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Por Julio Nudler |
 La millonaria
ayuda oficial a la obra social metalúrgica es lo único que faltaba. El discurso del
establishment sumó, inesperadamente, la prueba más irrefutable del peligro populista. El
manejo alegre de fondos públicos por parte de Carlos Menem, que vuelve a ser quien se
sospechaba que era antes de su asunción en julio de 1989, confirma los temores de
empresarios y economistas ortodoxos. El guiño de Lorenzo Miguel en la rabiosa pelea de
Menem con Duhalde es adquirido desvergonzadamente a costa del Tesoro nacional. Esta es la
irracionalidad que nos espera si la economía y el presupuesto quedan en manos de los
políticos, sean del justicialismo o de la Alianza. Aunque Miguel sea el obvio beneficiario de esta escarcela llena de doblones que le tiende el riojano, la verdad económica última de la operación puede resultar algo diferente. Las obras sociales, condenadas por su malversación como cajas sindicales y por la política privatista del menemismo, se han venido convirtiendo en meras intermediarias, "desprendiéndose de sus responsabilidades de operadores del sistema de salud y realizando contratos de capitación con UTEs", como explica un reciente estudio del CECE (Centro de Estudios para el Cambio Estructural). La obra social de la UOM, sometida al rasero del Banco Mundial, no es una excepción. Detrás de cada obra social aparecen las prepagas, que por lo general también son intermediarias --de naturaleza eminentemente financiera--, que a su vez contratan con los prestadores, desde médicos individuales hasta clínicas. Subsidiar una obra social implica darle dinero para que se lo entregue a otros intermediarios y tal vez a algunos prestadores en forma directa. Todos los poros del sistema de salud son ocupados por intereses privados, y los sindicalistas sólo intermedian en el negocio porque la ley todavía dice que los aportes salariales les van a ellos. Mientras tanto, el IVA es extendido a la medicina prepaga, encareciéndola para la franja social que la consume. Algunos denuncian incluso que de esa forma el Gobierno les toma a los usuarios de las prepagas los fondos que necesita para bancar favores políticos como el dispensado al Loro. Si esto fuera así (¿cómo demostrarlo, si la plata es toda igual?) quedaría prolijamente cerrado el círculo: se les da a las prepagas con una mano, y se les quita con la otra. Mirando esta historia con un solo ojo, se le ve su faz populista--politiquera. Mirándola con el otro, se descubre, agazapado, a un financista insaciable.
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