Por Cledis Candelaresi
 A través del
decreto 1517 el Poder Ejecutivo vetó ayer parte del artículo de la reforma tributaria
que grava el servicio de la medicina prepaga con una alícuota diferencial del IVA (10,5
por ciento), con la intención de que sea alcanzado con la tasa plena (21 por ciento). Se
trata de una decisión políticamente muy controvertida, que enfrentó a los miembros del
gabinete nacional entre sí y con el Congreso, donde ayer se sugería que la medida
presidencial sería resistida. Los otros vetos a la ley impositiva (ver aparte) anoche
terminaron de exasperar el ánimo de los legisladores, que amenazan con una “ola
antiveto” a partir de marzo.
Todos los funcionarios de Jefatura de Gabinete consultados ayer por Página/12 aseguraron
que la determinación de gravar a las prepagas con un IVA del 21 por ciento fue tomada por
Roque Fernández. El dato resulta consistente al menos por dos razones: Economía es
partidaria de aumentar la recaudación; en el proyecto de reforma tributaria que se giró
al Congreso ya el gobierno había fijado aquella alícuota, con la obvia anuencia del
Palacio de Hacienda.
Sin embargo, en un contacto telefónico con el diputado justicialista Oscar Lamberto, el
encargado de relaciones institucionales de Economía, Carlos Bercún, habría deslindado
responsabilidades, negando que la iniciativa haya surgido de su ministerio.
Según trascendió ayer desde la Casa Rosada, la decisión se tomó el 24 de diciembre,
durante un cónclave en la quinta de Olivos del que participaron Fernández, Erman
González, Jorge Rodríguez y Alberto Mazza. Allí se habrían enfrentado dos posiciones
extremas: la del ministro de Economía, partidario de alcanzar a las prepagas con una
alícuota del 21 por ciento y la del ministro de Salud, proclive a eximirlas. El argumento
esgrimido por Mazza fue que si, previsiblemente, las prepagas aumentan el precio de su
servicio, habrá un éxodo masivo de afiliados hacia el sistema de salud público, incapaz
de atender esa demanda.
Lo que ningún funcionario puede argumentar adecuadamente es por qué se eligió a las
prepagas y no a la TV por cable, que por decisión parlamentaria también estará
alcanzada con una alícuota de sólo el 10,5 por ciento. “Fue lo políticamente
posible”, comentó ayer ante este diario el secretario de Jefatura, Miguel Solé;
“Con los medios se hace lo que se puede, no lo que se quiere”, confesó Néstor
Alcalá, el otro colaborador de Rodríguez. En resumidas cuentas: un lobby es más
poderoso que el otro.
A raíz de este veto el Gobierno debería enfrentar algunos problemas legales. Si el texto
no fuera censurado con absoluta prolijidad, existe el riesgo de que las empresas afectadas
sostengan que, en realidad, quedaron tan exentas como hasta ahora e intenten hacer valer
este criterio con la Justicia. Aún en el caso de que el veto haya sido redactado
correctamente, las empresas amenazan con objetarlo por “inconstitucional”, ya
que el Ejecutivo se habría arrogado la potestad de legislar. Este es uno de los varios
puntos de contacto con los legisladores, quienes, cuando se debatía la reforma,
intentaron eximir del IVA tanto a las prepagas como a los medios. “No están
respetando la voluntad del legislador, que decidió aplicar alícuotas diferenciales. No
le corresponde al Ejecutivo crear o modificar impuestos y ni siquiera eso puede hacerse
por iniciativa del Senado. Estrictamente, es una potestad de Diputados”, comentó a
Página/12 Lamberto desde la santafesina Gálvez. Desde el Ejecutivo ya se esboza una
réplica: “Desde 1989 –recuerda Alcalá, también ex legislador
oficialista– el Congreso bloqueó sistemáticamente todos los intentos de generalizar
el IVA”.
| Tope a tasas “en análisis” Carlos Menem anunció ayer que “en principio vetaría” la ley que
impone topes a las tasas que cobran los bancos por la financiación con tarjetas de
crédito. Esa regulación “va en contra de la economía de mercado”, justificó.
No obstante, Menem señaló que “todavía tenemos tiempo” para analizar el tema
y recordó que existe una propuesta de los banqueros para abaratar los costos de las
financiaciones con los plásticos a cambio de que se vete la ley. Rápidamente, las
entidades representativas de los pequeños comerciantes aseguraron que, en caso de que
Menem la vete, reclamarán a los legisladores que insistan con la norma. |
RECORTES A LA REFORMA TRIBUTARIA Y AL
PRESUPUESTO
El señor Veto al ataque
Por C.C.
Los vetos a la reforma
tributaria no son la única contrariedad que sufrió ayer el Congreso. A través de otro
decreto el Poder Ejecutivo también vetó varias partes de la Ley de Presupuesto 1999,
incluyendo el que sube de 1 a 3 pesos la contribución estatal al financiamiento de los
partidos políticos. La bancada oficialista acusó el impacto. “No respetan los
acuerdos que hicimos con ellos (por los funcionarios del Ejecutivo) y con la
oposición”, se quejaba ayer un colaborador del diputado Humberto Roggero.
Uno de los grandes desafíos de los legisladores oficialistas será enfrentar a colegas de
su propio palo y del ajeno con quienes, efectivamente, celebraron acuerdos que los vetos
anularán.
Uno de ellos fue el pacto sellado con la oposición para triplicar el Fondo Partidario
Público (aporte del Estado a los partidos), propuesta de la Alianza que el oficialismo
acogió de buen grado. Aunque esto significaba aumentar los gastos en alrededor de 40
millones de pesos, hasta el miércoles Roque Fernández estaba dispuesto a ceder, al igual
que la Jefatura de Gabinete y el propio secretario de la Presidencia, Alberto Kohan,
había avalado esa suba.
Pero finalmente primó el criterio de tratar de eliminar todos los añadidos del Congreso
que no tienen financiamiento previsto, según explicó ante Página/12 una fuente de
Jefatura. Así, el veto sobre la Ley de Presupuesto también alcanzó a la decisión de
asignar 20 millones de pesos a programas de agua potable para un grupo de provincias, en
detrimento del subsidio presupuestado para Metrovías.
Tampoco sobrevivió el artículo que amplía el alcance de los regímenes de promoción
agrícola, haciéndolo extensivo a una decena de provincias (en lugar de las tres
históricas) y subiendo los cupos para diferir impuestos. Esto promete reeditar la
pulseada en torno del Presupuesto 1998: el Ejecutivo vetó y el Congreso, movido por los
gobernadores y el lobby de las empresas interesadas, insistió con los dos tercios.
No será tarea sencilla para los hombres del Congreso digerir las otras censuras al texto
de la ley tributaria. Entre otros tantos retoques, el Ejecutivo renunció a la facultad
que le otorgaba el Parlamento de rebajar en un futuro, y en determinadas situaciones, la
alícuota del 15 por ciento sobre los préstamos empresarios. Presumiblemente, esa
autorización fue concedida por los legisladores después de escuchar largamente las
quejas del empresariado, adverso a esta medida.
El Presidente también vetó la retroactividad del régimen de precios de transferencia,
por la cual se obligaría a muchas trasnacionales a pagar varios miles de millones. Pero
en este caso, no habrá conflicto institucional: los propios legisladores se aprestaban a
hacer esa corrección con una futura ley.
LAS PREPAGAS IRAN A LA JUSTICIA PARA FRENAR LA
MEDIDA
El 21 por ciento va directo al cliente
Un par de
horas después de que Carlos Menem confirmara que las prepagas tributarán un IVA del 21
por ciento, en vez del 10,5 sancionado por el Congreso, los empresarios del sector
advirtieron que trasladarán a las facturas la mayor carga impositiva.
En los hechos, esto implica que la tarifa promedio del sistema pasará de los actuales 160
pesos a 193,60 a partir del primer día del ‘99. Los empresarios recurrirán a la
Justicia para intentar frenar la medida, a la que califican de
“inconstitucional”.
“El encarecimiento de los costos de la salud sólo se explica por la voracidad fiscal
del Poder Ejecutivo. Pero Roque Fernández debería saber que, lejos de mejorar las
cuentas fiscales, con esta medida las empeorará”, aseveró ayer Pablo Giordano,
titular de ADEMP, una de las agrupaciones que representan a las prepagas, durante una
conferencia de prensa. De acuerdo con las cuentas que sacan en las compañías, el aumento
en las cuotas provocará la desafiliación de casi medio millón de clientes, sobre un
total de 2,2 millones.
“Economía piensa que recaudará 420 millones adicionales por año. Pero lo cierto es
que ese monto será sensiblemente menor debido a la fuga de beneficiarios que no podrán
hacer frente a los mayores costos y a que esas personas irán a atenderse a los hospitales
públicos”, comentó a Página/12 uno de los empresarios presentes en la conferencia.
Mientras tanto, clientes de varias prepagas recibirán por estos días las facturas que ya
estaban impresas, con un IVA del 10,5 por ciento.
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