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Por A. D. B.  El juez civil
Víctor Perrotta levantó ayer la suspensión que pesaba sobre todos los campeonatos de
ascenso y determinó también la continuidad del campeonato de Primera División durante
1999, con lo que cerró finalmente la causa iniciada hace casi once meses a partir de un
recurso de amparo presentado por la fundación Fair Play contra la violencia en los
estadios, aunque el fiscal Daniel Constante Moneda apeló inmediatamente el fallo, por lo
que la decisión final quedó en manos de la Cámara. El magistrado condicionó el normal
desarrollo del fútbol argentino en el año próximo a la aplicación de severas medidas
de seguridad por parte de la AFA, por lo que, si éstas no se cumplen, se podría
desembocar en una nueva acción judicial y a una posible suspensión de los torneos. De
esta manera, Perrotta resolvió admitir la acción de amparo presentada en febrero,
condenó a la AFA a programar y a aplicar una serie de exigentes medidas de seguridad y,
además, le impuso a la entidad que regula el fútbol en Argentina las “costas, en su
carácter de vencido”. “Esta es la sentencia definitiva –dijo ayer Perrotta a Página/12, tras el cierre de la causa–, pero no quiere decir que la causa haya terminado, porque hay medidas que van a continuar como una ejecución de sentencia. Esta resolución es apelable"había dicho antes de conocer la decisión del fiscal Moneda. “En ese caso, se suspendería el efecto inmediato de la aplicación de la norma.” La AFA también apelaría el fallo. De todas formas, el juez confirmó su alejamiento de la causa: “Como todos saben, anuncié mi retiro del juzgado, pero en el primer tiempo de la ejecución de la sentencia seguiré para terminar con la labor personal”. Entre sus fundamentos, el juez explicó que la AFA deberá implementar el derecho de admisión en los estadios, de tal forma que su cumplimiento sea efectivo desde la reanudación de los distintos campeonatos. En tanto, los clubes de Primera División, Primera B Nacional y Primera B deberán presentar antes del 15 de febrero del próximo año sus proyectos de sistemas de audio y video para identificar a los violentos. Esa medida se hará extensiva a las instituciones de todo el país con estadios con capacidad para 25.000 espectadores o más. Además, Perrotta alentó a la AFA a “continuar con el temperamento exhibido en el último tiempo en cuanto a la aplicación de las sanciones económicas y deportivas ejemplares para los clubes y sus dirigentes, cuando faciliten, promuevan o permitan actos de violencia”. Por otra parte, el magistrado criticó la supuesta falta de colaboración del titular de la AFA, Julio Grondona: “En la primera suspensión del fútbol del 13 de mayo último, Grondona me ayudó bastante y me prometió muchas cosas, pero después se dejó estar”, y agregó que, “luego de la suspensión, ya estaba lejos nuestro. El atendió otros intereses y no estuvo dentro de la cuestión”. Perrotta otorgó a la AFA un plazo de 60 días para que se implementen los requisitos solicitados en todos los estadios del país y destacó que “ese tiempo es suficiente para poder actuar en todas las canchas, dado que no se podía hacer en dos o tres semanas”. Aun así, el juez no se mostró conforme con la resolución adoptada y con el cierre definitivo de la causa, aunque resaltó que “es lo máximo que se podía hacer por intermedio del juzgado. Nosotros no podíamos hacer demasiado, pero hicimos muchas cosas más allá de la función de un juez. Más que esto no se puede hacer”. Respecto de si su alejamiento significaba un alivio para los encargados del fútbol argentino, Perrotta remarcó: “Si piensan que se va el malo de la película, están mal enfocados. Acá el único malo es la violencia”.
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