La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y parte de su gabinete fueron denunciados penalmente por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ante la Justicia Federal porteña como autores de un plan criminal de represión ilegal contra la comunidad mapuche, cuyas consecuencias fueron las muertes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. “El nexo causal de la muerte de esos jóvenes es el abuso de autoridad y por lo tanto son responsables de homicidio agravado por abuso de autoridad seguido de muerte”, dice la denuncia presentada con la firma de las presidentas de la APDH, Gisela Cardozo, Norma Ríos y María Elena Naddeo, a la que accedió PáginaI12. La presunción es que ese plan fue “elaborado desde las más altas autoridades del ministerio; pergeñado, organizado y desarrollado en calidad de autores mediatos por Bullrich, Pablo Noceti, Gonzalo Cane y Gerardo Milman, así como todo otro funcionario o miembro de fuerzas de seguridad que la investigación determine que hayan participado”, reza en el escrito del abogado Mauricio Rojas. El Parlamento Mapuche acompañó la denuncia que quedó radicada en el Juzgado Federal de María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscalía 5.

“Todos los funcionarios aquí denunciados contra los que venimos por la presente a instar la acción penal, habrían encabezado desde diciembre de 2015 un plan criminal organizado desde la más alta esfera del Estado, con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovechándose del aparato coercitivo estatal de manera ilegal, con el propósito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras, y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios de terceros y/o amigos y/conocidos y/o empresarios o entidades patronales”, fundamentaron desde la APDH, organismo que había presentado el primer habeas corpus cuando Maldonado llevaba apenas horas como desaparecido. “Los ilícitos se habrían desarrollado con una conducta criminal que consistió en una serie de delitos que, analizados en su contexto general, nos hace tener la convicción de estar frente a un grupo de personas que se confabuló para llevar adelante un plan ilegal de represión, que abarcó desde tareas de inteligencia prohibidas por la ley, el uso de coacción agravada, lesiones graves, hasta la comisión del delito de abuso de autoridad seguida de muerte, entre otros delitos, que el devenir de una investigación judicial podría demostrar”, indicó el texto de Rojas y de los abogados Gabriel Macaggi, Guillermo Torremare y Ramiro Geber.

La Justicia Federal deberá ahora analizar estos argumentos y las conductas descriptas en la denuncia, que recoge todos los episodios represivos que sufrieron las comunidades originarias de la Patagonia. “El uso de la coacción, el amedrentamiento y la represión desmedida, sin importar los daños colaterales, provocaron a su paso lesiones graves y gravísimas, torturas físicas y psicológicas, maltrato de mujeres y niños, destrucción de sus viviendas y por último, fueron el nexo causal de las muertes de los jóvenes Santiago Maldonado y Rafael Domingo Nahuel Salvo”, describieron los abogados de la APDH. “Por lo que venimos a denunciar que la presente instancia penal se investigue bajo la hipótesis de la calificación legal más gravosa del Código Penal, como es homicidio agravado, en concurso real con coacción agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de la Ley de Inteligencia, entre otros tantos presumibles delitos cometidos por los autores denunciados”, agregaron.

En diálogo con PáginaI12, el vocero del Parlamento Mapuche, Orlando Calluqueo, expresó que “no puede haber un nuevo pacto social en Argentina si no se traduce en un reconocimiento de un genocidio fundante del Estado, repensar el INAI, la penalización del conflicto territorial que está irresuelto en Argentina, la demanda de tierras aptas para las comunidades y las falta de políticas públicas de desarrollo en el territorio”. Y enfatizó que “en ese marco la denuncia penal a la ministra es un hecho político necesario para visibilizar el conflicto político, social e histórico con los pueblos originarios”.

El fallo de la Cámara de General Roca que propició la reciente detención del prefecto Javier Pintos por el asesinato de Nahuel presentó una larga fundamentación sobre el encubrimiento montado por el Gobierno para defender a sus fuerzas de choque. A la ministra Bullrich le imputan lo mismo, como autora intelectual de las muertes que conmocionaron al campo popular, sólo queda ver si el Comodoro Py soplarán los mismos vientos que empiezan a llegar desde la Patagonia.