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Socorros mutuos En sus últimos meses de gobierno, el declinante menemismo ha terminado de convertir el sistema institucional de división de poderes en un mecanismo de socorros mutuos y protección recíproca. Los jueces federales deben proteger a Menem de las investigaciones más peligrosas para su futuro, como la de las armas. La Corte Suprema tiene el rol de proteger a los jueces federales de las investigaciones administrativas del Consejo de la Magistratura y de las penales de la Cámara Federal. Y el Senado cuida las espaldas de la mayoría automática en la Corte Suprema, que convalidó el ingreso al cuerpo de sus miembros truchos. La degeneración del sistema republicano.
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Por Horacio Verbistky La Corte
Suprema terminó 1998 con dos decisiones que preanuncian los fragores del último año del
mandato del presidente que designó allí una mayoría automática: reivindicó facultades
disciplinarias sobre los tribunales inferiores que la Constitución atribuye al Consejo de
la Magistratura, y reiteró su disposición beligerante respecto del periodismo
independiente. En ambos casos se trata de Acordadas de Superintendencia y no de
resoluciones jurisdiccionales. La primera, cuyo texto se conocerá esta semana, dejó sin
efecto las sanciones impuestas por la Cámara Federal a aquellos jueces de primera
instancia del mismo fuero, que tres años antes participaron en el trencito de Navidad que
alborotó los tribunales de Retiro. La segunda, que aún no ha sido protocolizada, dispuso
alejar de la Corte a uno de sus secretarios letrados por su relación con una redactora de
“La Nación”, el mismo diario al que Menem acusó de “infamia” en una
declaración difundida el último día del año. Los temas de ambos pronunciamientos de la Corte no son casuales: la justicia federal y la prensa son dos de los campos que mayor inquietud generan en el declinante menemismo, una por su capacidad de investigación, y la otra de sanción. El gobierno lee la huella de ambas en el peor regalo de Año Nuevo que recibió: la decisión de la Cámara Federal que ordenó al juez Jorge Urso investigar si el envío ilegal de armas a Croacia y Ecuador fue la obra de una asociación ilícita que, de comprobarse su existencia, podría haber sido integrada por tres ministros del gabinete nacional, el Jefe de Estado Mayor del Ejército y el propio presidente. Esto, a su vez, arroja luz sobre una decisión de otro modo incomprensible del gobierno nacional, aquella por la cual forzó el acceso al Senado de cuatro miembros del partido gobernante en violación de normas constitucionales. El Jurado de Enjuiciamiento creado por la Constitución de Olivos heredó las atribuciones de remover a los jueces nacionales. Pero el Senado retiene esas facultades respecto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir que el ingreso por la ventana de senadores también forma parte del sistemático copamiento político de la Justicia, que Menem inició junto con su primer mandato presidencial. Con las espaldas cubiertas por el Senado, la Corte puede dedicarse de lleno a la tarea de proteger a aquellos jueces de primera instancia que, como Urso, tienen en sus manos las investigaciones más comprometedoras, y de controlar a aquellos que, como los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, desconectan sus teléfonos antes de firmar las decisiones más trascendentes. De este modo, cuando faltan once meses y nueve días para que concluya la presidencia de Carlos Menem, el sistema de controles y equilibrios recíprocos entre poderes independientes, que la Constitución de 1853 importó de los Estados Unidos, se ha convertido en un mero mecanismo de autoprotección para los miembros de un único grupo político, que controlan posiciones en cada uno de los desequilibrados poderes del Estado. El jefe del Poder Ejecutivo es la estrella en torno de la cual giran ministros de la Corte Suprema de Justicia, jueces federales de primera instancia, diputados y senadores. Todos, de común acuerdo, avanzan además sobre los islotes de integridad que no forman parte de aquel esquema perverso, como el Consejo de la Magistratura o algunos camaristas federales, y contra algunas presencias extrañas a ese universo cerrado, como la prensa independiente, que si bien carece de poder está al menos en condiciones de informar al público de los actos de degeneración institucional, que aquellos preferirían mantener en silencio. Con una audacia y una impudicia sin precedentes sólo se han conservado las formas institucionales, vacías de su contenido. Este zombie republicano no garantiza los derechos de los ciudadanos frente al poder, que es la razón de ser del sistema democrático de gobierno, y cumple con paso vacilante pero determinación monstruosa, la tarea opuesta. Varias decisiones de los últimos días permiten entender la lógica del Golem. Vigilar y castigar Las facultades disciplinarias sobre todos los tribunales nacionales correspondieron históricamente a la Corte Suprema, que a veces las delegó en los tribunales inferiores y otras veces las reasumió en forma directa. En un sistema sano, estas facultades se ejercen de modo de asegurar la corrección de los procedimientos en bien de un mejor servicio a los ciudadanos que acuden a la Justicia. Cuando las reglas se pervierten, vigilar y castigar es otro recurso efectivo de poder. Así lo ha usado la Corte Suprema, sometida políticamente desde afuera y autoritaria hacia adentro del Poder Judicial. La Constitución de Olivos de 1994 estableció en su artículo 114 que las “facultades disciplinarias sobre magistrados” serían atribución del Consejo de la Magistratura igual que el dictado de “los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces”. El Consejo se constituyó con tres años de retraso el 17 de noviembre de 1998. Por primera vez desde el copamiento de la Corte, el menemismo no goza de una mayoría propia en un órgano decisivo de poder institucional que le permita imponer su voluntad. Pero desde la Corte Suprema, el gobierno saliente libra una batalla de retaguardia tendiente a minar las facultades del Consejo, aun en contra de la inequívoca letra constitucional. Como el juicio por jurados, que está en el artículo 24 de la Constitución desde hace un siglo y medio, o los derechos sociales, incluidos hace cuatro décadas en el artículo 14 bis, cualquier disposición constituyente puede caer en desuso si una voluntad política hegemónica lo dispone. Apenas una semana después de la integración del Consejo, la Corte solicitó a la Cámara Federal, el 24 de noviembre de 1998, que le remitiera el sumario administrativo que instruía contra los jueces federales Jorge Urso y Carlos Liporaci. La decisión fue firmada por cuatro integrantes de la mayoría automática: el ex jefe de policía y farmacéutico de La Rioja Julio Nazareno, el ex presidente de la Asociación de Tenis y cuñado del jefe de los servicios secretos del gobierno, Eduardo Moliné O’Connor, el autoproclamado amigo presidencial Adolfo Vázquez, la cuotaparte justicialista en el Pacto de Olivos, Guillermo López y el más antiguo ministro de la Corte. El ex socialista Carlos Fayt no cree en el Cielo pero espera que estos favores serán recompensados en la tierra, cuando llegue a la Corte la causa que inició en contra de la cláusula constitucional que lo obligaría a retirarse en atención a su ostensible senectud. Para que no quedaran dudas sobre el sentido de la operación, el mismo día la Corte pidió al juez federal Gabriel Cavallo copia del expediente penal que instruye contra sus colegas Urso y Liporaci por los mismos hechos del sumario administrativo. Buenos muchachos Esos hechos no son triviales: un ex secretario del juzgado de Liporaci denunció que el juez habría solicitado plata al carnicero presidencial Alberto Samid para mejorar su situación en un proceso iniciado por la DGI y que ordenó escuchas telefónicas a un empleado de su juzgado, sin que existiera causa judicial en su contra. En un allanamiento a la SIDE se secuestraron las pruebas de ese acto ilegal. Con los datos obtenidos sobre la vida privada del empleado, luego lo habría chantajeado para que renunciara. La denuncia se extendió a Urso, por no haber investigado lo sucedido. Desde que se inició, este sumario constituyó un casus belli para los jueces federales. Durante una reunión realizada en junio pasado en casa de Urso, seis de los once jueces federales estimaron que habían perdido la protección oficial y decidieron emplazar al gobierno a controlar la situación, bajo amenaza de renuncia en algunos casos, y de independencia en el manejo de las causas más graves en otros. Urso tiene elementos contundentes de presión, ya que es quien instruye la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador. En agosto, la Cámara Federal basada en las constancias del sumario denunció penalmente a Urso y a Liporaci. En octubre el fiscal Carlos Stornelli presentó su acusación por asociación ilícita contra el jefe del Ejército, Martín Balza, lo cual desmorona la línea de defensa oficial. El Consejo de la Magistratura estaba preparando una resolución en la que solicitaba la remisión de todos los sumarios administrativos abiertos antes de su integración. De acceder a este reclamo basado en el texto constitucional, el gobierno hubiera perdido el principal instrumento de control sobre Urso, quien peticionó formalmente el avocamiento de la Corte. De ahí la apurada secuencia ya descripta, por la cual a la semana de integrado el Consejo, la Corte extrajo a la Cámara el sumario contra Urso y a Cavallo copia del expediente penal. Sus fundamentos constituyen un mensaje a la Cámara Federal que había ordenado instruirlos: ese tribunal no ofrecería según la Corte “garantía plena del derecho de defensa en juicio” a Liporaci y Urso. El 29 de noviembre, la periodista Laura Zommer describió parte de estos hechos en “La Nación”, dijo que en tribunales las causas de interés para el gobierno que instruyen los jueces federales son denominadas, “sin ambages, investigaciones rehenes”. Con una cita de un juez federal, Zommer concluyó que “la ecuación es simple. A cambio de no cruzar con sus pesquisas la raya trazada desde otro de los poderes del Estado piden impunidad ante sus desprolijidades”. Vaciamiento Sin preocuparse por desmentirlo, la Corte fue más allá. No sólo se quedaría con el sumario a Urso y Liporaci. El 1º de diciembre, acordó que continuarían a su cargo todos los sumarios administrativos ya iniciados y que aquellos por hechos posteriores a la instalación del Consejo de la Magistratura corresponderían “a las facultades concurrentes de los mencionados tribunales y de dicho Consejo, por lo que las actuaciones destinadas a la investigación de faltas cometidas por los magistrados podrán tramitarse indistintamente ante aquéllos y éste”. De un plumazo administrativo, la Corte reescribía el artículo 114 de la Constitución, que atribuye al Consejo y sólo al Consejo esas atribuciones. Como era de prever, el Consejo hizo saber a la Corte que la Constitución le atribuye la función disciplinaria en exlusividad, y le reclamó el envío de todos los expedientes iniciados después de su instalación, el 17 de noviembre. La respuesta de la Corte fue transmitida por su presidente, que lo es también del Consejo. Nazareno informó que enviaría al Consejo aquellos expedientes, cuando los hubiera, ya que hasta ahora no se ha iniciado ninguno. El Consejo fue ambiguo sobre los ya iniciados, y la Corte los retuvo. Información confiable que surge del propio tribunal indica que la mayoría automática piensa remitir al Consejo únicamente aquellos expedientes en los que surja la posibilidad de acusación y destitución de un magistrado. Esto implica que todas las faltas disciplinarias de menor gravedad a esa seguirían siendo castigadas por la Corte, que se constituiría así en un filtro previo, lo cual desvirtuaría en forma absoluta lo establecido en la Constitución. Ningún juez podría ser acusado y destituido si no lo dispusiera la Corte. De ese modo, se vaciarían las funciones del Consejo de la Magistratura. El trencito El 15 de diciembre, la bancada menemista en el tribunal emitió nuevas señales tranquilizadoras hacia los jueces federales, al revocar la sanción de multa que la Cámara Federal había impuesto a Urso, Liporaci y sus colegas Cavallo, Rodolfo Canicoba Corral, Adolfo Bagnasco, Juan José Galeano, Gustavo Literas, Claudio Bonadío, Jorge Ballesteros y Jorge Carlos Branca, del 33 por ciento de su salario de un mes, por los “desmanes” cometidos en el festejo de Navidad de 1995. Según la denuncia del juez de la Cámara de Casación Alfredo Horacio Bisordi los federales habrían cerrado un pasillo del tercer piso para realizar la fiesta, con un estrépito que retumbó en todo el edificio. Bisordi, cuya admiración por los métodos militares durante la dictadura no es un secreto, irrumpió con la policía, que comenzó a palpar a los empleados judiciales colocados frente a la pared. Canicoba Corral lo increpó por ese proceder que calificó como “fascista”. Así lo describió Bisordi: “Presentaba la camisa desabrochada hasta la cintura, arremangado, con ambos extremos de la corbata colgando a los lados del cuello, semidespeinado y con signos de haber bebido excesivamente, lo que pude apreciar por su aliento en uno de los momentos en que se me acercó con intención de agredirme físicamente. Este magistrado comenzó recriminándome haber traído a la policía. Además me dijo que en ese piso no entraba nadie. Me trató de gordito cagón y al hacerle reflexionar, levantando mi voz, que se estaba dirigiendo a un juez superior que legítimamente estaba facultado a intervenir en ese lugar, recibí una nueva ofensa, al decirme chupame la pija, y que mi único mérito había sido transitar los oscuros pasillos de la Corte. Ante una nueva invitación a la cordura me respondió te voy a cagar a trompadas, y avanzó hacia mí con ese propósito, el que no concretó por haberse interpuesto el señor juez Liporaci”. Según la mayoría automática de la Corte, el episodio fue confuso, por lo cual en lugar de la multa, aplicó sólo un apercibimiento. La diferencia entre una sanción y otra es mínima en términos concretos, pero tiene el valor de un símbolo: la bancada menemista en la Corte defenderá a los jueces federales, que a su vez tienen la misión de defender al presidente. Ellos, a su turno, serán protegidos por el Senado. Este sistema de socorros mutuos se extiende incluso más allá de las fronteras partidarias. En noviembre el último candidato presidencial de la UCR, Horacio Massaccesi desobedeció a su bloque y votó junto con el justicialismo en favor de la incorporación como senadores de los gobernadores de San Luis y Santiago, Adolfo Rodríguez Saa y Carlos Arturo Juárez, designados por las legislaturas de sus provincias en violación del artículo 73 de la Constitución, que prohíbe a los gobernadores ser “miembros del Congreso”. Al mes siguiente la Corte cumplió su parte, al apartar a la Cámara Penal de Viedma del juicio por el vaciamiento del Banco de Río Negro, cuando Massaccesi era el gobernador y su primo Edgar lo presidía. Espíritu navideño La última semana del año, el bloque oficial en la Corte dispuso trasladar a la Justicia correccional al secretario letrado de su secretaría penal, Javier De Luca. La Acordada de Superintendencia no pudo ser protocolizada, porque la minoría advirtió que el presidente Nazareno estaba en Punta del Este y no participaría de los últimos Acuerdos del año. El reglamento de la Corte dispone que las resoluciones deben firmarse en el Acuerdo. La minoría estaba preparando un voto en disidencia. Cuando el ministro Gustavo Bossert solicitó a Fayt que lo firmara, el decano de la Corte le aconsejó que no se metiera en este asunto y le dijo que había razones ideológicas para el traslado. De Luca es novio de la periodista del diario “La Nación” Laura Zommer, aquella que escribió acerca de las causas rehenes que manejan los jueces federales. “No lo repita doctor, porque nos va a obligar a hacer un escándalo con esto”, dijo Bossert. Zommer sólo ha escrito un par de artículos sobre la Corte, durante la luna de miel del periodista que habitualmente cubre el tribunal, Adrián Ventura. En ambos casos, se basó en fallos que habían sido distribuidos a toda la prensa por la oficina de prensa de la Corte, es decir información pública cuyo conocimiento no puede atribuirse a infidencia alguna de nadie. Su noviazgo con De Luca es anterior a su ingreso a “La Nación”. De Luca no es un funcionario político, sino de carrera y se ha desempeñado en juzgados y cámaras cuyos titulares responden a diferentes orientaciones. Fue tanto secretario del ex juez federal Miguel Pons como del camarista Guillermo Ledesma durante el juicio a los ex Comandantes. Luego de los fallos contrarios a la actriz Gabriela Acher, a los periodistas Tomás Sanz y Eduardo Kimel y al autor de esta nota, en causas iniciadas por funcionarios próximos al Poder Ejecutivo (como el Hermano Eduardo, María Julia Alsogaray y el ministro del Interior Carlos Corach) o por jueces de origen conservador (como Omar Jesús Cancela y Guillermo Rivarola), la Corte hace saber que su guerra santa se extiende también a los seres queridos de quienes desde los medios informen u opinen lo que no deben sobre la lógica del Golem. El último día del año, por si hiciera falta, quedó claro quién inspira esta Jihad. El jueves 31 se publicó una carta con la firma del presidente de la Nación en el matutino “La Nación”. Luego de invocar “el espíritu navideño”, Menem hizo público su desagrado por “un inoportuno despropósito, un agravio gratuito a mi intimidad y una inmerecida defraudación a la opinión pública”, en los que aquel diario habría incurrido por informar con lo que llamó “un impactante titular” que “Menem celebró [la Nochebuena] en el edificio donde está preso Massera”. Según el jefe supremo de la Nación “la edición de la información trasciende los marcos de la manipulación para convertirse en una infamia”. Nadie podrá decir que no fue advertido.
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