OPINION
Una entrega
"espontánea"
Por Miguel Bonasso |
| La
entrega "espontánea" del capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta (alias El
Tigre) dista mucho de ser un triunfo de las instituciones de inteligencia y seguridad de
nuestra democracia. Y aunque podría llegar a ser una buena noticia si la Justicia lo
dejara preso para siempre, no alcanza a disimular las falencias de quienes debieron
buscarlo y llevarlo esposado a un juzgado. Lo que probablemente no hicieron, porque la
Armada suele molestarse cuando uno de estos "caballeros del mar" es tratado,
justificadamente, como un delincuente. Razón por la cual se demoraron dos semanas en
darle la baja, en cumplimiento de una norma que obliga a separar de la fuerza a todo
oficial que es declarado en rebeldía por algún juzgado. Y es probable que esa baja
tardía haya sido el precio que pagaron para que el Tigre se entregara y no fuera
capturado con "deshonor". Como si el deshonor se basara en normas y no en la
historia. En todo caso ni la SIDE, ni la Policía Federal Argentina, ni la Policía
Bonaerense pusieron real interés en capturarlo a partir de que pasó a la clandestinidad
y el juez Adolfo Bagnasco lo declaró en rebeldía y le decretó la captura. Esta no es
una afirmación temeraria ni baladí. En Pinamar, la búsqueda fue burocrática, cosa que
le consta personalmente a quien escribe estas líneas. Una de las medidas tomadas por la
PFA, por ejemplo, consistió en vigilar el chalet oportunamente escrachado por Página/12,
a ver quién pasaba a retirar la pick up Ford F-100, patente V006078, comprada a la
Armada. Cosa que nadie hizo, naturalmente. Y no mucho más. Contemporáneamente este
cronista, con el apoyo solidario de algunos vecinos de Pinamar, hartos de que su ciudad
balnearia sea considerada un santuario de mafiosos y genocidas, pudo detectar en apenas
tres días las llamadas telefónicas que se habían hecho desde el chalet de Acosta, antes
y después del escrache que le hicimos al represor el domingo 13 de diciembre último.
También supimos con quién se había comunicado. Uno de los números correspondía a su
socio, amigo y antiguo subordinado de la ESMA, el capitán de fragata de Infantería, de
Marina, Fernando Enrique Peyón, alias Giba, Mochila, Quasimodo o Eveready, otro asesino
que goza de impunidad e incluso de apoyo oficial. Como lo demuestra un episodio muy
significativo. En julio último, cuando HIJOS organizó el escrache de Peyón en un
edificio de la calle Capdevila 2852, donde viven otros marinos vinculados a la
inteligencia naval, como el genocida Juan Carlos Rolón (alias "Niño"). (Tan
vinculados a esa pretendida inteligencia como lo estaba Alfredo Astiz hasta que este
diario dio la información correspondiente.) En vísperas del escrache, Quasimodo dirigió
una carta a sus vecinos del barrio, en la que se permitía darles consejos, juntamente con
la Policía Federal y los integrantes del consorcio que le sirve de guarida. Ciertas
afirmaciones de Peyón merecen citarse: "Tenga la tranquilidad de que mientras
existan fuerzas armadas, de seguridad y policiales como las que tuvimos y como las que hoy
tenemos, ninguna organización terrorista podrá teñir de sangre a nuestra querida
nación". Podía tratarse, como creerán algunos, del gesto descolgado de un represor
en retirada, pero al día siguiente se pudo comprobar que, en lo que respecta a la
Policía Federal, no hablaba de balde. El 15 de julio los manifestantes de HIJOS, de
Madres de Plaza de Mayo y de otros organismos de derechos humanos fueron bestialmente
apaleados por efectivos de la Guardia de Infantería de la Federal, que habían llegado en
tres camiones blindados y hasta tenían el "apoyo aéreo" de un helicóptero.
Despliegue desmedido que provocó un pedido de informes de la diputada del Frepaso Adriana
Bordenave, pero hubiera merecido que la Alianza opositora reclamara una interpelación al
ministro del Interior. El segundo episodio es menos claro, menos rotundo, pero no menos
inquietante. El 19 de diciembre pasado, seis días después del escrache del Tigre, un
periodista y un fotógrafo de Página/12 que habían ido a la isla Maciel a
investigar en torno al astillero Río Bravo, que pertenece a Acosta y Peyón, fueron
interceptados por cuatro sujetos armados, que podían ser cualquier cosa: asaltantes
comunes o mano de obra desocupada, vinculada a Eveready, a quien llamaban así por su
afición a la corriente eléctrica. Uno de los sujetos llegó a disparar un balazo, cuando
los colegas emprendían la retirada a bordo de un remise. Pudo ser una casualidad, sin
duda, pero menuda coincidencia. Que no puedo dejar de asociar con los extraños
seguimientos que sufrieron las esposas de algunos de los pinamarenses que colaboraron
conmigo en el escrache del Tigre. Método canalla si los hay, propio de los que huyen
cuando se los enfrenta a cara limpia. Por fin, como remate de estas casualidades, acabo de
ver por el noticiero de Telefé (ligado al grupo monopólico CEI, de conocida relación
con el presidente de la Nación) un curioso reportaje que un periodista anónimo le hace
al Tigre Acosta. Más allá de la inútil preocupación del Tigre por buscar una polémica
conmigo, que no tuvo los pantalones de emprender cuando lo encontré en el restaurante
Estilo Criollo de Pinamar y se escapó como una rata, la curiosa nota me sugiere algunas
reflexiones. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde lo hizo? No quisiera pensar que se hizo en alguna
oficina del SIN, porque tendría que suponer que la Armada de la democracia ampara a
delincuentes comunes, que no sólo alcanzaron triste fama en la represión clandestina,
sino que en tiempos constitucionales fueron procesados por estafar al Banco Central con el
affaire del astillero Astilsud. Menos me gustaría creer que el ministro de Defensa, Jorge
Domínguez, permite que el presupuesto a su cargo se use para tales porquerías. Porque
sumados ciertos antecedentes arrojaría una convicción de connivencia que preocupa por el
destino del sistema democrático. Como lo denunció este diario, Acosta creó una de sus
empresas truchas, Eximport Funds, para prestar servicios de "inteligencia" en el
Mercado Central, contratados por las autoridades de entonces, que pertenecían al Partido
Justicialista. La gabela que cobraba Eximport Funds por intimidar a puesteros y
trabajadores era de 80 mil dólares mensuales. Negocio que se vino abajo por la denuncia
de ATE. Hace un año el ministro del Interior, Carlos Corach, le aseguró a este cronista
que Acosta nunca estuvo trabajando para su ministerio. Pero uno de sus subsecretarios, en
otra charla informal, confirmó que sí había hecho trabajos "antes de Corach".
Creo que hay bastante gente en este gobierno que debería dar explicaciones. Y que ha
llegado la hora también de que la oposición las pida en voz bien alta. |
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