Por Juan Gelman

En su espléndido libro más reciente, Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Eduardo Galeano recuerda la desnuda frase que el entonces presidente yanqui Bush propinó a los asistentes a la cumbre mundial ECO-1992 reunida en Río de Janeiro: "Es importante -–dijo-- proteger nuestros derechos, los derechos a nuestros negocios". Se refería al "derecho" de las transnacionales a devastar el planeta, pero ese enunciado es aplicable a toda actividad capitalista. Como ocurre, esos derechos nada tienen que ver con los humanos.

Ejemplo: el gobierno chileno de la Concertación insiste por todos los medios a su alcance en el retorno de Pinochet al país, el lugar de la tierra donde goza de mayor impunidad. La posición de los democristianos de la coalición sería comprensible: su partido incitó, propició y apoyó el golpe militar que derrocó al socialista Salvador Allende. Menos se entiende a los socialistas del gobierno: no pocos fueron víctimas de la dictadura militar y, salvo excepciones, cierran filas en respaldo de la inmunidad del dictador. ¿Padecen un ataque de piedad perdonadora? ¿De masoquismo político personal? Más bien parecen víctimas de un atraco de la razón de Estado, esa que sustenta los derechos caros a George Bush.

Rogelio García Lupo reveló que el viaje de Pinochet a Londres obedeció a que "buscaba cobrar su comisión por la adquisición de tres barcos ingleses para la Armada de Chile". Esa compra "se traducía en gastos por 443 millones de dólares, con una comisión personal para Pinochet de 4,43 millones de dólares". Lo asesino no quita lo lucrativo: además de incrementar año tras año la financiación de las Fuerzas Armadas de Chile -–en 1996 ocupó el 21,58% del presupuesto nacional--, el general se ha convertido en comisionista y cabeza visible del complejo militar-industrial más importante de América latina, hoy el primer exportador de armas de la región.

La revista chilena Punto final aporta datos contundentes al respecto en su edición del 18 de diciembre pasado. Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), organismo dependiente del arma en la práctica, ha cerrado contratos con empresas privadas de Gran Bretaña, Suiza, China, Malasia y España con las que comparte patentes de producción de fusiles SIG, carros blindados Mowag y otros armamentos. Los gobiernos civiles concertacionistas han promovido y promueven en el extranjero la búsqueda de clientes y de socios para la producción bélica chilena. Según la revista, Pinochet "poco antes de hacer entrega formal del mando de la Nación a Patricio Aylwin, planteó a la Concertación que el cumplimiento de las metas de desarrollo y modernización de las Fuerzas Armadas requería una estrecha colaboración tripartita: las propias Fuerzas Armadas, la empresa privada y las autoridades gubernamentales". Estas últimas, en efecto, colaboran. Lo cual tal vez aclare -–entre otras razones de naturaleza electoral-- por qué el candidato socialista a la presidencia de la república, Ricardo Lagos, apoya decididamente el empeño que el gobierno ha puesto en evitar la extradición de Pinochet a España y lograr su libertad y vuelta a Chile.

Punto final señala que los proyectos de FAMAE no son de poca monta. Uno es la coproducción, con la británica Royal Ordnance, del cohete Rayo para el ejército chileno y otros que podrían comprarlo, proyecto que marcaría la entrada de Chile en el mercado de armas en escala mundial. La Royal Ordnance fue una de las empresas bélicas inglesas que cobijaron el viaje de Pinochet. La British Aerospace fue otra y curiosamente -–o no-- la familia real británica es uno de sus principales accionistas. Por conducto de la Thatcher, Pinochet habría prestado servicios de asesoría e intermediación para que la British comprara el 35 por ciento de las acciones de la Grippen, compañía sueca que fabrica el avión de combate JAS 39. Con razón "La dama de hierro" lo invita tanto a tomar té.

No es todo. El programa de las Fuerzas Armadas chilenas comprende la adquisición de aviones, buques, tanques, submarinos y helicópteros modernos, y esa fiebre armamentista fue explicada por Edmundo Pérez Yoma, ex ministro de Defensa de Frei y actual embajador en la Argentina, quien indicó que, a finales de siglo, Chile estará exportando manufacturas y materias primas por valor de 30.000 millones de dólares, "lo que obliga -–afirmó-- a una política disuasiva que sea complemento fundamental de la política exterior, y ello significa reaccionar con toda la tecnología que se pueda obtener, según los recursos de que se dispone (...) lo que implica mayor capacidad bélica, productiva, administrativa y política". Esa sí que es una visión estratégica: los militares y el gobierno de Chile, ¿estarán pensando en la posibilidad de una guerra futura?

Los socialistas chilenos ¿comparten esa continuidad civil del pensamiento militar? ¿Prefieren obviar los crímenes de Pinochet, la Operación Cóndor, la pretorización del país, las ventas ilegales a Croacia de armas fabricadas por FAMAE -–que las hubo--, siempre en aras de la razón de Estado? Si en eso consiste la razón de Estado, ¿cuál será el estado de su razón? Después de sufrir la muerte física por obra del pinochetismo, ¿Salvador Allende sufre la otra a manos de su propio partido?

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