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Por Carlos Rodríguez  El lunes, Día de los Inocentes,
el hoy segundo jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Roberto Manuel De Saá, tratará de
demostrar que su situación es acorde con la fecha al declarar como imputado en una causa
en la que se investiga la supuesta falta de seguridad del Aeropuerto Internacional de El
Plumerillo, en Mendoza. De Saá fue citado para antes del mediodía por el juez federal de
la provincia Luis Leiva, quien desde hace más de un año viene manteniendo un duro tire y
afloje con las autoridades aeronáuticas nacionales. En la causa está procesado el
vicecomodoro Juan Carlos Castillo, ex jefe de El Plumerillo, y el brigadier De Saá debe
responder por los mismos cargos ya que al momento de ocurridas las presuntas
irregularidades se desempeñaba como titular de Regiones Aéreas, organismo encargado de
garantizar la seguridad en los vuelos.
El aeropuerto mendocino, donde aterrizan 75 vuelos semanales que transportan a unos 1400 pasajeros, estuvo en el centro de la tormenta durante el auge de las denuncias por inseguridad aérea que realizó la anterior conducción de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). En la causa estaría acreditado que la estación aérea tenía "una serie de falencias graves en la infraestructura de seguridad", según precisó una fuente vinculada a la investigación. Una de las deficiencias más graves era que estaba "fuera de servicio el sistema automático de reposición de luz en la pista en caso de producirse un corte de energía eléctrica". En caso de una interrupción del suministro eléctrico por la red pública, para que el equipo de emergencia entrara en funcionamiento había que accionarlo en forma manual "lo que significa una pérdida de tiempo que oscila entre un minuto o un minuto y medio, algo totalmente impensado en la aviación internacional y que podría significar la destrucción de un avión a punto de aterrizar", explicó a Página/12 una fuente vinculada a la causa. En el sumario hay denuncias por varios casos de aviones civiles y militares que estuvieron a punto de chocar en el aire. Incluso existen testimonios que señalan la presencia de animales en la pista dentro del horario de operaciones. En el expediente se hace mención al testimonio del comandante de una nave que en 1993 vio ingresar un caballo al hall de la aeroestación, ante la lógica sorpresa de los pasajeros. El juez Leiva recibió un informe de 70 carillas en el cual se calificaba al aeropuerto como "inseguro". El análisis fue producido por los peritos británicos Simón Mc Namara, Peter Quantemere y Heather Beeby Dalton, miembros de Ifalpa Inspectio Report, organización internacional asociada a las Naciones Unidas. Fuentes judiciales consideraron que el informe es "absolutamente lapidario" y que en el detalle menciona la existencia de baches en la pista, "deficiencias notorias" en la iluminación, un sistema contra incendios precario, falta de coordinación en las operaciones por radar y problemas derivados de la falta de manejo correcto del idioma inglés por parte de los controladores aéreos. Un estudio con resultados similares fue producido por el perito uruguayo Fernando Martín Reyes Rivas y también está incorporado a la causa, que fue iniciada a principios de 1997 por la fiscal María Susana Balmaceda, a partir de una serie de denuncias formuladas por APLA. La reacción más virulenta, por parte de la Fuerza Aérea, tuvo que ver por un lado con la nacionalidad británica de los peritos y por el otro con la decisión del juez Leiva de prohibir las maniobras de práctica de los aviones militares en las cercanías del sector comercial del aeropuerto. De Saá fue uno de los que puso el grito en el cielo cuando el juez Leiva permitió a los expertos británicos realizar una inspección en los hangares del aeropuerto, en el sector militar. La Fuerza Aérea, a través de distintas fuentes, llegó a hablar de la supuesta "violación de secretos militares" por parte de una potencia considerada "enemiga", al menos antes de la reciente visita a Londres del presidente Carlos Menem. Una fuente vinculada a la causa dijo a este diario que "parece gracioso que se hable en esos términos en la era de la tecnología satelital". En ese clima, obviamente tenso, De Saá declarará el lunes en la causa. Está imputado por el artículo 190 del Código Penal, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien "ponga en peligro la seguridad de una aeronave" y también por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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