Por Maximiliano Montenegro
 Para las malas
noticias provenientes del INDEC no hay vacaciones. Los datos de distribución del ingreso
de la encuesta de hogares de octubre, terminados de procesar ayer, revelan que el pan se
corta cada vez más desigual. En octubre pasado, una persona perteneciente al décimo más
rico de la población ganaba casi 25 veces más que una del décimo más pobre. En octubre
del ‘97 esa diferencia era de 22 veces. Semejante salto en la concentración en un
año en que –también según cifras oficiales– aumentó el empleo, se debe a la
precariedad de los nuevos puestos de trabajo. Las remuneraciones de los empleos peor pagos
siguieron cayendo mientras que mejoraron notoriamente para el estrato alto.
En la tarde del lunes, el secretario de Programación Económica, Rogelio Frigerio, se
reunió en secreto con la plana mayor del INDEC. El tema fue excluyente: los últimos
datos de ingresos procesados por el organismo oficial de estadísticas. Allí, Frigerio,
uno de los pocos colaboradores de Roque Fernández que permanece en Buenos Aires,
preguntó si había alguna manera de darle una interpretación positiva a la información.
Pero los técnicos fueron categóricos: “es imposible, los datos son muy
negativos”, respondieron. Por eso, en Economía decidieron postergar hasta después
de la próxima encuesta de hogares de mayo la aparición de un nuevo boletín que
incluiría, por primera vez, un análisis de la distribución del ingreso.
Página/12 ya había informado que la encuesta de hogares relevada en agosto anticipaba un
aumento importante en la concentración del reparto. Pero, según los expertos del INDEC,
las cifras de octubre pasado sólo pueden ser comparadas con las de octubre del ‘97,
para saltear las variaciones estacionales en los ingresos.
Para medir la distribución el organismo oficial ordena a la población en diez grupos de
igual cantidad de personas. En octubre, el décimo más rico de la población acaparaba el
36,9 por ciento del total del ingreso, contra 35,3 en octubre del ‘97 y el 26,7 a
comienzos de los ochenta. En cambio, el grupo más pobre de la población, en octubre, se
quedaba con un mísero 1,5 por ciento de la torta, contra 1,6 por ciento en octubre del
‘97 y 3,2 por ciento a principios de la década pasada.
En las estadísticas internacionales se suelen presentar estas cifras dividiendo a la
población en cinco grupos. De allí surge que en Argentina el quinto más acomodado se
adueña hoy del 53 por ciento del ingreso, un nivel de concentración que confirma que
Argentina está cristalizando uno de los repartos más injustos del mundo. Según datos
del Banco Mundial, en América latina el quinto más rico se apropia del 52,9 por ciento
del ingreso, en Medio Oriente y el Norte de Africa el 45,4 por ciento, en Estados Unidos
el 41 por ciento, en el Sudeste Asiático el 40 por ciento y en Europa el 38 por ciento.
Otra forma de medir la desigualdad es comparar los ingresos promedio entre el grupo que
está en la cúspide de la pirámide y el que está en la base. Así, una persona del 10
por ciento más rico gana hoy casi 25 veces más que una del sector más bajo (ver
gráfico), cuando a principios de la convertibilidad ganaba 15 veces más.
Los datos de octubre sorprendieron a medias a los funcionarios de Economía. Por un lado,
tenían la esperanza de que la creación de empleo del último año (320 mil puestos
según el INDEC) contribuyera a mitigar la desigualdad. Pero, por otro lado, sabían que,
como publicó Página/12, el 80 por ciento de los nuevos empleos son informales, muy
inestables y con bajísimas remuneraciones.
Mas aún, los resultados de la encuesta ratifican así que la prosperidad de los sectores
bajos y una distribución más igualitaria no está asociada con la mera reducción de la
desocupación. En octubre pasado la desocupación se ubicó en el 12,4 por ciento frente
al 13,7 por ciento en igual mes del ‘97. Sin embargo, no sólo empeoró la posición
de lossectores bajos en comparación con los altos sino que, encima, hubo un deterioro en
los ingresos en términos absolutos, que acentúa la pauperización. En el último año
los ingresos del grupo menos favorecido cayeron un 2 por ciento y ya acumulan una baja del
18 por ciento en relación a octubre del ‘94, unos meses antes del efecto tequila
(ver cuadro). En cambio, sólo en el último año, los ingresos del grupo más acomodado
se incrementaron más del 10 por ciento.
En los sondeos del INDEC existe una evidente subdeclaración en las remuneraciones de los
sectores altos por miedo a que los inofensivos encuestadores del organismo aporten
información a la DGI. Así, de ajustarse las cifras, según los expertos, la
concentración sería todavía mayor.
EL 70 POR CIENTO NO LLEGA A UNA CANASTA
FAMILIAR
Más ricos, a costa de los pobres
Por M.M.
En más de una ocasión,
Roque Fernández desacreditó la validez de las cifras de distribución del ingreso
argumentando que podía darse la situación de una sociedad muy desigual, pero en la que a
todos les fuera mejor. Por caso, el ejemplo preferido de Roque es Estados Unidos, donde
los ricos son cada vez más ricos pero no a costa de los pobres, que también mejoran su
situación personal.
Sin embargo, los últimos datos del INDEC son una prueba irrefutable de que este principio
no se aplica a la Argentina. En el último año, el ingreso de un individuo perteneciente
al décimo más pobre de la población cayó un 2 por ciento (de 107 a 105 pesos
mensuales). Y la baja es de nada menos que un 18 por ciento si la comparación se realiza
entre octubre pasado e igual mes del ‘94: los ingresos se reducen de 128 pesos
mensuales a 105 pesos.
Por el contrario, el ingreso de un individuo del 10 por ciento más rico aumentó en el
último año un 10 por ciento (de 2364 pesos a 2610 pesos). Aún contemplando la grosera
subdeclaración de ingresos que existe en este estrato, por cuestiones impositivas, la
encuesta del INDEC en los últimos años no varió en absoluto y, por lo tanto, es un
excelente termómetro para medir cómo evolucionaron las remuneraciones (salarios e
ingresos independientes) a ambos extremos de la pirámide.
En Capital y Gran Buenos, según los datos del INDEC de octubre, el 70 por ciento de las
familias vive con menos de 880 pesos mensuales. En esta situación se encuentran casi 2
millones de hogares, en los que habitan unos 6 millones de personas. De acuerdo con los
cálculos de FIDE (Fundación de Investigaciones para el Desarrollo) una canasta de
consumo básica cuesta 1035 pesos mensuales. Todavía más alarmante es la situación de
un 40 por ciento de las familias de la región (1,2 millones de hogares), que deben
arreglárselas con un ingreso total inferior a los 571 pesos mensuales. El 10 por ciento
más pobre de las familias (320 mil en el área metropolitana) sobrevive con apenas 174
pesos mensuales.
Tras cinco años, Kohan se acordó del
salario mínimo
Por Claudio Zlotnik
Después de cinco años y
medio sin variación, el Gobierno impulsará un incremento del salario mínimo, vital y
móvil, anclado en 200 pesos desde julio de 1993. “La convocatoria al Consejo del
Salario Mínimo, Vital y Móvil es el primer paso para discutir eso. El Gobierno tiene
intenciones de aumentarlo; está analizando esa posibilidad”, aseguró ayer el
secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan. La CGT aplaudió la iniciativa. Y un
dirigente de la central obrera adelantó a Página/12 que se propondrá llevar el salario
mínimo a 300 pesos y repartir la mayor recaudación por aportes patronales para mejorar
los haberes de los jubilados que cobran el mínimo.
“Esta es una vieja aspiración de la CGT. Los 200 pesos de salario mínimo son una
miseria; con el aumento pretendemos ir blanqueando el desfase que existe entre la parte de
los sueldos que se cobra en mano y lo que se detalla en los recibos de sueldo”,
comentó Rodolfo Daer, el titular de la central obrera, en diálogo con Página/12.
Enterados de la convocatoria, empresarios consultados por este diario prefirieron hacer
silencio de radio sobre el asunto. “Lo que más nos preocupa es la manera en que se
instrumentará la rebaja de aportes patronales. El tema del salario mínimo empezaremos a
analizarlo recién el mes que viene”, apuntó un directivo de la UIA.
Sindicalistas, empresarios y funcionarios del Ministerio de Trabajo estarán cara a cara
el próximo 20 de febrero. La CGT y el Grupo de los Ocho habían cortado el diálogo
institucional a principios de setiembre último, cuando el Congreso aprobó la reforma
laboral, resistida por los empresarios. La propuesta de convocar al Consejo del Salario
Mínimo, Vital y Móvil partió de boca de Daer hace dos semanas, cuando los popes de la
CGT se entrevistaron con Carlos Menem para pedirle que promulgue la ley que impone topes a
las tasas de interés que cobran los bancos para la financiación con tarjetas de
crédito, tal como salió del Congreso en diciembre. Daer confió a Página/12 que el
Consejo podría determinar el aumento hacia fines de marzo.
“Un incremento en el salario mínimo permitirá un aumento en la recaudación de
aportes y contribuciones, de manera tal que también se podrán actualizar los haberes
mínimos jubilatorios que hoy están en 150 pesos”, se esperanzó Daer. Desde el
sindicalismo opositor, Marta Maffei, se mostró a favor de que se incremente el salario
mínimo, pero, al mismo tiempo, planteó objeciones y una sospecha. “La medida
tendría importancia en la recaudación si, al mismo tiempo, no se estuviese programando
una rebaja de los aportes patronales. Además, presiento que las verdaderas causas de la
mejora sean los mayores beneficios que terminarán percibiendo las obras sociales
sindicales”, señaló a este diario la dirigente de la CTA.
En caso de que el Consejo del Salario dictamine un incremento –lo que se lograría
con los votos positivos del Gobierno y de la CGT y aunque se opongan los
empresarios–, los principales beneficiarios serían todos los trabajadores que ganan
menos de 300 pesos mensuales. Y aquellos que deban percibir alguna indemnización.
Además, es probable que el aumento tenga el efecto de levantar la escala salarial en
aquellos empleos en donde haya empleados que ganan el mínimo. En la central obrera aún
desconocen la cantidad de trabajadores que involucrará en forma directa la medida.
“Sabemos que son muchos, de todas las provincias. Empleados públicos y de empresas
inescrupulosas que evaden los impuestos”, sentenció Daer.
“Estoy de acuerdo con que se vuelva a reunir el Consejo del Salario. No podía ser
que la situación de un montón de trabajadores que están en juicio estuviera indefinida
porque el Gobierno lo dejó acéfalo”, reveló el abogado laboralista Héctor
Recalde.
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