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| Por Raúl Kollmann
La avanzada situación de la causa por crímenes de guerra fue revelada ayer por Azul Noticias, que también presentó un listado de los oficiales más comprometidos. Son ellos: * Kent Lukowiak, un cabo de la Marina británica que confesó haber fusilado a un soldado argentino después de la rendición en la batalla de Monte Longdon. * Gary Sturge, paracaidista, que asesinó a sangre fría a un soldado que le pidió clemencia con un crucifijo en la mano. * Vincent Bramley, otro cabo que confesó también haber fusilado a un argentino después de que éste se entregó. La causa judicial fue investigada inicialmente por el juez Jorge Ballestero, pero tras un breve período se declaró incompetente por tratarse de hechos ocurridos fuera de la jurisdicción de la Capital Federal. Esto motivó que el expediente fuera remitido a Tierra del Fuego, la provincia que para la Constitución abarca a las Islas Malvinas. Allí también los jueces se declararon incompetentes hasta que la Cámara Federal, con fecha 2 de diciembre pasado, resolvió que "cabe el juzgamiento de las posibles violaciones de sus autores en ambos estados (la Argentina o Gran Bretaña), siguiendo las reglas comúnmente aceptadas en el derecho internacional. La potestad jurisdiccional prioritaria corresponde a nuestros jueces federales por razón del lugar en que ocurrieron los hechos, nacionalidad de las víctimas y naturaleza del delito". Además, la Cámara toma en cuenta que esos crímenes no fueron juzgados en Gran Bretaña por lo que ordena a la jueza Herraet de Andino que investigue los hechos. La magistrada efectivamente comenzó su trabajo y antes de iniciarse la feria judicial ya dio señales de que pedirá el comparendo de los oficiales implicados. Posiblemente a principios de febrero la jueza libre un pedido a la Cancillería para que notifique a las autoridades británicas que los oficiales deben declarar ante la Justicia y que están imputados por los fusilamientos de soldados argentinos indefensos. Si, como todo hace prever, Londres rechaza el pedido de la Argentina, la jueza ordenaría el arresto internacional de los oficiales, que quedarían así como prófugos. En realidad los mayores problemas de la causa no son sólo judiciales sino políticos. La decisión de la magistrada chocaría de frente con la estrategia de acercamiento y seducción del Gobierno Nacional y también con la categórica negativa a investigar de la administración británica. En el año '94 hubo un tímido intento en Londres para que se verifiquen las denuncias sobre los crímenes de guerra, pero tras una durísima campaña de la derecha británica, los casos fueron archivados.
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La jueza federal
de Río Grande Lilian Herraet de Andino podría pedirle en febrero a la Cancillería que
cite a declarar a tres oficiales ingleses involucrados en fusilamientos de soldados
argentinos en la Guerra del Atlántico Sur. La causa fue iniciada por los veteranos de
Malvinas y, después de pasar de un magistrado a otro, la Cámara Federal de Tierra del
Fuego ordenó a Herraet de Andino que investigue los hechos. En un principio, la jueza
determinó que los militares ingleses no fueron juzgados en su país y por lo tanto se
considera competente para citarlos por crímenes de guerra. Si Londres no acepta que sus
oficiales declaren, Herraet de Andino pedirá la extradición y los británicos no
podrían salir de su país, so pena de ser aprehendidos para ser enviados a la Argentina.
Es un caso similar al del dictador Augusto Pinochet, sólo que los afectados son militares
de la corona.