de que se apruebe en el Congreso “un proyecto que amplíe la cobertura de la ley penal tributaria”. u Financiamiento de las universidades: “... en relación con la educación terciaria, en 1999 serán tomadas medidas para reestructurar el financiamiento de las universidades estatales, con énfasis en el recupero de costos, y la modernización de sus prácticas presupuestarias”, afirma el documento. Si bien el texto es lo suficientemente ambiguo como para no crear un compromiso definitivo para el Gobierno, el FMI logró así instalar el tema del arancelamiento universitario por el cual presiona junto al Banco Mundial. u No hay aumento docente: Se menciona que “se aprobó un ley en noviembre que provee recursos adicionales por 300 millones de dólares para asistir a las provincias en la implementación del la Ley Federal de Educación de 1993 y el Pacto Federal Fiscal de 1994, diseñados para mejorar la cobertura y la calidad de la escuela primaria y secundaria”. Es decir: no se hace referencia a que dichos fondos, menos de la mitad de los 700 millones que estimaba Susana Decibe, irán a financiar aumentos salariales. Y, en cambio, se destaca que las provincias deberán “reformar el estatuto de los maestros, con el objetivo de elevar el rendimiento profesional y generar ahorros por ganancias de productividad”. u Problema informático del 2000: el Fondo estima que éste puede ser un problema serio para los países emergentes a partir del año próximo. La idea es que los sistemas informáticos en estas economías no están preparados para enfrentarlo. Se teme que origine un descalabro financiero, forzando la salida de capitales hacia los países centrales. Por eso, en marzo se hará un simulacro a nivel nacional, coordinado por el Banco Central, para testear la respuesta del sistema bancario al cambio de registros numéricos en las computadoras. Lo mismo harán con sus sistemas informáticos la AFIP, la Anses y la Secretaría de Hacienda.
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