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Por Cristian Alarcón  El castigo al
sexo pago en la vía pública de Buenos Aires promete llegar también al lomo todavía
impune del cliente. Según la última de las trenzas de la Alianza en la Legislatura
porteña, el texto del polémico artículo 71, a punto de ser modificado el próximo
miércoles, incluye a penitentes señores amedrentados por la ley. La obsesión de
Fernando de la Rúa y del Frepaso por sacarse el incómodo tema de la prostitución del
medio de la campaña presidencial antes de que expire el ‘98, ha llevado a los
redactores de la nueva norma a incluir una sanción que sólo existe en Suecia y Milán,
donde una ley de este tipo fue el logro de un largo combate feminista. En estas pampas
putañeras, amén de la reticencia obvia de los consumidores, y tal como en Europa, se
escucha la oposición airada de las trabajadoras del sexo, mujeres o travestis. “Nos
estigmatizarían aún más, nos quitarían el trabajo sin aportar absolutamente
nada”, farfullan. Las feministas no coinciden y ven con buenos ojos que “por una
vez se ponga el acento donde se debe, en el que demanda y explota a la mujer y perpetúa
la explotación”. Al final, conscientes de la realidad local, en un mercado donde
cada vez son más las mujeres que se vuelcan al comercio del cuerpo como alternativa a la
pauperización, todos se preguntan: ¿el castigo que programan es el asesinato del dogo o
la panacea a la rabia?Elena Reynaga, la presidenta de AMAR, la Asociación de Meretrices Argentinas, quiere que alguien le explique por qué el Estado debería tener injerencia en lo que ella considera un asunto privado, algo que atañe con exclusividad al hombre que la emplea, y a ella, la mujer que “decide” trabajar como prestadora de sexo. “Violan el derecho a la intimidad. Este es un contrato entre dos personas. Ni yo lo obligo, ni él me obliga. Es íntimo. Por qué penalizar a alguien que está haciendo uso de su dinero”, opina. Hace veinte años que trabaja en la calle. Su zona es la clásica, ese espiral urbano que se extiende en los alrededores de la Plaza de los Periodistas, en Flores. No imagina a la policía multando o apresando a los hombres intocables que pasan a velocidad de cateo. Sólo los ve “en la coima de siempre. No hay otra explicación a los cambios de opinión de los diputados que terminan haciendo exactamente lo que la Federal quiere. Ahora no se conforman con dejarnos sin trabajo y someternos a la cana, ahora también quieren dejarlos hacer plata con los clientes”. El cliente habitual este año ya ha tenido lo suyo. Durante la primera mitad, cuando aún el debate no estaba saldado en el recinto de la calle Sarmiento, sin edictos, o sea sin posibilidad de coimear prostitutas, la policía del barrio de Palermo apuntó durante meses a los parroquianos. El temor, la vergüenza y el hecho de que entre el 75 y el 80 por ciento de ellos son hombres casados, podían más que el deseo desembozado. Los azules ordenaban a los conductores que se atrevían a cruzar a ritmo de caminata la calle Godoy Cruz que se detuvieran. Les pedían documentos y los retenían lo suficiente como para que no les quedaran ganas de seguir paseando por el barrio. Luego, sin escándalos, los dejaban ir. En varias oportunidades las organizaciones de travestis y prostitutas denunciaron que también había en esa práctica una nueva forma de recuperar los recursos de la caja chica policial que se perdieron con el nuevo Código de Convivencia. Multas al contado La cachondez masculina que deriva en situaciones como la protagonizada por el novio inglés Hugh Grant y la neofamosa Divine Brown le provoca alergia a la sexóloga feminista Sara Torres. “Penalizar al cliente sería una forma muy concreta de empezar a poner el acento en la raíz del problema que es la demanda. Sería importante ver que lo terrible es que el hombre tome la sexualidad como un impulso que alguien debe satisfacer de alguna manera, así sea pagando para ello”. Aunque el feminismo mundial se esfuerza por imponer sus postulados, las mujeres que ofrecen sus cuerpos están en contra, no tanto de las premisas liberadoras como del diagnóstico que hacen de la realidad. Para Torres, integrante del activo grupo Asamblea Raquel Liberman en Contra de la Explotación Sexual, la situación de servidumbre de las prostitutas es generalizada. Y la figura del hombre, en la figura del cliente y en la del cafiolo, es el lugar donde habría que poner el dedo envenenado para eliminar el flagelo. “El mensaje de que la venta del cuerpo es una elección, y de que están en el mismo lugar de poder el uno y el otro, cliente y mujer, es erróneo. Desde 1972 que trabajo en el tema y no conozco situaciones ideales como las que se plantean. Siempre hay un explotador, a veces lo son hasta las propias familias.” Torres defiende el triunfo feminista de las suecas y las milanesas que levantaron polvareda con sus leyes contra clientes. En ambos países los diputados legislaron lo que consideran un nuevo remedio para la prostitución: penalizar al que paga con multa o cárcel. Un sencillo ejercicio de imaginación lleva a una Argentina donde el Estado recaudaría millones si se dedica a la persecución de contratadores de sexo. ¿Hasta qué punto ese poner el ojo en el macho que quiere saciar su deseo con los servicios de un/a profesional no es una actitud utópica más propia de un progresismo naif que de un realismo de fin de siglo en el tercer mundo? En la puesta en práctica de la norma sancionada en Milán, la información sobre los clientes reprendidos corrieron por telex a todo el mundo: italianos castigados con multas de 600 dólares por intentar contratar sexo. La legislación indica que si pagan de contado la pena baja hasta los 178. No se acepta el uso de tarjetas de crédito. En el caso sueco se trata de un multa, también cercana a la cifra de los milaneses, o hasta seis meses de cárcel, de acuerdo al criterio del juez que le toque al cliente. En ambos países existen programas de asistencia a prostitutas para que puedan dejar sus oficios aprovechando créditos de bajos intereses para instalarse como cuentapropistas y así abandonar la calle. El fiolo galáctico “Declaro mi noción de disvalor de la servidumbre que implica ofrecer el cuerpo y demandarlo, pero si no hay ofensa a tercero, forma parte de la esfera de la libertad que no debe ser condenada –sostiene el radical Facundo Suárez Lastra, uno de los pocos legisladores de boina blanca que continúa defendiendo al Código tal cual está–. Cuando el Estado empieza a regular esto entramos en un borde muy riesgoso. La única acción pública que es necesario hacer es rescatarlas otorgándoles otro empleo, generar alternativas. Es un política pendiente.” Suárez Lastra tiene razón: aquí no hay nada parecido a lo que en Europa acompaña a la sanción de los hombres. Sólo existe hasta ahora un proyecto de las diputadas María Elena Naddeo, Dora Barrancos y Gabriela González Gass para poner en marcha un Programa de Recuperación de Derechos. La idea es reinsertar “con microemprendimientos y apoyatura técnica a las personas que ejercen la prostitución víctimas de un sistema y de un circuito de explotación, para que puedan abandonar el oficio y vivir con ingresos a partir de otros trabajos que no las humillen”, explica Naddeo. “Nos sacan de la calle, nos quieren arrinconar para no vernos. Resultamos ofensivas por lo que significamos, la macabra imperfección del sistema. Pero a nadie le interesa eliminar las causas de la prostitución”, protesta Lohana Berkins. La dirigente travesti cree que reprimir al cliente y a la prostituta no es otra cosa que “multiplicar la exclusión”. “Ya no tenemos un fiolo que nos da la cachetada para entregarle el arreglo. Estamos al borde del fiolo galáctico –ironiza–. Ahora nos explotan vía láser. Porque esto tiende a un negocio más siniestro, a obligarnos a publicar en el rubro 59, a anunciarnos en Internet, a meternos nosotras mismas en el mercado, para que el Estado nos tenga cerca, para que tenga vigilado el deseo de los clientes, el negocio de la prostitución y que nuestra miseria y el deseo también les den ganancias.”
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