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Una terapia para la corrupción La última década fue tan rica en escándalos que el tema está al tope de la agenda política. Mientras que la Oficina de Etica dice que solucionó todo, los opositores proponen remedios inmediatos.
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Por Irina Hauser
A entender del Gobierno, Argentina contaría actualmente con herramientas eficaces para prevenir ese mal que atenta contra la transparencia, vacía los bolsillos y corroe el bienestar social. Luis Nicolás Ferreira, titular de la Oficina de Etica Pública --una repartición creada por la gestión de Menem con la promesa de educar, controlar y canalizar denuncias sobre el comportamiento de los funcionarios-— prefiere hacerse el distraído y aventurar que "la corrupción estructural, propia de las instituciones, ya se superó con la descentralización del Estado". Ferreira echa mano de una clásica coartada: "Lo que queda es la corrupción a nivel individual. Es que hay sujetos que son corruptos de nacimiento, la ética es algo que se mama desde la infancia. Cuando entre en vigencia el Código de Etica (postergado desde agosto) que obligue a los funcionarios a declarar sus bienes públicamente, todo cambiará", manifestó a Página/12. Sin embargo, la erupción de jueces federales que se decidieron en la segunda mitad del `98 poner bajo la lupa a una bandada de funcionarios (muchos de los cuales debieron haber sido investigados desde hace varios años) puso de manifiesto que el fenómeno de la corrupción no está agotado. Pero también vino a dejar en claro que, así las cosas y sin demasiados castigos a la vista, la Justicia de hoy tampoco alcanza para solucionar el problema. Un "mani pulite" (manos limpias) a la criolla no resulta, en principio, la alternativa imaginable para las principales fuerzas políticas que anhelan estar comandando el país el siglo que viene.
Un super panóptico
La Comisión de Investigaciones Especiales (CIE) creada el año pasado y también conocida como la "Conadep de la corrupción" fue el primer esbozo de lo que podría hacer la Alianza para prevenir y eliminar la corrupción si llegara a ganarse el sillón de Rivadavia. Uno de los ideólogos del proyecto, el frepasista Raúl Zaffaroni, sostiene que la corrupción en Argentina es un fenómeno macroeconómico. Para Zaffaroni, abogado penalista y presidente del bloque de legisladores porteños del Frepaso, "los casos como la causa armas, IBM-Banco Nación o los negocios de la familia Yoma nunca pudieron haber sucedido con un funcionamiento adecuado de la aduana, el Banco Central y los entes reguladores y de recaudación". El control de esas instancias es parte de la propuesta que intentan consensuar radicales y frepasistas. "Hace falta construir un Estado regulador. Si el Estado no defiende al mercado, la economía de mercado se quiebra", señala. El sistema penal sería otro eje de la apuesta aliancista. Según el experto, los servicios de inteligencia locales sólo han servido para vigilar a la oposición. "Habría que generar un equipo de fiscales especializados en corrupción y una policía técnica anticorrupción del estilo del FBI que esté bien paga", apunta. "Es cuestión de dar sensación de sistema panóptico para que los funcionarios nunca sepan cuándo los están controlando", fundamenta. Un aspecto complementario sería, a su entender, "garantizar que la corrupción se reprima con las garantías legales y procesales existentes". El justicialista Eduardo Duhalde anhela repetir a nivel nacional lo que hizo a nivel provincial: "Lo más importante es dar a la oposición el dominio de los organismos de control tales como las fiscalías, controladurías y los tribunales de cuentas, entre otros. Y, desde luego, dar participación a los actores sociales", transmitió un vocero.
La banca partidaria
Si fuera presidente, Domingo Cavallo empezaría por "establecer un régimen para transparentar el financiamiento de la actividad política". Para lograrlo, explicó a Página/12 el líder de Acción por la República, "promovería una ley que establezca límites en el monto de dinero que puede recibir un partido y que imponga exigencias tales como que cada agrupación deba revelar quién la financia y que lleve un registro obligatorio de sus ingresos y egresos". "Los casos más frecuentes de corrupción -–sostiene-- tienen relación con el pago de favores luego de grandes contribuciones a las campañas electorales". Como segunda iniciativa, buscaría "despersonalizar los mecanismos de control". Es decir, "en sus tareas de control sobre, por ejemplo, la recaudación impositiva y la aduana, el Estado deberá ir acumulando información de manera sistemática, con un método informático eficaz y con intervención de personas seleccionadas al azar por algún procedimiento que sea impredecible". El ex ministro de Economía se contentaría con depurar la Justicia "removiendo por juicio político a los jueces, incluidos algunos de la Corte, que hayan mostrado falta de idoneidad". Y no descarta convocar a organismos independientes "del estilo de Poder Ciudadano", ejemplificó. En su libro No robarás (Editorial de la Universidad de Belgrano, 1997), Gustavo Beliz, candidato por Nueva Dirigencia, postula que la corrupción "privatiza las ganancias públicas y socializa las pérdidas". "La corrupción desde arriba genera un rápido y perverso efecto de cascada: se expande al resto de la sociedad, que observa atónita solamente los malos ejemplos", es otro de sus planteos. En este sentido, también sugiere una legislación que regule el financiamiento de los partidos políticos y cree que "la ejemplaridad en la conducta de los funcionarios y los castigos impartidos" son cruciales. En tren de garantizar la independencia de la Justicia, Béliz "introduciría criterios de medición de la productividad de los jueces: que rindan cuentas periódicamente del estado de las causas que tramitan". A eso, dice, hay que agregar un funcionamiento óptimo del Consejo de la Magistratura. En otro plano, apuesta a que la corrupción se podría prevenir con "una ley de presupuesto y de compras del Estado que realmente funcione". "Si no hay control en ese aspecto --dijo a este diario-- se disponen partidas multimillonarias", puntualizó. Otras medidas que tomaría serían: una reingeniería administrativa de organismos como la aduana y la DGI (ahora AFIP), la simplificación de normas impositivas, incorporación de tecnología para el control fiscal, la creación de normas que tipifiquen las conductas mafiosas, la conformación de una Corte Suprema independiente y el incremento de las penas para los delitos que involucren fondos destinados al gasto social. En suma, los planes contra las "prácticas deshonestas" han debido ingresar en el libreto de los candidatos casi por obligación: Argentina este año obtuvo sólo 3 puntos en una escala de 0 a 10 efectuada por Transparency International y el acervo popular terminaba así de adueñarse de la polémica. Habrá que ver para creer.
Cómo evitar que se repita
Por Cristian Alarcón de la corrupción y digan cómo van a hacer ellos para evitar que la corrupción que está en el Estado sobreviva al cambio de gobierno". --Ustedes piensan convocar a los equipos de campaña de los candidatos a la presidencia para 1999. ¿Con qué objetivo y desde dónde? --Groenberg: Somos una ONG con absoluta independencia. Queremos ayudar para que la discusión sobre corrupción para el '99 no sea solamente para revisar el pasado. Los candidatos van a prometernos que a ellos no les va a pasar lo mismo. Nosotros pusimos en práctica la Audiencia Pública por un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad en la definición de los pliegos para licitar el Subte H. Lo ofrecemos como ejemplo de lo que una sociedad civil puede hacer. Necesitamos que nos muestren otros ejemplos concretos. --¿Por qué consideran que la Audiencia Pública es efectivo? --Moreno Ocampo: Cuando se convoca a las empresas a presupuestar una obra del Estado la trampa se hace siempre en la definición de los pliegos licitatorios. Una vez que están definidos no hay más posibilidades, ya se sabe quién va a ganar. La Audiencia Pública es un ámbito anterior. Asegura que en la definición de esos pliegos estén los empresarios competidores, junto con los dirigentes políticos opositores y la opinión pública con los periodistas. La idea es que en lugar de ser discusiones entre bambalinas, todos los sectores participen. Hoy, discutir solamente de los casos pasados es sufrir. Va a ser muy difícil recuperar el dinero que perdimos. --Se preocupan mucho por el compromiso de los políticos. ¿Desconfían? --MO: Aquí es necesario evitar que los políticos nos mientan sobre la corrupción en la próxima campaña. En su discurso permanentemente hablan de meter gente presa, algo que ellos no pueden hacer porque eso es responsabilidad de los jueces y para eso es necesario un sistema judicial eficiente. Pero hacia adelante no basta que ellos se proclamen limpios. Lo que deben hacer es dar seguridad de que nadie en su gobierno va a desviar fondos, o va a hacer una manipulación corrupta.
--¿No le importa el castigo? --G: Es importante castigar, pero no es lo que un político puede prometer porque es actividad de un juez. Y en esto hay una fantasía como con la seguridad. La idea es que si meto preso a algunos puedo terminar con el problema. Pero si van a la cárcel los cinco peores delincuentes que haya en Buenos Aires el fenómeno de la inseguridad va a seguir.
--¿Qué cambiaría con Audiencias en todas las contrataciones del Estado? --MO: Que va a haber mucha gente viendo cómo se gasta la plata. Si se la roban va a ser muy claro. En el caso de la coima de IBM-Banco Nación al principio se decía que nadie sabía nada, luego ya eran varios los que estaban enterados. Y ahora no se sabe si el Gobierno sabía algo. Con este modelo la información fluye de todos lados y por eso con Audiencia Pública el caso IBM no hubiera existido. Las empresas competidoras, hubieran dicho "esos 62 millones para el CCR son una locura". --¿Culturalmente los empresarios, el Gobierno y la oposición están preparados para asumir un modelo de control de este tipo? --MO: Se hace necesario imponerlo. Cuando apareció en Poder Ciudadano la base de datos con los antecedentes de los candidatos, era extraño y costaba. Ahora todos llevan la información. Está impuesto. --¿Qué plazo tendría el nuevo gobierno para una política anticorrupción? --G: Lo que tenga decidido debe ejecutarlo el primer día. El día doscientos es tarde, porque entonces ya son parte del problema.
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Una pista de
aterrizaje en el pueblito natal del Presidente Carlos Menem. Una suma de 300 mil pesos de
fondos secretos incorporada mágicamente al patrimonio personal de María Julia Alsogaray.
Un cargamento de 6.500.000 kilos de cañones y 4.500 fusiles exportados por Argentina en
forma ilícita. Un supuesto empleado del ex Concejo Deliberante que emerge haciendo tareas
de jardinería en la casaquinta de Fernando de la Rúa. El contrato entre IBM-Banco
Nación que hizo circular 37 millones de dólares en coimas. El juez federal Norberto
Oyarbide y una red policial implicados en la protección de prostíbulos. El emblema de la
peligrosamente naturalizada palabra "corrupción" se filtra en los actos
públicos y privados de los funcionarios. Buena parte del descontento popular tiene a la
corruptela como blanco de descarga. Así, a los candidatos para el `99 se les ha vuelto
inevitable incluir en sus plataformas promesas para que combatir la corrupción
deje algún día de ser una frase hecha. 
en la lucha de las sociedades civiles contra la corrupción, propone el escenario local
como el ideal para poner en marcha nuevas herramientas que eviten el robo al Estado en
contrataciones como la del escándalo IBM Banco Nación. En una entrevista con Página/12,
Luis Moreno Ocampo, presidente de TI para América Latina y el Caribe, y Cristian
Groemberg, director del Capítulo Nacional de la organización advierten sobre el peligro
de que los candidatos "sólo se queden en el discurso de meter presos a alguien y no
en plantear las medidas concretas para evitar que la corrupción se produzca en sus
propios futuros gobiernos". En palabras de Groemberg: "Es necesario que se
aparten del discurso maniqueo