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Por Pedro Lipcovich  El actual régimen
penal para menores fomenta la delincuencia, pero no porque disfruten de una
inimputabilidad que los exima de castigo sino porque, todo lo contrario, sin derecho a
defensa en juicio se los envía a los reformatorios donde aprenden a delinquir. En esto
coinciden los especialistas consultados por este diario, y ya hay una ley con media
sanción en Diputados que otorgaría a los menores el derecho a un juicio justo. La
polémica se actualizó ayer cuando fueron detenidos dos chicos de 14 años acusados de
asesinar el lunes a una mujer que se detuvo en un semáforo (ver aparte). Pero “los
que dicen que por sólo bajar la edad de imputabilidad bajará el delito, están más
cerca de la venganza que de la justicia”, según el criminólogo Elías Neuman. Entre 1996 y 1998 la cantidad de menores que cometieron delitos aumentó en un 33 por ciento, según el Instituto de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana. Cíclicamente reaparece la demanda de mano dura contra los menores que delinquen. Hace poco más de tres meses el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, propuso bajar a 16 años la edad de imputabilidad. Pero la mano dura ya existe: “Los chicos transgresores, y también muchos que son víctimas desprotegidas, van a parar a los reformatorios, a veces hasta los 21 años, y allí no hay uno que no sea violado y golpeado, y están mal alimentados y no reciben educación y salen, llenos de resentimiento, a delinquir”, lo describe el criminólogo Elías Neuman. La diputada Carmen Banzas es coautora del proyecto de ley de protección de los derechos del niño y del adolescente que fue aprobado por unanimidad en la Cámara baja: “Con la legislación actual, que data de 1919, los chicos no pueden hacer valer su inocencia, no tienen abogado que los defienda. Ante la mera sospecha el juez puede disponer la internación hasta los 21 años”. En realidad, el castigo se aplica sin necesidad de culpa: “Sucede que un padre abuse sexualmente de su hijo y el juez, para ‘protegerlo’, lo interne en un instituto de menores”. El proyecto no modifica la edad de imputabilidad, con responsabilidad penal plena a partir de los 18 años y medidas punitivas atenuadas desde los 16. Gloria Bonatto, abogada especializada en menores que integra el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, acuerda en que “no se puede aplicar la ley penal de adultos a chicos que no hayan cumplido los 18, ya que antes de esa edad no se da la capacidad completa de comprender el delito”. Sin embargo, para Bonatto hay que tomar en cuenta el límite entre la niñez y la adolescencia: “Diversos pensadores del derecho de niños sostienen que desde los 14 o 15 años ya pueden hacerse cargo de que han cometido un hecho disvalioso, que tiene consecuencias”. Quiere decir que estos chicos están en condiciones de ir, con todas las garantías, a lo que Bonatto llama un juicio educativo: “Primero, el lugar donde se efectúa el juicio debe ser adecuado a la mente del chico; el ambiente de los juicios orales actuales suele ser en cambio intimidatorio. El juicio debe desarrollarse en un lenguaje que el chico entienda, debe poder seguir todo el desarrollo del proceso, acompañado por profesionales entrenados. Escuchar a los testigos ratificar que él cometió el delito es fuerte y lo ayuda a entender que su conducta fue disvaliosa. Siempre, asistido por un abogado que lo defienda. Actualmente, por el contrario, los chicos de 16 a 18 van a juicios que muchas veces no entienden”. Las penas en estos juicios para casos leves podrían partir de la amonestación: “El juez le requiere que no vuelva a cometer el hecho y compromete a la familia en esa amonestación. O bien, medidas como obligarlo a completar los estudios o realizar trabajos comunitarios. En casos graves, podría disponerse la internación del menor”. La internación no sería en reformatorios. “Ya existen hogares sustitutos: algunos son de organizaciones gubernamentales, como Pelota de Trapo, donde los chicos manejan una de las imprentas más importantes de laprovincia de Buenos Aires; otros provinciales, como el barrio de hogares sustitutos que desde hace 25 años hay en La Rioja. Y hay que crear centros de ayuda a los menores que son víctimas –concluye Neuman–. Pero el Estado mantiene los reformatorios”.
ASALTOS Y MUERTES EN EL GRAN BUENOS AIRES
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La saga empezó
la noche del martes, cuando un joven asaltó a un policía, en Lanús, y huyó hacia una
villa de la zona. El cabo Roque Mona, de 34 años, fue interceptado mientras conducía por
el barrio Villa Diamante. Luego de robarlo, el asaltante gatilló dos veces su arma contra
la hija del policía pero los proyectiles no salieron.