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Por Raúl Kollmann
Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por la consultora Graciela Römer y Asociados sobre la base de 658 personas entrevistadas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En la encuesta, realizada a fines de diciembre, se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. Hace cinco años, el argumento básico que utilizaban los gobiernos era el de "terminar con las antinomias, lograr la pacificación". La idea entonces era sugerirle a la gente que podía alterarse la tranquilidad y por lo tanto correspondía cerrar todos los casos u otorgar perdones a los ya condenados. Ahora, cuando la Justicia española se está ocupando de los asesinatos y violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras de Argentina y Chile, se insiste en un razonamiento más bien técnico-legal y con un ligero toque nacionalista: "Los delitos cometidos en un lugar sólo pueden ser juzgados en ese lugar porque de lo contrario se trata de una violación de la soberanía", argumentan tanto Menem como Frei. En los últimos años, la opinión pública se ha mostrado cada vez más contraria a la impunidad en todos los aspectos. Por ejemplo, una mayoría de argentinos opina que los militares deberían ser juzgados otra vez; siete de cada diez ciudadanos consideran que los indultos deberían ser anulados y cerca del 80 por ciento está de acuerdo con que los ex dictadores Videla y Massera estén presos. Esa misma línea de razonamiento se exhibe en la encuesta de Römer: más allá de los argumentos técnicos, la gente cree que los violadores de los derechos humanos, incluyendo a Augusto Pinochet, deben ser juzgados. Obviamente esa opinión de los ciudadanos se basa en la percepción de que los dictadores no fueron juzgados como corresponde hasta el momento. O que si fueron juzgados, se les otorgó un perdón injustificado. De esta manera, el juez Garzón y otros colegas europeos aparecen remediando la impunidad nacional argentina y chilena. Lo fundamental no es quién lo haga sino castigar a los que cometieron los delitos.
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La gran mayoría
de los argentinos está de acuerdo en que un magistrado extranjero --en obvia referencia
al español Baltasar Garzón-- juzgue delitos cometidos contra los derechos humanos en el
país o en Chile. El argumento de la extraterritorialidad es el que más han usado los
gobiernos argentino y trasandino, sosteniendo que los hechos sólo pueden ser juzgados en
el país en el que se cometieron. En la opinión pública ese razonamiento no tiene mayor
aceptación porque ya en los últimos años se viene imponiendo en la gente el criterio de
que los crímenes deben ser juzgados, sea como sea. Los ciudadanos rechazan, por encima de
todo, la impunidad.