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Por Raúl Dellatorre En un solo día, el pasado miércoles 23, la AFIP clausuró 276 locales comerciales. Ese operativo fue sólo la primera etapa de una ofensiva contra la evasión en el mercado minorista, que continuará hoy con otra masiva fiscalización, con más de 1000 inspectores en la calle. La reacción de los comerciantes no se hizo esperar: acusaron al organismo fiscal de insistir en mecanismos agresivos, injustos y perversos, que persiguen al comercio chico, que está sufriendo las consecuencias de la recesión y la concentración, mientras hacen la vista gorda con las grandes empresas. Marcelo Ramos, director de Operaciones Impositivas de la AFIP, replicó consultado por Página/12 que solamente se han clausurado negocios medianos y grandes, no hay idea de atacar a los pequeños. Los comerciantes del interior, sin embargo, lo desmienten. Las sanciones no sólo alcanzaron a los comerciantes, ya que incluso se labraron actas contra consumidores por su complacencia en no recibir facturas, según detalló la AFIP en un informe, al que tuvo acceso Página/12. Estos podrían ser multados en las próximas semanas, una vez que quede en firme la sanción contra los comercios respectivos. El argumento más frecuente para aplicar las clausuras fue la no emisión de facturas, según explicó a este diario Ramos, desde Mar del Plata, en donde se encuentra para coordinar el operativo de hoy. Los comercios sancionados recibieron clausuras de tres días como mínimo, más una multa de seis mil pesos. Se trata de infracciones irrefutables, en las que la AFIP puede aplicar su poder de policía, señaló el funcionario. En otros casos, como la no entrega de facturas, se requiere un período de prueba que hace más complicada la sanción, agregó. El operativo, que abarcó a la Capital Federal, Gran Buenos Aires y a no menos de 15 localidades del interior, apuntó a la verificación de facturas, controladores fiscales (máquinas registradores inviolables), aportes previsionales y cumplimiento de pago del monotributo. Lo más importante se desarrolló en las zonas veraniegas, sobre los comercios de temporada, que son los que, al no cumplir sus obligaciones, arruinan a los comerciantes habituales, puntualizó Ramos, responsable del operativo. Lo que se trata es de hacerlos cumplir, y está comprobado que si no actuamos (a través de los operativos), no pagan, señaló. Agregó que también se está verificando el origen de la mercadería, sobre todo en la venta callejera, porque puede ocurrir que se trate de artículos ingresados de contrabando. Carlos Ferrari, presidente de la regional Bahía Blanca de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), explicó a este diario que los operativos en esa localidad se iniciaron a principios de diciembre, pero se intensificaron al acercarse las fiestas. Hay una presión psicológica y una persecución contra los comercios chicos, no hay un trato igualitario con los grandes grupos económicos y las cadenas más importantes; aquí, con la excusa de que esta ciudad es uno de los principales centros de evasión del país, como dijo la AFIP tres meses atrás, nos tomaron como prueba piloto de los operativos y sacaron una carta blanca para cometer atropellos y echar mano a la facultad de la clausura automática, señaló. Ferrari aseguró que los comercios chicos fueron las principales víctimas de los cierres dispuestos por la AFIP en el transcurso de diciembre. Ramos, en cambio, aseguró que las actas de clausura solamente se labraron contra negocios medianos y grandes, cadenas de cierta importancia; no hay idea de perseguir al pequeño comercio. Citó, sin mencionar el nombre comercial, los casos de clausuras de cadenas comerciales y restaurantes en zonas cotizadas (ver recuadro), y aseguró que la acción de fiscalización recibió mucha ayuda de parte de la CAME (Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias) y de otras asociaciones. Aseguró que estamos demostrando con hechos que seremos implacables con el comerciante de época, que no cumple sus obligaciones y le roba posibilidades al comercio que cumple. Ferrari, por su parte, no descartó que en las próximas semanas se decidan pronunciamientos y hasta alguna medida de fuerza por parte del comercio. Estamos tratando de coordinar la acción con otras regionales, es necesario dar alguna respuesta, porque el comercio chico no es responsable de los 20 mil millones de pesos de evasión que se reconoce oficialmente que existen, y encima, nos atacan en las fechas en que puede levantar algo la venta y el comercio puede recuperarse no para salvarse, sino para sobrevivir unos meses más.
Los
operativos de la DGI son injustos, perversos y agresivos. Siempre se termina persiguiendo
a los mismos sectores, a los más chicos, y se deja de lado, por ejemplo, al sector de la
carne, reconocido por su alta evasión impositiva, reaccionó en diálogo con
Página/12 el titular de la Confederación General Económica (CGE), César Tortorella, no
bien se enteró de las clausuras llevadas a cabo por los inspectores de la DGI en 276
comercios de todo el país.
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