LA JUSTICIA INVESTIGA DEPARTAMENTOS NO DECLARADOS DE MARIA JULIA ALSOGARAY
El bulín de la calle Junín

Los fiscales investigan la propiedad y el origen de tres departamentos en la calle Junín, al lado del petit hotel donde vive María Julia. Ella había reconocido la propiedad de uno solo. Incidente con uno de sus custodios. La polifuncionaria del Presidente hizo una presentación espontánea a la Oficina de Etica del Gobierno. Allí, Mary July dijo que tenía un depto de 45 metros, pero no dio dirección ni costo alguno.

Desafiante hasta la irritacion Crónica de una señora

Por Susana Viau

El 22 de junio del ‘93 María Julia hizo doblete: festejó en un mismo acto la inauguración del petit hotel de Junín 1435 y el cumpleaños de su padre, el capitán ingeniero. Tenía buenas razones para celebrar: estaba por cumplir 51 años, llevaba cinco en tareas oficiales y contaba con la protección incondicional del Presidente. Era casi fatal que, siendo dama del menemismo, un coiffeur se cruzara en su vida: la casona de tres plantas y 650 metros cuadrados la compró a Eric Charretier, el estilista que arrastraba las erres en un aviso publicitario de champú. Obvio que no el que corrió en la noche del 22 de junio para hidratar las gargantas de los 130 invitados y regar el buffet froid, los crêpes y el helado de limón provistos por Susana Ewert. A ella, María Julia, “Julita” para el clan Alsogaray, se la vio espléndida metida a presión en el vestido de Elsa Serrano; radiante, como el set de aros, pulsera y gargantilla que los presentes calcularon en más de 3000 dólares. La ingeniera se había soltado definitivamente el pelo y disfrutaba construyendo para sí misma el perfil de personaje invulnerable, seguro, desafiante hasta la irritación.
Parece mentira que una mujer con esas agallas fuera engañada como una modistilla en esos mismos días por Ernesto Furlone, el contador que llevaba sus asuntos. El hombre, explicó ella a la DGI, jugó con su buena fe y su declaración de rentas, extendió recibos apócrifos, falsificó sellos del Banco Nación y vaya a saber qué desbarajuste hizo con la gruesa suma que le había entregado para saldar sus obligaciones impositivas. Una verdadera truchada la del contador. Lo que más le dolía a María Julia Alsogaray era que su distracción daba pasto a las fieras, habilitaba la maledicencia, pan cotidiano en un país que no perdona el éxito. Fue así nomás: le buscaron las cosquillas. Criticaron que una señora otoñal se diera el gusto inocente de posar como una cover girl, empañaron con la murmuración la transparencia de las privatizaciones, revolvieron basura hasta encontrar el precio de sus vestidos, de sus zapatos, de sus alfombras y hasta de la grifería de sus baños; admitió un pequeño departamento, pegadito al petit hotel, y ahora le sacan a relucir otros dos. Le habían advertido que la política es una jungla, pero nunca creyó que fuera para tanto. “No creas en las cosas que no te explican exhaustivamente”, le había aconsejado el padre a esa niña en la que descubría su vivo retrato. María Julia lo cita con frecuencia. Reproduce su estilo. A él, incluso, le debe ese modo de hablar, sin pelos en la lengua. Lo que se hereda no se roba.

Nicolaides reconoció la legitimidad de la causa

Por Adriana Meyer

El último jefe del Ejército durante la dictadura, Cristino Nicolaides, reconoció la “legitimidad” de la causa sobre la sustracción sistemática de los hijos de los desaparecidos, y se transformó en el primer militar imputado en ese proceso que admite la validez e incluso elogia la investigación que lleva adelante desde hace dos años el juez federal Adolfo Bagnasco, cuya carátula –paradójicamente– lleva su nombre. “Humildemente entiendo que estos hechos nunca fueron juzgados como tales y es saludable que se esclarezcan”, afirmó Nicolaides por escrito, en un explícito rechazo del argumento de la “cosa juzgada”, favorito de sus ex camaradas de armas. Sin embargo, el teniente general retirado que reside en Córdoba volvió a faltar a la citación prevista para ayer, aduciendo padecer una angina de pecho. Bagnasco esperará un nuevo informe de los médicos forenses, antes de resolver cuándo y dónde declarará este represor.
“Estoy absolutamente de acuerdo con que se investiguen hechos de presunto tráfico ilegal de niños recién nacidos, ocurridos durante el gobierno militar”, expresó Nicolaides en el escrito al que tuvo acceso este diario, presentado ayer sin el patrocinio de ningún abogado (aunque con evidente asesoramiento jurídico). Pero en el párrafo siguiente aclaró que durante su “comando nunca se presentó un caso” de una detenida que estuviera embarazada, porque “no se practicó ningún tipo de detención”. Sin embargo, agregó que “aun en la hipótesis sustentada por el fiscal de que hubieran existido directivas secretas relativas a un plan sistemático de sustracción de menores, éstas debieron necesariamente haber sido confeccionadas por un órgano del cual no participé y con mucha anterioridad al tiempo de mi comando”.
La mayoría de los militares imputados en esta causa intentaron evitar ser procesados o ir presos con diferentes recursos. Recusaron al juez por enemistad manifiesta y prejuzgamiento, apelaron al argumento de la “cosa juzgada”, adujeron que los delitos que se les imputan están prescriptos, o invocaron la jurisdicción de la justicia militar. En sus declaraciones ante la Justicia, deslindaron responsabilidades hacia arriba y hacia abajo en la cadena de mandos y señalaron –casi sin excepciones– que la “lucha antisubversiva” comenzó antes del golpe de Estado de 1976 y ellos sólo se limitaron a cumplir las directivas emanadas por el gobierno de Isabel Martínez de Perón.
Nicolaides se apartó de la estrategia fijada por sus predecesores y llegó al punto de hacer suya la posición de la fiscalía, en cuanto al rechazo del argumento de la “cosa juzgada” y a la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores. “Entiendo que estos hechos nunca fueron investigados como tales y es saludable que se esclarezcan, ya que los investigados lo fueron por casos muy aislados”, afirmó el militar. A modo de conclusión, aseguró que esos hechos “lesionan el orden jurídico, inclusive en lo internacional, como el narcotráfico y el terrorismo”.
Los comandantes fueron juzgados por la Cámara Federal en 1985 por el secuestro de sólo seis bebés, porque eran los únicos casos que se habían logrado documentar. En los últimos años, los familiares de los desaparecidos y grupos de derechos humanos lograron reunir datos sobre centenares de casos similares y consiguieron restituir más de 60 jóvenes a sus parientes biológicos. En principio, las causas que investigan delitos relacionados a menores estuvieron enfocadas hacia los autores materiales. Pero los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo plantearon la teoría de la autoría mediata, por la cual los máximos jefes militares podrían ser juzgados, por haber otorgado impunidad a lo que el mismo Nicolaides denominó como “un sistema infame de apropiación de los hijos de los detenidos”.
El ex jefe del Ejército evidenció tener clara conciencia de que sus pares pueden aún terminar tras las rejas, en los juicios que investigan elrobo de los bienes de los detenidos, al expresar su deseo de que se investigue también “a quien se enriqueció ilícitamente en ocasión de sus funciones en el gobierno del que –en su última etapa– formé parte”. Pero no pudo escapar al remanido argumento de los “errores y excesos” con que los uniformados siempre intentaron justificarse. “Seguramente he tomado algunas decisiones erradas en mi carrera militar o incurrí en falencias como Presidente, pero nunca delinquí”, afirmó un Nicolaides “político”, como si haber negociado con los hombres de la incipiente democracia lo exculpara de su responsabilidad –por ejemplo– en la masacre de Margarita Belén, por la cual llegó a estar procesado.
En su escrito, Nicolaides negó que durante el período en que integró la última Junta Militar haya habido desapariciones o centros clandestinos de detención. Sin embargo, omitió mencionar la orden que él dio el 5 de diciembre de 1983, por la cual fueron incinerados documentos referidos a la “lucha antisubversiva”. Y también se olvidó de haber elaborado el “Documento Final” con el que dieron por muertos a todos los desaparecidos. Durante los feroces primeros años de la dictadura había sido jefe de las Subzonas 23 y 53, y de las zonas 4 y 5, y como tal estuvieron bajo su mando los campos de concentración de esas regiones. El represor le confesó al juez Bagnasco que lo “atormenta” que se lo involucre en el robo de niños, porque hechos de esa naturaleza “no tuvieron nada que ver con la defensa de los principios que defendí y que –con posterioridad– han sido cuestionados por algunos sectores de la sociedad”.

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