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Por Cecilia Sosa  El 1º de marzo de
1999 todos los docentes mayores de 65 serán dados de baja en la UBA, por decisión
unánime del Consejo Superior. Si bien la medida alcanza a todas las carreras de la
universidad porteña, en Sociología se desató un escándalo que pone en riesgo el inicio
del próximo ciclo lectivo. “Esta jubilación compulsiva barre con el plantel
histórico que conformó Sociología después de la dictadura. En dos años nos
desmantelan el tronco de la carrera”, se indignó Lucas Rubinich, director de la
disciplina que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales. A pesar de que muchos de los
docentes afectados ya tienen la carta de despido en la mano, iniciaron una campaña para
intentar derogar la resolución. En el transcurso de pocos meses serán dados de baja
profesores tan prestigiosos como León Rozitchner, Gregorio Klimovsky, Enrique Oteiza,
Rubén Dri, Alfredo Marín, Enrique Marí, Mario Margulis, Ricardo Malfé, Alfredo
Errandonea, Hugo Calello, Alfredo Pucciarelli, Mario Casuccio, Antonio Cirigliano, Ruth
Sautu, Susana Torrado, Celia Guevara, Jorge Jaroslavsky y Carlos Abalo, según un listado
elaborado por la junta de la carrera. “Las autoridades de la UBA dicen que hay que dejar lugar a los más jóvenes. Pero en las ciencias humanas y sociales falta una generación de docentes: los desaparecidos o exiliados, las víctimas de la dictadura. Si ellos estuvieran, estos profesores ya se habrían jubilado naturalmente”, aseguró Fabián Nievas, secretario académico de Sociología. “Ninguna carrera sufrió tanto como la nuestra”, insistió Inés Izaguirre, una de las afectadas. “Esto producirá un verdadero quiebre en la producción de conocimiento. Los que entraron a la facultad a mediados de los ‘80 todavía no alcanzaron a formarse. No hay nadie que pueda sustituirnos”, dijo. El estatuto de la UBA fija, desde 1966, a los 65 años como tope para ejercer la docencia. “Esto se aplicó en muchas facultades, pero nunca en Sociales. Faltó operancia de las antiguas autoridades”, comentó el decano Fortunato Mallimaci que, como todos los consejeros superiores, avaló la resolución. “Es una medida infame y hasta fascista”, espetó Rozitchner, que ya recibió la carta de despido. “Se intenta someter una forma de pensar que sostuvo toda una generación de desaparecidos y que tiene en nosotros los últimos baluartes de resistencia.” Y el profesor Horacio González disparó: “Expresa el nivel más bajo al que han llegado el rector y el decano en su sumisión a los planes de ajuste. Muestra una carencia total de sensibilidad hacia la vida intelectual. Es una vergüenza pública para toda la universidad”. De las 64 materias de Sociología, el 60 por ciento son obligatorias y el 40, optativas. De estas últimas, quince quedarán eliminadas, ya que la baja de sus profesores titulares arrastrará consigo a todos sus planteles docentes. “En total se irán casi cincuenta docentes de las optativas. Y en el caso de las materias obligatorias, asumirán los adjuntos que, a pesar de su calidad académica, no tienen el prestigio de un Rozitchner o un Oteiza”, detalló Nievas. Entre las bajas –dicen– hay casos absurdos, como el de los docentes ad honórem. “El profesor Hugo Calello, respetado en toda América latina, no le cuesta un peso a la UBA. Pero, como tiene 66 años, él y su cátedra se tienen que ir”, lamentó Nievas. La conflictiva resolución prevé que cada facultad podrá recontratar a los profesores jubilados o, para que puedan dar clases en forma vitalicia, podrá distinguirlos con la designación de eméritos o consultos. Pero, en ambos casos, los salarios serán nulos o reducidos a su mínima expresión: sólo podrán trabajar ad honórem o por dedicaciones simples. El decano Mallimaci aseguró que, en febrero y marzo, el consejo directivo tratará las recontrataciones y el nombramiento de eméritos y consultos. Klimovsky, Oteiza, Marí, Marín, Dri y Rozitchner fueron postulados para esto último en 1997, pero el consejo nunca trató el tema. Para los docentes, la medida reviste una lectura única: en caso de no ser jubilados “de facto”, sus sueldos quedarán reducidos a migajas. “Si yadedicarse a enseñar e investigar era un evidente perjuicio económico, quedar contratados por 120 pesos es casi ridículo”, protestó el titular de “Epistemología de las Ciencias Sociales”, Enrique Marí. “De recontratar, sólo van a hacerlo en pocos casos y para dar clases en posgrados. La única que nos queda es ir a engrosar las filas de los jubilados a la Plaza del Congreso”, ironizó Rozitchner. Los sociólogos empezaron una campaña de protesta que incluye el contacto con organizaciones del exterior. Y la junta de la carrera cursó una carta al decanato y al rectorado (ver aparte) clamando por la derogación de la medida. “¿Prescindirá la facultad de este saber invalorable, del saber de los que más saben?”, dice la esquela que, hasta ahora, no obtuvo más respuesta que el silencio.
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