Por Julio Nudler
 Al aplicarles el
IVA a sus afiliados, las prepagas de salud están olvidando un pequeño detalle: bajar la
cuota en proporción al impuesto que ellas pagan a sus proveedores y que ahora, gracias a
que se suprimió la exención del servicio que prestan, podrán deducir en su declaración
mensual a la DGI, desapareciendo como costo. Fuentes del sector, a las que Página/12
planteó esta cuestión, le restaron importancia al punto, calculando el ahorro en no más
de un 2 por ciento. Pero si las empresas de medicina trasladaran este beneficio a sus
asociados, éstos se ahorrarían unos 37 millones de pesos por año. Expertos
independientes calculan, por su parte, que la reducción de costos rondará probablemente
el 5 por ciento. Por tanto, si antes de cargar el IVA las prepagas no bajan el precio de
sus planes en esa medida, la sobrefacturación resultante sumará más de 92 millones en
el año, para el conjunto del sector.
A pesar de que cualquier conocedor de la mecánica de créditos y débitos fiscales que
caracteriza al Impuesto al Valor Agregado sabe que la extensión de este tributo a un
sector antes exento le provoca una reducción de costos impositivos, la generalidad de las
prepagas ha optado por mantener sus precios y añadirles la alícuota del 21 por ciento.
Esta es una lista no exhaustiva de los conceptos por los que esas empresas pagaban el IVA
sin poder luego recuperarlo: teléfonos, luz y otros servicios públicos (cuya tasa es del
27 por ciento); honorarios de estudios contables y jurídicos; contratos con empresas
promotoras; materiales para la administración y otros departamentos; servicios de
transporte de cargas; rodados.
Suponiendo que todo ese IVA soportado por las prepagas, con tasas del 21 o del 27 por
ciento, según los casos, representara un 5 por ciento del costo total, ahora
correspondería que esas firmas redujeran en igual medida el precio de sus coberturas,
para recién entonces cargarles el IVA a sus abonados. Suponiendo una cuota de $ 100, que
con el impuesto trepa a $ 121, si aquella fuera rebajada a $ 95 por el 5 por ciento de
caída en los costos, el resultado con IVA sería de $ 114,95. La diferencia de 5,05 pesos
no es achacable al impuesto sino a un aumento liso y llano del margen de ganancia de las
prepagas.
Estas aducen algunas razones para contradecir esta conclusión. Plantean, por ejemplo, que
la facturación con IVA les ocasiona costos por la necesidad de modificar los programas
informáticos. Afirman también que deberán afrontar con sus propios recursos el impuesto
que les facturen a clientes que luego no paguen. En este sentido, sostienen que hay un 10
por ciento de morosos, y que un tercio de éstos termina de baja. Aseguran igualmente que
los costos del sistema no dejan de subir por el encarecimiento de los remedios y por el
empleo cada vez más frecuente de métodos más sofisticados (tomografías, resonancias,
cateterismos, etc.). Pero los argumentos más fuertes son otros.
El más impactante es que, a medida que se encarece la cuota, los clientes sanos van
borrándose, mientras que los enfermos en tratamiento afrontan cualquier sacrificio con
tal de no perder la cobertura. De este modo, cuanto más costoso es el servicio, más
achacosos son en promedio los afiliados y más altos los costos para la prepaga. En
general, en el sector calculan que la deserción de asociados es proporcionalmente igual a
las subas del precio. Por tanto, el añadido del IVA a las facturas podría provocar una
merma del 20 por ciento en la masa de afiliados. Como éstos suman 2,2 millones, habría
que esperar la baja de unos 450 mil. Sin embargo, es posible que buena parte de éstos
intenten esquivar el impacto pasándose a planes más baratos.
Según los estrategas, cuando las empresas pulsen la reacción de la clientela ante esta
violenta suba y estén en la calle las resoluciones faltantes, las prepagas decidirán su
táctica, que puede incluir una política agresiva de bonificaciones para retener o atraer
asociados.
¿Torpeza o mano negra?
Por J.N.
Un solo día puede valer tanto como todo un
año, según enseña la insólita gaffe cometida con la ley 25.063, que entre otras cosas
aumenta de 33 a 35 por ciento la alícuota general del Impuesto a las Ganancias. De hecho,
aunque la DGI tenía todo preparado para emitir la resolución destinada a que los
contribuyentes ajustaran sus anticipos, efectuados en base a la tasa anterior, los
borradores terminarán en el papelero.
Unos se inclinan por pensar que fue pura torpeza. Otros, más conspirativos, creen ver la
mano negra de Roque Fernández detrás del episodio, para disgusto de Carlos Silvani, jefe
de la AFIP. De cualquier modo, lo cierto es que el reajuste de la alícuota regirá para
las sociedades a partir del año actual, y no de 1998, como todo el mundo tenía
entendido. La increíble demora en promulgar y luego publicar la ley determinó, al final,
que por un solo día el fisco se perdiera todo un año de recaudación.
La ley fue sancionada el 7 de diciembre por el Senado, sin modificar nada del proyecto que
recibió de Diputados el 9 de setiembre. El Ejecutivo tardó empero hasta el 24 de
diciembre para promulgarla parcialmente, y el Boletín Oficial recién la publicó el 30.
Por tanto, según establece la propia norma, ésta entró en vigencia el 31 de diciembre
de 1998. Sin embargo, respecto del aumento en la alícuota de Ganancias el correspondiente
artículo dispone que regirá para los ejercicios que cierren con posterioridad a la
entrada en vigencia de la nueva ley. Esto significa que sólo afecta a los balances
cerrados a partir del 1º de enero de 1999.
Dos de cada tres grandes empresas, y casi todas las multinacionales, cierran sus estados
contables el 31 de diciembre, por lo que, sorpresivamente, han logrado dejar a salvo del
aumento todo un ejercicio. |
CUESTIONAMIENTOS AL EJECUTIVO
Ahora, todos pegan
El clima
político del verano se calentó con los cambios en la política impositiva definidos en
los últimos días por el Ejecutivo. La alianza UCRFrepaso y el bloque de diputados del PJ
coincidieron en criticar medidas implementadas desde el Ministerio de Economía con apoyo
del presidente Carlos Menem. Ambos sectores cuestionaron el aumento del IVA a la medicina
prepaga, pero mientras la Alianza planteó el otro eje de rechazo en el aumento de los
anticipos del impuesto a las ganancias, el bloque justicialista apuntó contra el veto a
los topes en los intereses de las tarjetas de crédito.
A través de un documento firmado por sus cinco principales referentes -Raúl Alfonsín,
Carlos Chacho Alvarez, Fernando de la Rúa, Graciela Fernández Meijide y Rodolfo
Terragno–, la Alianza le enrostró al Gobierno su imprevisión para medir las
consecuencias de la crisis financiera internacional y cargar los costos “sobre las
espaldas de los que menos tienen”.
“En lugar de implementar medidas de combate a la evasión y políticas que atiendan a
promover el desarrollo económico y una mejor distribución del ingreso –afirma la
coalición opositora–, se aumenta hasta límites intolerables la presión tributaria
sobre todos los sectores de la comunidad”. Refiere que al aumento del IVA a la
medicina prepaga al 21 por ciento, “se agrega la declarada intención de aumentar los
anticipos de ganancias de las personas físicas y las sociedades”. Según lo
anunciado por Economía, este año se contempla cobrar como anticipos el 96 por ciento del
impuesto que se hubiera declarado en el ejercicio anterior, en vez del 90 por ciento como
regía hasta ahora.
“Este panorama sombrío –agrega– se oscurece aún más con la
renegociación de concesiones en áreas esenciales que ha derivado en fuertes aumentos de
precios que golpean a los usuarios”. La Alianza sostiene que estas medidas “son
el fruto de la incapacidad gubernamental para combatir la evasión” y agrega que
“condicionan seriamente los márgenes de maniobra del próximo gobierno”.
Por su parte, el titular del bloque justicialista de Diputados, Humberto Roggero, anunció
formalmente que ese sector rechazará los vetos dispuestos por el Ejecutivo sobre la Ley
de Reforma Impositiva y a la Ley de Tarjetas de Crédito, por la cual se le imponía un
máximo a las tasas de interés que cobran las emisoras de dichos instrumentos de pago.
“Hay funcionarios de segunda que tendrían que leer la Constitución”, dijo
Roggero en referencia a los miembros del equipo económico, aludiendo a las cláusulas que
inhiben al Ejecutivo de modificar normas tributarias votadas por el Congreso. A su vez,
acusó a la Alianza de ser “contradictoria” con sus propios economistas, a
quienes atribuyó apoyar las modificaciones a la ley tributaria impulsadas por el gobierno
nacional.
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