|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Nadie puede
creer que Lorenzo Miguel sea un ángel, pero no deja de impresionar su reciente pacto con
el diablo, a cambio de los 130 millones de pesos que necesita para escapar a la quiebra.
La consecuencia casi inmediata del abrazo con Mefistófeles será una ola de despidos en
la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica, que abarcaría un millar de cesantías
como recorte inicial, con lo que la purga puede afectar a un largo 20 por ciento del
plantel. Es una de las condiciones para que prospere la solicitud de amparo al Banco
Mundial, que generosamente ofrece su programa de reconversión. Precisamente, los
créditos puente que adelantarán el Banco Nación y el Provincia, por un total de 20
millones, se usarán para pagar las indemnizaciones. Pero es posible que el ajuste no se
detenga allí, y el gremio del metal sea obligado a achicar su estructura de
policlínicos, cesando su resistencia a la estrategia del Gobierno para el sector, cuya
mira es la privatización.La salud no está separada de la economía. Por culpa de ésta, de los 450 mil afiliados que ostentaba la UOM en 1975 se le perdieron más de dos tercios (aunque, según aseguran en las seccionales opositoras, muchos de esos ex compañeros sobreviven espectralmente en los padrones y, cual fantasmas concientizados, votan siempre por el miguelismo). Como la estructura de atención médica no se contrajo en paralelo a la evaporación de inscriptos, sobra capacidad. Pero desde que se abrió la posibilidad de elegir obra social, muchos de los metalúrgicos que sobrevivieron a la convertibilidad huyeron hacia otras coberturas. En el primer traspaso, durante 1997, el aparato asistencial del gremio de Vandor perdió unos 8000 cotizantes titulares (por cada uno de éstos hay 3,7 beneficiarios), y desde julio de 1998 hubo otras 20 mil bajas. Esta emigración hacia otros paraguas gremiales tiene, como poco, dos consecuencias. Una es política, porque el trabajador que se borra de una obra social muy probablemente se desafilie luego del sindicato al que pertenece. De cualquier forma, la pérdida de bases quizá no sea lo que más preocupe a la cúpula oficialista, habituada a gozar –como ocurre también en otros sindicatos– de la tranquilizadora “mayoría automática” (viejos militantes dicen, más en serio que en broma, que es más fácil disputar la presidencia de la República que la secretaría general de la UOM). Además de los métodos contundentes que la aseguran, un pivote de ese quórum inconmovible se asienta en la disposición de una estructura de leales que cada fin de mes pasan por ventanilla. Por eso, las racionalizaciones destruyen poder político. La otra consecuencia es económica: dada la completa falta de transparencia contable, todas las fuentes se conforman con estimar en unos 2 millones de pesos el déficit mensual que venía arrojando la O.S. como flujo nuevo (a no ser confundido con el stock de pasivo histórico de los mencionados 130 millones). Pero el ya incontenible éxodo de afiliados seguramente desactualizó cualquier cifra, de modo que nadie sabe cuál es la dimensión actual del agujero a taponar. Se supone que, como toda O.S., también ésta debe informar de sus estados contables a la Superintendencia de Salud, heredera de la Anssal, a cargo del sanitarista José Luis Lingeri. Pero a diferencia de otros organismos similares, como la Superintendencia de AFJP, la de Lingeri no se destaca por publicar información. En las seccionales metalúrgicas del interior la borratina de aportantes a la obra social alcanzó niveles de catástrofe. Villa Constitución perdió, por ejemplo, un 60 por ciento de sus anotados, en buena medida como respuesta de la gente al deterioro de las prestaciones. Según la lectura de los opositores, esto se debe a la estructuración de la UOM, no como una federación, sino como un sindicato único, con personería jurídica a nivel nacional. Por tanto, los aportes que recaudan las seccionales fluyen a la organización central, que reenvía hacia el interior una mínima proporciónde esos fondos. Este manejo terminó por provocar la rebelión de varias seccionales, a su vez acusadas desde Buenos Aires de tolerar la evasión de aportes de las empresas metalúrgicas locales para no darles un empujoncito más hacia el cierre. En otros casos, los proveedores de la obra social lograron que la Justicia trabara embargos directos sobre las retenciones, de modo que los empleadores pasaron a depositar los aportes en las cuentas de esos acreedores. Algunos activistas afirman que esos empresarios contaron con la complicidad de algunos sindicalistas, que desde dentro les suministraron la información necesaria. El auxilio del Banco Mundial conduce, en realidad, a otro embargo, porque el sindicato debe hipotecar la recaudación futura como garantía de repago. Vencido el período de gracia, para amortizar el préstamo hay que contar con superávit, aunque se haya partido de una situación de déficit inmanejable. Pero lo seguro es que, alcance o no la obra social a generar el excedente necesario, el prestamista va a cobrar. Si ni siquiera incautándose de todos los aportes bastase, el Estado levantaría la deuda. No es nada de esto lo que se predice al momento de firmar el acuerdo, porque las proyecciones son dibujadas con la dosis adecuada de optimismo para que los números cierren. Luego, si el sector se achica, si cae la ocupación o los afiliados se mudan a otras obras, se verá. Aunque el Banco Mundial adopta una postura ideológicamente neutra, imponiendo a los sindicalistas sólo la eliminación del déficit, una estructura racional del gasto y la generación de un excedente para cancelar la deuda, es muy improbable que una obra social cumpla esos objetivos sin acotar sus prestaciones al duro límite de una capitación, acordada con un prestador privado, sobre todo si el empleo en su sector no se expande. El modelo opuesto, sostenido contra viento y marea por la UOM en una industria tan afectada por la privatización, la apertura y la concentración, está empezando a jugar la partida decisiva con los apostadores en contra.
|