Por Raúl Kollmann
 La Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los Atentados ocurridos en Buenos Aires
advirtió, en un informe al que accedió Página/12 en exclusiva, que “no se han
tomado las medidas recomendadas” para prevenir actos terroristas; “no hay
coordinación entre la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura” y “no
se han emitido directivas o resoluciones sobre actividades de inteligencia referidas a
atentados”. En suma, que pese a los dos ataques ocurridos en Buenos Aires, las
medidas de prevención siguen “demoradas” y continúa la “falta de
experiencia e insuficiente capacitación”.
A diferencia de lo ocurrido hace un año, esta vez los diputados y senadores del
oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo y emitieron un dictamen común sobre la
marcha de la investigación de los atentados. El texto ya tiene el acuerdo de los
legisladores que llevan la voz cantante en la Comisión, es decir el presidente Carlos
Soria, el senador Raúl Galván, Juan Pablo Cafiero, Melchor Cruchaga y Cristina
Fernández de Kirchner (ver aparte).
En el documento no se hacen críticas a la labor del juez Juan José Galeano ni a los
fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia e inclusive se reivindica la “voluntad
política” del Gobierno para esclarecer los atentados, algo que asombra que haya
aceptado firmar la oposición, sobre todo si se considera que durante más de dos años
hubo apenas ocho efectivos policiales participando de la investigación del caso AMIA. La
dureza mayor del informe está referida a la Corte Suprema, a la que se le imputa algo ya
muy sabido, que durante varios años no investigó como debía el atentado contra la
embajada de Israel. En el dictamen de la Bicameral hay frases lapidarias: “No se ha
recuperado el tiempo perdido” y la investigación que se hace ahora es más bien
“histórica”, o sea que ya no se puede encontrar a los culpables “ni se
pueden dilucidar ciertas cuestiones”. También hay críticas a la SIDE y a las
fuerzas de seguridad por la falta de resultados en la pesquisa de la embajada.
Lo llamativo es que hablando de las causas de los atentados, como al pasar, los diputados
y senadores hacen referencia a las debilidades del país para prevenir un nuevo ataque:
 Teniendo en
cuenta “los dos atentados terroristas, las complicidades de la conexión local y la
reiteración de atentados contra cementerios judíos, los comportamientos antisemitas
siguen anidando en almas perversas de nuestra nación”.
“Debemos
reiterar la totalidad de las consideraciones y conclusiones presentadas hace un
año”, es decir la preocupación por la escasa preparación ante el peligro de un
nuevo atentado.
“A pesar
de que hicimos recomendaciones concretas y practicables relativas a funciones, medidas y
acciones para ser desarrolladas en el seno de diversas dependencias estatales, salvo
excepciones, no se ha tenido conocimiento sobre la implementación de la mayoría de las
medidas propuestas.”
“Somos
conscientes de las demoras en la implementacion de las medidas referidas a la
concentración de esfuerzos frente al terrorismo.”
“Para la
profundización de aspectos teóricos referidos a la conexión internacional del
terrorismo esta Comisión necesitó recurrir a la información básica de origen
extranjero y no procedente de organismos de inteligencia.”
“Las
declaraciones oficiales referidas a la situación de seguridad frente al terrorismo,
cuando no son acompañadas de medidas concretas, son generadoras de vulnerabilidad.”
“Hacemos
notar que se observa todavía la ausencia de una política de coordinación de las
actividades concretas de los organismos de seguridad.”
“Debe
destacarse que para el tipo de actividades que realiza la SIDE y otras áreas de
inteligencia, las mismas deberían contar con personal con profunda vocación
democrática, idoneidad, así como conocimientos en materia de terrorismo
internacional.” El párrafo obviamente sugiere que la situación actual es la
contraria: el personal no tiene mucha vocación democrática, no es idóneo y no tiene
conocimientos en materia de terrorismo internacional.
En suma, a pesar de que la Argentina vivió ya dos atentados con 120 muertos en total, la
Comisión percibe un estado de falta de previsión y poca capacidad de respuesta frente a
nuevos ataques. Tal vez los mayores peligros vienen de una ecuación elemental: en los
atentados de la embajada y la AMIA actuó una conexión local y presumiblemente uno o más
terroristas que se colaron posiblemente por la zona de la Triple Frontera. La conexión
local no fue descubierta y obviamente sus integrantes no están presos. Entrar y salir del
país por la zona de la Triple Frontera sigue siendo igual de fácil que cuando se
produjeron los atentados anteriores.
| Claves El
documento se caracteriza por su lenguaje cauto, lo que denota el trabajo de consensuar
posturas entre oposición y oficialismo.
No se critica la acción de Galeano y sus fiscales, para no
antagonizar a la comunidad judía, que los apoya.
La Corte Suprema, en cambio, es duramente criticada por el paso
elefantino de la investigación de la embajada.
Un detalle que casi pasa inadvertido: el informe de este año
reitera “la totalidad” de las consideraciones del duro informe del año pasado.
La comisión acusa que casi no se siguieron sus recomendaciones
y que, “con excepciones”, no se implementaron.
Los organismos de inteligencia son criticados: no son
democráticos, ni eficientes, ni idóneos, no están coordinados y no saben nada de
terrorismo.
Un peligro nuevo: las declaraciones oficiales que no se
respaldan con medidas concretas y aumentan el riesgo. |
COMO NEGOCIARON EL INFORME OFICIALISMO Y
OPOSICION
Palabra por palabra, un pacto
Por R. K.
El oficialismo y la
oposición pactaron una especie de empate técnico en la redacción del Segundo Informe de
la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados. El
oficialismo consiguió que la oposición le firme un texto en el cual hay críticas más
bien leves al Gobierno e incluso se reconoce “la expresión de voluntad del Poder
Ejecutivo en cuanto a la concentración de esfuerzos frente al terrorismo”. La
Alianza logró que el oficialismo le firme un documento en el que hay serias críticas a
la Corte Suprema y la SIDE, lo que en realidad abre las puertas para cuestionar
judicialmente a los integrantes del máximo tribunal y al jefe de los espías. Si se toma
en cuenta que pasaron casi siete años del atentado contra la embajada y cuatro y medio
del ataque contra la AMIA, el documento es más bien tibio, no explica por qué no se
encontró culpables, ni le adjudica responsabilidades categóricas a nadie.
u La realidad es que las fuerzas policiales, Bonaerense y Federal, fallaron completamente
en las investigaciones e incluso hay indicios fuertes de que trabajaron en contra. En el
documento esto aparece muy suavemente.
u Durante dos años el juez Galeano dispuso de apenas ocho efectivos para encarar la
pesquisa. Sobre este aspecto, largamente denunciado por Memoria Activa, no hay referencia
y en cambio sí se dice que el Gobierno exhibió voluntad política para esclarecer los
atentados.
u En la investigación sobre el atentado contra la embajada, la inacción de la Corte
Suprema fue manifiesta. Esto sí se refleja en el informe.
u En el texto no se evalúa la labor del juez Galeano. “No podemos emitir opinión
porque es un magistrado muy cerrado y nosotros no sabemos muy bien qué es lo que
hace”, argumentó un conspicuo integrante de la Bicameral. La realidad es que la
Comisión reflejó aquí el respaldo casi incondicional que tiene el magistrado por parte
de la DAIA –antes presidida por Rubén Beraja y ahora por Rogelio Cichowolsky–,
la AMIA, el abogado querellante Luis Dobnievsky y parte de los familiares. Las mayores
críticas respecto de su actuación provienen de los familiares agrupados en Memoria
Activa.
u En el documento de la Comisión, hay una evaluación negativa de la SIDE tanto antes de
los atentados como en la investigación. Pese a ello no se piden sanciones concretas y
sólo se proponen algunas medidas para mejorar los servicios de inteligencia (ver aparte).
u Resulta notoria la ausencia de consideraciones sobre la Dirección de Migraciones.
Prácticamente todos los investigadores coinciden en que los terroristas entraron y
salieron del país sin ningún problema y podrían volver a hacerlo.
Como se ve, para lograr el acuerdo entre oficialismo y oposición hubo que limar asperezas
y encontrar una especie de punto medio. El resultado es un texto en el que se dice que en
la investigación de los atentados las cosas no están muy bien, pero tampoco muy mal.
Hay un Triángulo de las Bermudas en
Comodoro Py
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Extraviaron en Tribunales Actas
de las Juntas
y expedientes sobre desaparecidos. Abogados de Abuelas critican a Servini y Riva Aramayo. |
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Facsímil de la nota del ministro de Defensa radical
Horacio Jaunarena (foto derecha) reconociendo la existencia de las Actas.
Su sucesor en el gobierno peronista Oscar Camilión (centro) dijo que nunca
existieron y fue imputado. |
Por Adriana Meyer
Un ministro de Defensa
dijo que el Estado tenía en su poder las Actas de las sucesivas Juntas Militares de la
dictadura. Una década después, otro ministro de Defensa lo negó. Horacio Jaunarena
reconoció en 1987 lo que Oscar Camilión desconoció diez años más tarde y, por eso,
este último está imputado en la causa que investiga la sustracción sistemática de los
hijos de los desaparecidos, a cargo del juez Adolfo Bagnasco. Los abogados de las seis
Abuelas de Plaza de Mayo que impulsan el proceso habían presentado las copias de los
documentos para probar que ese delito se cometió en el contexto de un plan criminal de
desaparición forzada de personas e indicaron el modo de obtener los originales o las
copias certificadas. Pero al momento de ir en busca de ellos advirtieron que la mayoría
habían desaparecido. Por otra parte, el comportamiento de la jueza María Servini de
Cubría y de la camarista Luisa Riva Aramayo fueron cuestionados por los letrados, por el
“extravío” de los expedientes administrativos sobre personas desaparecidas.
El 23 de octubre de 1987, a requerimiento del juez federal Miguel del Castillo, que
investigaba el delito de falsedad ideológica imputado a los ex comandantes por el
contenido del Informe Final del 28 de abril de 1983, el entonces ministro de Defensa,
Horacio Jaunarena, le envió copias autenticadas de algunas Actas de la Junta Militar.
“Se procede a remitir copia de los puntos mencionados, ante la imposibilidad material
de remitir los originales”, reza la nota que lleva su firma (ver facsímil). Es decir
que las Actas estaban en ese ministerio.
En el mes de diciembre de 1993 el juez en lo contencioso administrativo Osvaldo
Guglielmino se dirigió al entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, requiriéndole
copias autenticadas de todas las Actas, pero el funcionario contestó que en el ministerio
a su cargo no existía constancia de que dicha documentación se encontrase archivada
allí. No dio ninguna explicación sobre ese hecho, ni ordenó una investigación. El ex
ministro está imputado en la causa que instruye Bagnasco, aunque aún falta determinar si
es como partícipe del delito que se les imputa a los militares o como encubridor. En tal
caso, su conducta sería investigada por otro juez. Y además de estar procesado por
omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa
sobre la venta de armas, Camilión también fue imputado por el fiscal Miguel Osorio en el
proceso que impulsa el juez federal Gustavo Literas por el ocultamiento y la destrucción
de documentos sobre la dictadura y la desaparición de personas como un delito permanente.
Consultado por Página/12, Camilión dijo desconocer estas imputaciones. “Puede ser
que haya habido un requerimiento pero no teníamos nada de eso”, afirmó.
Tales actas son más de 200 y contienen las deliberaciones de las Juntas Militares, desde
que se constituyeron el 24 de marzo de 1976 hasta su disolución el 9 de diciembre de
1983. Allí están registrados los actos fundamentales del gobierno de facto. “La
supresión de esta documentación de máximo nivel institucional forma parte de la
actividad ilícita tendiente a obtener impunidad por el medio que fuere, para los delitos
que se investigan en esta causa”, escribieron los abogados. Pedroncini explicó a
Página/12 que el valor de esos documentos radica en que “allí está reflejada la
responsabilidad política de los miembros de la Junta y muestran que trataban temas como
el de los desaparecidos, que negaban en forma pública”.
Hace quince días este abogado –junto a su colega David Baigún– denunció la
desaparición de los archivos del Juicio a las Juntas Militares de 1995 –conocido
como Causa 13– en la Cámara Federal. Si bien continúa la búsqueda porque no se ha
reconocido en forma oficial la desaparición, el personal que la realiza ha perdido la
esperanza de encontrarlos (aunque los denunciantes destacaron la seriedad de la
búsqueda). En octubre la Cámara Federal remitió al juez Bagnasco las fotocopias
certificadas de las Actas de las Juntas Militares, pero en la mayoría no figura el
facsímil dela firma de los comandantes que la integraban, que sí estaba en los
originales y en las fotocopias no certificadas presentadas por la querella. Según los
letrados, el valor probatorio de lo remitido por la Cámara es muy escaso y el número de
copias muy inferior al de las actas oportunamente agregadas a la Causa 13. Una fuente de
ese tribunal aseguró a Página/12 que “se propuso una reconstrucción que llevaría
tiempo pero tendría el mismo valor legal”.
En agosto pasado Pedroncini y Baigún habían entregado al juez Bagnasco las copias de
nueve de esas actas, para probar que el delito de sustracción de menores se cometió en
el contexto de un plan criminal de desaparición forzada de personas. Algunas de las actas
muestran que “la Junta Militar –actuando como órgano político– asumió la
tarea de desinformar y de dar impunidad a las gravísimas violaciones a los derechos
humanos”, dicen en su presentación. De hecho, en una de ellas denominada
“Documento Político”, aprobaron la “convalidación de los procedimientos
empleados para la lucha contra la subversión y evitar todo revisionismo sobre los
mismos”. “Hemos sufrido un nuevo y grave daño a nuestras posibilidades
probatorias por extravío o sustracción de documentación cuya existencia previa está
acreditada, por lo cual ampliamos el capítulo que se incluyó en la querella desde el
principio sobre este tipo de hechos, con una historia más precisa de la impactante
secuela de destrucción o desaparición de documentos, informes falsos y sumarios
ficticios, producidos mucho tiempo después de cesada la dictadura militar”,
explicaron en el escrito al que tuvo acceso este diario.
Los expedientes sobre desaparecidos
Entre noviembre de 1991 y octubre de 1993 se habría producido el “extravío” de
los expedientes administrativos sobre personas desaparecidas, otra de las pruebas
esenciales del proceso por apropiación de menores. El ex ministro del Interior, Antonio
Troccoli, hizo la denuncia en el juzgado federal 1 de María Servini de Cubría. En aquel
momento, la magistrada dijo que tales elementos no se hallaban en su juzgado, afectados
posiblemente por un robo denunciado el 30 de agosto de 1993. La camarista Luisa Riva
Aramayo y el juez Nerio Bonifatti a su turno dieron la misma explicación. Como la
denuncia de robo sólo mencionaba la desaparición de un monedero con un billete de un
peso (sic), el juez interviniente insistió en su requerimiento. “No investigó su
desaparición el juez de instrucción que intervenía en la denuncia de robo porque no
conocía tal circunstancia, ni los pudo obtener el juez en lo contenciosoadministrativo
porque los jueces Servini y Bonifatti –pretextando su supuesto robo que no habían
denunciado– lo remitían al Ministerio del Interior, donde presuntamente se
encontraban los originales”, se quejaron los abogados. Pero los originales ya habían
desaparecido de esa dependencia pública.
La jueza Servini de Cubría manifestó a Página/12 que “jamás vio ni tocó las
listas de desaparecidos” y que “la responsabilidad por los expedientes es de los
secretarios”. Ofreció un informe con su versión de lo ocurrido en el que explica
que esos documentos contenían la reproducción de los microfilms que tenía Guglielmino,
que pasaron por las manos de varios secretarios –entre ellos el actual camarista
Gustavo Hornos– y por la Fiscalía Nacional de Investigaciones, pero Servini no puede
asegurar si fueron devueltos al ministerio. Sobre el robo en su juzgado la jueza reconoce
que “hubo un ‘ingreso’ y faltaron algunas cosas”, pero como no se hizo
un inventario lo sustraído fue detectándose con el tiempo, y lo único evidente fue la
falta del monedero con un peso adentro.
| Problemas con la SIDE El documento de la Comisión Bicameral sostiene que “la SIDE no cuenta
con normas internas que regulen el desarrollo de su labor”, “que no se conoce la
cantidad, identidad y perfiles de los funcionarios de inteligencia” y “que el
personal debería tener profunda vocación democrática y conocimientos en materia de
terrorismo”. En verdad, los diputados y senadores señalaron en todos esos párrafos
que no hay control alguno sobre la actividad de inteligencia en el país. Por esa razón,
el documento reclama que se apruebe una ley, que se establezcan manuales, guías de
procedimiento y una supervisión parlamentaria de la actividad de la SIDE. A pesar de que
los espías que comanda Hugo Anzorreguy quedaron bien posicionados tras la detención de
la iraní Nasrim Mohtari, la Bicameral esboza críticas de distinto color y sobre todo
impulsa un mayor control de las tareas de inteligencia. |
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