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Por David Cufré  Ocho empresas de
autotransporte comunicaron que a partir del 15 de enero suspenderán a 400 trabajadores, a
raíz de la crisis económica que padecen por la competencia de micros irregulares. Si la
situación no se resuelve en un plazo perentorio, las compañías adelantaron que habrá
despidos masivos. El conflicto estalló en la zona sur del conurbano bonaerense, por donde
circulan unos mil colectivos y combies truchos, pero amenaza extenderse a otros distritos
de la provincia. El sindicato de los choferes respondió que si las suspensiones se
efectivizan, encarará un plan de lucha con un paro de transporte a nivel nacional.
Entretanto, los organismos oficiales involucrados en la cuestión mantienen silencio de
radio.Los empresarios decidieron tomar una medida extrema para llamar la atención de las autoridades sobre un tema que, aseguran, les ocasiona un grave perjuicio económico: la proliferación de micros sin habilitación. De acuerdo a un estudio de la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en todo el conurbano la pérdida de recaudación para las compañías regulares alcanza a 300 millones de pesos al año. Los partidos de Quilmes y Florencio Varela son los que vieron crecer de manera vertiginosa a los colectivos truchos. Justamente, por allí circulan las líneas 266, 278, 247, 257, 293, 395, 500, 79, 177, 263 y 403 (las últimas cuatro pertenecen a una sola empresa, San Vicente), que son las que se aprestan a suspender a 400 choferes, en dos tandas de quince días a partir de mediados de este mes. Los afectados no cobrarán un peso mientras dure la medida. “La falta de respuesta de las autoridades nos forzó a tomar una decisión que intentamos evitar durante mucho tiempo. Pero ya no podemos más. Si no aplicamos las suspensiones, tendremos que despedir personal”, señaló a Página/12 Camilo Gómez, gerente general de la empresa San Vicente y director de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap). La queja de los empresarios radica en que los órganos de control a nivel nacional, provincial y municipal no combaten a los micros irregulares. “Ellos no pagan ingresos brutos, patentes, cargas sociales, seguros, ni tienen la obligación de renovar el parque automotor. Obviamente, su costo de operación es muy inferior, y por eso pueden cobrar pasajes más baratos”, puntualizó Héctor Tilve, presidente de Ceap. “Las denuncias son innumerables. Pero las autoridades sólo hacen promesas y nunca resuelven el problema”, añadió el empresario. Gómez, por su parte, aseguró que las suspensiones podrán evitar momentáneamente despidos masivos, pero dijo que si no se erradica a los colectivos truchos, “durante el primer semestre las empresas más afectadas tendrán que echar a mil trabajadores”. El servicio irregular cobra hasta el 50 por ciento menos que las empresas habilitadas. Además de Quilmes y Florencio Varela, existe una gran cantidad de micros truchos en los partidos de La Matanza, Morón y San Martín. El fenómeno se está extendiendo en el interior del país, especialmente en Córdoba, Salta, Tucumán y Misiones. “Utilizan nuestros mismos recorridos, pero en lugar de cobrar 70 centavos, en algunos casos el pasaje cuesta 35 centavos”, indicó Gómez, quien consideró que “se trata de organizaciones mafiosas, que tienen montado un sistema de comunicación por radio entre los distintos colectivos para evitar los controles”. Según dijo, cuando la Comisión Nacional de Regulación del Transporte –organismo de control de la Capital Federal– realiza un operativo de inspección, los choferes se conectan entre sí para dejar de circular. Hoy habrá una reunión de las cuatro cámaras que agrupan a las empresas del conurbano bonaerense para definir si se concretan las suspensiones. De ser así, el sindicato de los choferes lanzará un paro nacional. “No vamos a aceptar que la inoperancia de los funcionarios sea pagada por los trabajadores”, señaló a este diario Juan Manuel Palacios, secretario general del gremio.
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