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 Para intentar
terminar con el "autogobierno policial mendocino", según la definición del
propio gobernador Arturo Lafalla, el lunes se iniciará en Mendoza la reestructuración de
la fuerza de seguridad. El modelo será similar al de Buenos Aires. Quedará cesante la
cúpula policial y la expulsión de policías previstas podría alcanzar a unos 600
uniformados. Lafalla buscará así antes de concluir su mandato echar por tierra cimientos
estructurales que culminaron con la revuelta insurreccional de octubre. Para la puesta en
marcha de la reforma el gobernador buscó consenso entre los dirigentes de la oposición,
candidatos a sucederlo en el '99, acuerdo que fue ratificado por el Congreso a través de
la aprobación de tres leyes.Será el recién nombrado ministro de Seguridad y Justicia, Alejandro Cazaban quien estará al frente de la reestructuración. Una de las tres leyes sancionadas en diputados y senadores habilitó el nombramiento del nuevo ministro al permitir la creación de la cartera que ahora encabeza. Cazaban será jefe civil de la fuerza cuya estructura conserva vestigios del legado del "duro" brigadier Julio César Santuccione y que tiene siete policías presos por el caso Bordón. En su nuevo rol deberá reconstituir la cadena de mandos y desmantelar la corrupción interna de la fuerza. A partir de hoy Cazaban acomoda piezas del nuevo tablero policial que emergerá el lunes, primer día hábil, con el recambio de los jefes. Además de los titulares de unidades regionales y oficiales de alta graduación, entregarán su tropa el jefe de policía Juan Zalazar y su segundo, Eugenio Araujo. El alejamiento de Zalazar se preveía como consecuencia del levantamiento de octubre. En aquel momento el contestador telefónico de su despacho se volvió símbolo: "No podemos atenderlo porque estamos ausentes", decía. Tras la huelga de los uniformados que debilitó la conducción de Lafalla, el gobernador negaba a Página/12 el recambio de la cúpula: "Yo ratificó a esa jefatura. Son los que van a reconstituir la cadena de mandos y los responsables de hacer volver a la normalidad a la policía". Desde aquella posición hasta esta reestructuración, existió un encuentro entre Lafalla y Eduardo Duhalde, primero, y con León Arslanian, después. La reunión con el ministro de Seguridad bonaerense, en la que habría comenzado a gestarse la limpieza de la cúpula se hizo el 26 de noviembre, un mes después de la revuelta y con un escenario en el que persistía una cadena de mandos sesgada por una desestabilización latente. Entre los fundamentos del proyecto de ley enviado al Congreso el Ejecutivo admitía la existencia de "una cadena de mandos seriamente dañada" y la marca de un pasado militar obstinadamente presente: "Desde el retorno a la democracia se vio que dentro de la fuerza existen grupos que no respetan en su actuación los principios que deben regir en el estado de derecho". En la votación que se hizo el lunes pasado, además de habilitar a Lafalla para el nombramiento de Cazaban, el Congreso dio forma legal a la creación del área de Políticas de Seguridad, órgano asesor del Legislativo y Ejecutivo. Como tercer punto declaró el estado de reforma de la Policía de Mendoza. El nuevo diagrama revisará la situación de los 5.870 efectivos que integran la fuerza. De ellos del 10 al 12 por ciento pasarían a retiro. La reforma pondrá a civiles como responsables de la fuerza y mantendrá sólo a dos altos oficiales, cuyos nombres aún no se han difundido. La sede del nuevo ministerio estará en la Jefatura de la Policía de Mendoza y será el propio Cazaban quien el lunes haga público el anuncio de la reestructuración que aún no se hizo en forma oficial. Según fuentes del Ejecutivo, la normalidad del traspaso estaría garantizada por el consenso prestado por los cuadros intermedios, grueso del movimiento insurreccional de octubre.
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