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El juez Adolfo Bagnasco tomó declaración indagatoria y detuvo a Rubén Franco quien acusó a Reynaldo Bignone de haber mandado destruir documentos vinculados con la represión. |
Por Adriana Meyer  El ex jefe de la
Armada, Rubén Franco afirmó que el ex presidente de facto Reynaldo Bignone, ordenó
destruir documentación relacionada con las violaciones a los derechos humanos. Lo hizo
durante su declaración indagatoria ante el juez federal Adolfo Bagnasco, en la causa que
investiga la sistemática sustracción de los hijos de los desaparecidos. Franco quedó
detenido en la unidad de Gendarmería ubicada en Campo de Mayo, acusado de haber permitido
que quienes cometieron ese delito gozaran de impunidad a través del Informe Final y la
Ley de Pacificación Nacional. Solicitó que su arresto fuera domiciliario, por tener 71
años. El almirante retirado llegó puntual a la audiencia, leyó atentamente las pruebas que hay en su contra y respondió las preguntas de Bagnasco durante dos horas y media. No estaba nervioso y parecía resignado, como si estuviera cumpliendo con un molesto trámite. Explicó que cuando asumió como comandante en jefe de la Armada, en 1982, la reconstituida junta militar se había dado la misión de “institucionalizar el país a más tardar en marzo de 1984, y concertar con la dirigencia nacional un plan político, económico y social que gobernara la transición hasta la entrega de poder”. Franco aseguró que durante su gestión la “lucha contra la subversión” no existía y que le tocó desempeñar una tarea “eminentemente política: “Revisar legislación electoral, confeccionar padrones y recuperar urnas”. El militar reconoció haber confeccionado el Informe Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo, cuyo objetivo fue “poner fin a la lucha contra la subversión para facilitar el accionar del futuro gobierno”. Cuando el juez le preguntó por qué se declaró la muerte innominada de los desaparecidos, el militar respondió que se hizo con fines “jurídicos y humanitarios, para que sus familiares pudieran acceder a lo que legalmente les correspondía porque la legislación de la época contemplaba plazos largos para el caso de desapariciones de personas”. Cuando se le hizo saber que el ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada, José Suppicich, declaró recientemente que había legajos, síntesis de los interrogatorios y seguimiento de la situación de los detenidos, Franco respondió que “no vio, no conoce ni sabe si existió documentación de ese tipo”, pero señaló al ex presidente de facto, Reynaldo Bignone, como responsable de su destrucción. “Existió una directiva del Poder Ejecutivo Nacional que no pasó por la junta. No la vi, pero los comentarios que hubo es que estaban destinadas a la destrucción de documentación relacionada con la subversión”, expresó el militar al finalizar su declaración judicial. Aunque aclaró que su relación con Bignone era buena, lo acusó de realizar actos de gran trascendencia sin consultar a la junta. Y también se quejó de los políticos: “Fue difícil tratar con ellos en el período en que ya se les había dicho que iban a recibir el poder, no colaboraban en nada con la junta”. El llamado a declaración indagatoria del ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, del ex presidente de facto, Reynaldo Bignone, y de Franco conforma el capítulo vinculado con los jefes de las Fuerzas Armadas que dieron una cobertura que otorgó impunidad al plan sistemático de sustracción de menores. “El Informe Final que decretaba la muerte de todos los desaparecidos, el decreto 2726 firmado por Bignone en 1982 sobre la destrucción de documentos y el consecuente radiograma de Nicolaides fueron la proyección hacia el futuro de la impunidad que antes le había dado la clandestinidad a la apropiación de niños que ya se había consumado”, explicó a este diario el abogado de las seis Abuelas de Plaza de Mayo querellantes, Alberto Pedroncini.
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