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 Por Julio Nudler
La empresa de medicina prepaga Cemic ocupa, según sostiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un inmueble municipal por el que no paga absolutamente nada. Instalada su central en Las Heras y Sánchez de Bustamante, en un edificio que en realidad forma parte del Hospital Rivadavia, no se presentó a la convocatoria del decreto comunal 225 del año pasado, que intentó inventariar todas las ocupaciones -legales o no- de espacios públicos en la ciudad. Cuando funcionarios municipales los invitaron a comparecer, los responsables de Cemic se negaron. Ahora los colaboradores de Fernando de la Rúa se aprestan a emplear con ellos métodos más drásticos. Pero esta es sólo una de las historias que van descubriéndose a medida que se revisan las concesiones heredadas y la apropiación privada de lugares que en realidad pertenecen a todos los porteños. Hay demasiadas cosas que nadie consigue explicar. Por ejemplo, quién autorizó la instalación de máquinas para expender gaseosas o café en los hospitales del municipio. Tampoco es posible establecer, por tanto, quién se lleva la plata por esas miniconcesiones espontáneas. Lo único cierto es que la administración de los hospitales no tiene atribuciones para celebrar esos contratos. En cuanto a los quioscos internos, la Comuna resolvió que sean concedidos a discapacitados, pero éstos denuncian que las autoridades hospitalarias los echan bajo pretextos varios: que obstruyen el paso, que el área prevista está en refacciones, etc.
Pero es obvio que los jueces se ocupan también de casos más contundentes, como el del Parque Sarmiento, cuyo concesionario -con la adjudicación cancelada por incumplimientos desde hace dos años y medio- logró la protección de una medida cautelar perenne, que el magistrado dictó y mantiene, según la autoridad porteña, sin haber ido jamás al lugar y siempre presumiendo la ilegitimidad de los actos administrativos, al revés de lo que corresponde. Mientras tanto, el concesionario no paga nada, pero le cobra a todo el que utilice o simplemente entre al paseo. Un método que se había vuelto habitual era la destrucción del expediente por incendio o extravío. Ante la necesidad de reconstruirlo, el concesionario aportaba su copia, pero adulterándola antes, de modo que las condiciones quedaran redactadas más a su gusto. Otras veces se licitaba un servicio por cinco años, pero luego el contrato se firmaba por diez. En el ínterin se emitía una “circular aclaratoria”, en papel membretado pero sin firma, para duplicar el término. Este sería el caso -según ejemplifican fuentes oficiales- del contrato de publicidad en vía pública que ostenta Augusto Spinazzola. En este mismo rubro, pero sin autorización alguna según el Gobierno de la Ciudad, y obviamente sin pagar ningún canon, Telefónica Argentina coloca carteles de propaganda de terceros en sus cabinas de teléfonos públicos. La empresa será intimada en los próximos días a discutir alguna compensación por ello. Pero la discusión promete ser más ardua. Aunque resulte asombroso, no existe un plan maestro de instalación de cabinas de telefonía pública. Su erección va autorizándose una por una, y así es como hay cuadras céntricas donde cada día brotan más de estos menhires modernos de aluminio y plástico, que no pagan ningún canon y que podrían multiplicarse más aún con la próxima desregulación y la irrupción de la telefonía celular pública. Una historia tragicómica El 12 de abril de este año, Virgilio Loiácono, director general de Concesiones y Privatizaciones, fue a concretar la desocupación del predio que ocupaba (y ocupa) Coconor. Tras tomar posesión, estaba viendo si el ex concesionario se llevaba sus efectos personales, o debían apelar a camiones municipales para evacuarlos. Pensaba que siempre es mejor convencer que apelar a la fuerza pública. Mientras tanto iban apareciendo los abogados de Coconor, interponiendo obstáculos y dándole largas al asunto. Pero lo normal es que con las horas el impacto vaya decantándose y los desalojados se resignen a marcharse. Sin embargo, esa vez fue diferente. A media tarde, Loiácono se enteró de que alguien lo había denunciado personalmente por usurpación, daño y amenazas. “Eso provocó mi hilaridad jurídica -cuenta-, pero Dios castigó mi soberbia intelectual.” Creyó absurdo e improbable que con semejante acción pudiera bloquearse un acto administrativo. Pero al persistir el rumor, averiguó el celular del secretario a cargo del juzgado y lo llamó. Su respuesta fue terminante: “Con usted no puedo hablar porque está denunciado por usurpación, daño y amenazas”. Loiácono tampoco se inquietó por esto. Pero a las 19 se presentó un suboficial de Prefectura con una orden del juzgado correccional: debían suspender el procedimiento como medida cautelar. Así, a larga distancia, sin haber enviado ni al pinche para ver de qué se trataba, habían dispuesto un no innovar. Además, la suspensión se ordenaba con la garantía de un prolijo inventario de los bienes del concesionario como contracautela. “Nuevamente pequé de estúpido”, confiesa Loiácono. Como inventariar el cúmulo de objetos que allí había era una tarea ímproba, pensó que era una suerte que la hiciera la gente de Prefectura. Pero los enviados de ésta liquidaron la labor en un cuarto de hora: simplemente aceptaron las listas que les entregó el concesionario. Y ésa fue toda la garantía. Tres días después, el juzgado resolvió desestimar la denuncia contra Loiácono, como era obvio que sucedería, pero resolviendo que la suspensión del desalojo sólo sería levantada cuando esa desestimación quedara en firme. Y tras varias presentaciones efectuadas por la Procuración porteña, el expediente llegó a la Cámara, que confirmó el rechazo de la denuncia y entendió que por tanto la suspensión caía automáticamente. Un mes atrás, Loiácono fue de nuevo a desalojar Coconor, pero la historia recomenzó. El juzgado volvió a bloquear el lanzamiento al considerar, contra lo resuelto por la Cámara, que la suspensión aún regía porque la desestimación no estaba firme. Y aunque la Cámara reconfirmó su decisión, el juzgado tampoco la acató. Ahora hay un recurso de casación, por lo que el pretendido desalojo deberá seguir recorriendo interminables instancias judiciales por decisión del peldaño tribunalicio más bajo. El concesionario sigue mientras tanto donde estaba.
Los concesionarios municipales están de fiesta Por J.N. Al municipio de la Capital parece resultarle aún muy difícil saber si un concesionario pagó o no el canon del mes. La información se la envía el Banco Ciudad sin discriminar y con mucha demora. El sistema es tan engorroso y hay tal maraña con los viejos contratos que es casi imposible aplicar multas y recargos por las demoras. Con estas prevenciones, el cuadro adjunto da cuenta de todo lo que recaudó la Comuna en mayo (último dato que fue posible obtener) por concesiones y privatizaciones: menos de 231 mil pesos, aunque si se añaden los pagos retrasados de meses anteriores y otros ingresos se arriba a un total de 335.657 pesos, que tampoco impresiona como significativo.
En las planillas figuran muchísimos concesionarios que no pagaron nada, sin que se aclare la razón. En el caso del Jardín Zoológico, figura con un pago por meses anteriores de $ 17.379, ante lo cual los funcionarios delarruistas aseguran que van a “apretarle las clavijas”. Pero sostienen que si a simple vista es evidente que el Zoológico paga demasiado poco, establecer cuánto debería pagar requiere un estudio minucioso de su flujo de fondos.  En general, las playas subterráneas de estacionamiento no pagan canon porque fueron hechas con el sistema de obra pública, que implica la inversión a costa y riesgo del propio empresario. Sin embargo, algunas de esas concesiones se hicieron a 39 años y medio, que es a todas luces un plazo muy desproporcionado. De todas formas, y como suele ocurrir, los concesionarios tienen un arma para contraatacar al municipio frente a cualquier reclamo. Ocurre que a varias playas se les aseguró una zona de reserva, para garantizarles que no se construiría otra en los alrededores, y luego se violó esa garantía. Inversiones El verso del rojo comercial Por David Cufré Cuando a Roque Fernández se le cuestiona su pasividad ante los problemas en el frente externo, responde que “lo importante es fomentar el arribo de inversiones, con lo cual después aumentarán las ventas externas”. Sin embargo, aunque las inversiones llovieron en los últimos años, difícilmente resuelvan un problema crónico de déficit comercial apenas la economía empieza a crecer. Según un estudio de la consultora Ecolatina, que dirige Roberto Lavagna, entre 1991 y 1997 las inversiones se concentraron en sectores no comercializables internacionalmente: servicios y construcción. Además, el 20 por ciento de esos capitales se radicaron en proyectos ligados con la producción de recursos naturales, cuyos precios derraparon a causa de la crisis.
Entre el ‘91 y el ‘97, el 43,4 por ciento de los 60.237 millones de dólares invertidos (100.598 millones si se consideran las transferencias y adquisiciones de empresas) recayeron sobre el sector servicios. “El grueso de estas inversiones estuvieron ligadas al proceso de privatizaciones”, puntualiza el informe. A la construcción, en tanto, fueron el 2 por ciento de esas divisas. En cuanto a los sectores que producen bienes exportables, el 20,3 por ciento de los capitales se destinaron a la explotación de recursos no renovables. En particular, petróleo y gas. “Ambas actividades están condicionadas por la volatilidad de sus precios a nivel internacional (que este año sufrieron una brusca caída a raíz de la crisis) y por la limitación temporal de su horizonte productivo”, subraya el documento de la consultora.  El 13,8 por ciento de las inversiones estuvieron ligadas con actividades en las que Argentina tiene ventajas comparativas, pues utilizan materias primas que se producen con abundancia. Dentro de este grupo, la mayor participación corresponde a alimentos y bebidas (vinculadas con recursos renovables) y en segundo lugar a derivados de petróleo y gas (no renovables). Otro 5,4 por ciento de las inversiones, en tanto, correspondió a la industria automotriz, la única que cuenta con un régimen especial de incentivos y protección. “Este sector, clásico productor de bienes transables con alto valor agregado, tiene sin embargo -por efecto de las políticas promocionales- una balanza comercial claramente deficitaria, que el año pasado llegó a los 1365 millones de dólares”. Finalmente, el sector de industrias productoras de bienes transables sin regímenes especiales ni ventajas comparativas canalizó apenas el 15,1 por ciento de las inversiones. “Queda claro que estas actividades no despiertan particular interés de los inversores”, indica el documento. Por lo tanto, concluye: “En este contexto, el razonamiento simplista acerca del grado de aumento de la competitividad (a raíz del aumento de las inversiones) debe ser fuertemente relativizado y debe, por tanto, pensarse más activamente en cómo recuperar competitividad”. |
Los muchachos del sindicato municipal son a veces quienes se lanzan sobre el filón. En el edificio de Carlos Pellegrini y Sarmiento, donde supo estar el Mercado del Plata, operaban clandestinamente diez pequeñas fondas o bufetes, con una clamorosa ausencia de higiene. Finalmente, los gremialistas entraron en razón y al menos se presentaron al 225 para regularizar su negocio. Pero, en otros casos, la Justicia se interpone y paraliza cualquier acción administrativa. El celo judicial llegó al extremo de dictar una medida de amparo en favor de una cieguita carente de contrato que explota un quiosco en la División de Tránsito e instaló una heladera más grande, de dimensiones tales que obtura un pasillo. La nevera sigue allí por decisión de los tribunales.
No obstante, habría que añadir algunos otros cánones no incluidos en estos listados, como los cobrados por el alquiler del Centro Municipal de Exposiciones. La Feria del Libro, por ejemplo, obló más de 180.000 pesos. Ahora, por la Conferencia del Medio Ambiente de Naciones Unidas, del 2 al 11 de noviembre, María Julia Alsogaray deberá abonar cerca de 90 mil, además de los gastos de servicios. También hay que computar las subconcesiones de Coconor, que están siendo abonadas directamente a la administración comunal. El concesionario de ese balneario urbano había inventado el negocio perfecto: le pagaba a la Capital un canon de 1700 pesos mensuales, y subarrendaba parcelas del predio por las que recaudaba 80 mil (ver aparte). 
El trabajo detalla el perfil de las inversiones realizadas en los últimos años, y el que tendrán las que se anunciaron entre este año y el 2000. “La idea que sostienen las autoridades económicas -señala el documento de Ecolatina- es que las inversiones han creado condiciones tales de competitividad que hacen innecesarias políticas proexportadoras, ni de protección frente al comercio desleal”. Sin embargo, continúa, en los hechos la estrategia del Gobierno ha fracasado, dado que el desequilibrio comercial sigue en aumento.