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Por David Cufré  Telefónica embolsa
5 millones de pesos al año por el sobreprecio que impuso unilateralmente en las llamadas
desde teléfonos públicos. La tarifa básica de esas comunicaciones es de 22 centavos,
pero si el público quiere pagar con monedas, los aparatos sólo concretan la llamada a
cambio de 25 centavos. La Secretaría de Comunicaciones ignoró el beneficio hasta que la
Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua) se
presentó a la Justicia para reclamar por los derechos del público. Ahora el organismo
oficial quiere llegar a un acuerdo con la empresa para desactivar la demanda, recurriendo
al mismo sistema que aplica Telecom, que cobra 20 centavos por un pulso más corto.El súbito interés del ente oficial, después de casi tres años de indiferencia, coincide con el riesgo que afrontarían sus responsables en caso de que el fallo judicial favorezca a Adecua. Si eso ocurriera, el próximo paso de la entidad sería acusar al titular de la Secretaría, el electo vicegobernador por Córdoba Germán Kammerath, y a sus principales colaboradores, del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La querella también alcanzaría a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el ente regulador que debe velar por los derechos de los consumidores. “A cada usuario se le quita una cantidad mínima de dinero por cada llamada, pero considerando la totalidad de la afectación producida, el resultado es un perjuicio millonario”, advierte Adecua en su presentación judicial. La dispersión del daño “provoca una ausencia de incentivos de cada uno de los usuarios –considerados individualmente– para movilizar el sistema judicial o administrativo en protección de sus derechos”, aclara luego, para justificar su papel de demandante. De acuerdo al cálculo de la entidad, la ganancia de Telefónica por cobrar 3 centavos más las llamadas urbanas y 1 centavo adicional por las interurbanas –la tarifa oficial es de 44 centavos, pero los aparatos efectúan la comunicación sólo si se depositan 45 centavos– es de 5 millones de dólares al año. Si se agrega que desde abril de 1996 hasta marzo de 1997 la ficha valía 21 centavos (4 menos que lo cobrado), “la ganancia ilegítima hasta la fecha superaría los 10 millones de dólares”, estima Adecua. Telecom, en cambio, solicitó autorización a la Secretaría de Comunicaciones para acortar el pulso de las llamadas desde teléfonos públicos, a fin de que la tarifa sea de 20 centavos. Sin embargo, el organismo no tomó ninguna acción para intimar a Telefónica a utilizar el mismo sistema o, de lo contrario, forzarla a que los teléfonos den vuelto. En la Secretaría dijeron a Página/12 que recién ahora se negocia con la empresa para resolver el tema. Los abogados de la repartición entienden que con una rebaja del pulso a 20 centavos dejarán sin efecto la demanda planteada por Adecua. “Nosotros seguiremos adelante, porque aun si se elimina la fuente de la ganancia ilegítima, quedan dos puntos pendientes: que la empresa reintegre el dinero que obtuvo estos años, y que los funcionarios respondan por ello”, subrayó Sandra González, presidente de Adecua. La causa recayó en la jueza Clara María Dopico, que denegó el pedido de Adecua de una acción de no innovar. Es decir, intimar a Telefónica para que en un plazo perentorio disminuyera el valor del pulso o modificara el funcionamiento de los aparatos, adecuándolos para entregar el vuelto. Esa acción buscaba evitar que se siguiera produciendo el daño mientras se sustancia la causa. Pero la magistrada todavía no se pronunció sobre la cuestión de fondo, que en los hechos tendría alguno de esos mismos efectos, en caso de un fallo favorable a Adecua. La respuesta de Telefónica apuntó en dos direcciones. Por un lado, desautorizó a Adecua como querellante, amparándose en que aún no se reglamentó el artículo de la Constitución nacional que autoriza a lasligas de consumidores a actuar en casos como éste. Por otro lado, en virtud de que esa estrategia tendría pocas posibilidades de éxito, dado que la jurisprudencia favorece a la entidad demandante, Telefónica presentó un voluminoso informe con casos similares en Estados Unidos y Europa, en los que, asegura, la legislación justifica el accionar de las empresas de telecomunicaciones.
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