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 El régimen
cubano tuvo un regalo por el 40 aniversario de su fundación desde el lugar más
inesperado: el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, anunció que el embargo
económico que pesa sobre el país sería sensiblemente aliviado en algunos puntos.
“Incrementar los contactos con el pueblo cubano”, fue como el presidente
calificó las medidas que reanudan el servicio postal y amplían los vuelos y los giros
postales a la isla. Por otro lado, la Casa Blanca ratificó su voluntad de “mantener
la presión sobre Fidel Castro”. En efecto, en el mismo día rechazó el proyecto de
los ex secretarios de Estado Henry Kissinger y Laurence Eagleburger de formar una
comisión bipartidista para “revisar fundamentalmente” el bloqueo económico a
la isla. “Ayudar al pueblo cubano sin fortalecer al gobierno de Castro.” Clinton tuvo ayer algo tanto para los enemigos del embargo cubano como para sus partidarios. Para los primeros, además de las medidas en favor del “contacto con el pueblo cubano” (como la reanudación de correo), Clinton levantó las restricciones para el envío de alimentos y productos agrícolas a “organizaciones no gubernamentales”, o sea al sector privado. Asimismo, Estados Unidos enviaría al equipo de béisbol (“Los Orioles de Baltimore”) para un encuentro amistoso con la selección nacional cubana –con la condición de que las divisas no vayan a parar a las arcas del régimen–. La repetida obsesión de la Casa Blanca para evitar beneficiar al gobierno cubano responde a las presiones que recibe del lobby anti-Castro de los exilados cubanos. Aunque debilitados por la muerte de su líder Jorge Mas Canosa en 1996, los anticastristas todavía forman un factor poderoso en el Congreso, con dos legisladores republicanos por Florida respondiendo directamente a ese grupo. Clinton intentó complacerlos con una serie de medidas para “lograr un camino democrático”, es decir el derrocamiento de Fidel Castro. Renunció a la “revisión” del embargo, y aumentó los fondos a los medios anticastristas Radio y TV Martí, ambos basados en Miami. Predeciblemente, las venias de la Casa Blanca a sus demandas no fueron suficientes para los anticastristas, que denunciaron las medidas como “ilegales” por violar la resolución Helms-Burton de 1996, y atacaron al gobierno por su “intento de normalizar las relaciones con el dictador cubano”.
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