Por Carlos Rodríguez
 Desde su lugar de
descanso, en Chapadmalal, el presidente Carlos Menem minimizó la protesta de miles de
personas que piden comida frente a los supermercados. Sostuvo que “no es cierto”
que lo hagan por hambre y aseguró que se movilizan para favorecer “un negocio que
tiene (Raúl) Castells”, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y
Pensionados, uno de los grupos que organizan los reclamos y que amenazó con repetirlos
“hasta que el Gobierno acceda a entregar 50 mil kilos de comida mensuales para
distribuir en las provincias”. Según Menem, “la situación económica argentina
es puesta como ejemplo en el mundo” y por eso se enojó cuando le insinuaron que su
mandato podría terminar igual que el de Raúl Alfonsín, asediado por los saqueos y el
descontento: “Es una comparación temeraria y absurda”, puntualizó el
Presidente. A las críticas formuladas por los obispos, se sumó la de un ex colaborador
del Gobierno.
El ex titular del INdEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) Héctor Valle, quien
renunció al cargo en la primera etapa del gobierno menemista por discrepancias con el ex
ministro Domingo Cavallo, trazó un panorama dramático en lo que respecta a la actual
situación socioeconómica. Valle afirmó que en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires
“el 33 por ciento de las familias tiene ingresos inferiores a los 300 pesos” y
en el conurbano “el 70 por ciento está por debajo del costo de la canasta
familiar”, que situó en el orden de los 1031 pesos mensuales.
Valle, titular de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), precisó a
Página/12 que los últimos estudios realizados “por el INdEC” señalan que
sobre 1.300.000 hogares que perciben ingresos menores a los 300 pesos “hay un 20 por
ciento que sobrevive con un ingreso promedio de 175 pesos”. Dijo que la situación es
similar a la de 1989, cuando asumió Menem su primer mandato, porque los salarios
“cayeron un 25 por ciento en los últimos años, luego de experimentar un
crecimiento” en los primeros tiempos del menemismo. “Y ni hablar de Jujuy,
Santiago del Estero o Chaco, donde los ingresos más bajos son de 60 a 70 pesos por
mes.”
Menem se puso de mal humor cuando en Radio Mitre le comentaron que “la gente tiene
hambre” y por eso rodea los supermercados en busca de comida. “No, no es cierto
–respondió el Presidente–; el señor Castells tiene un negocio y todo el mundo
lo sabe, y muchas veces lo que sacan de esa forma, mediante presión a algunos sectores
del comercio, se venden en el negocio (un almacén) del señor Castells.”
Más adelante, Menem hizo una ensalada de contradicciones al hablar sobre la inseguridad y
la violencia. Primero dijo que las movilizaciones de Castells y las promovidas por el
dirigente gremial Carlos “Perro” Santillán tienen por protagonistas “a los
sectores más violentos”. Por eso habló de “delincuencia” y pronosticó
que todo seguirá igual “mientras este señor (por Castells) siga en libertad”.
Más adelante, cuando los periodistas trataron de hacer un parangón de la actual
“violencia” y la de 1988-89 que precipitó la salida de Alfonsín, Menem dio
marcha atrás y se preguntó acerca de los sucesos actuales: “¿Pero hubo violencia?
Y él mismo admitió que, como es público y notorio, no hubo ninguna violencia.
Luego volvió a ofuscarse cuando le recordaron expresiones del jefe del Gobierno porteño,
Fernando de la Rúa, en el sentido de que la inseguridad se origina en las drogas y las
armas en poder de particulares, pero también en la mala situación económica. “Eso
es absurdo, torpe, porque éste es un país que crece, que en plena crisis creció el año
pasado casi 4,5 puntos (se refiere al PBI), según el Fondo Monetario”. Consideró
que De la Rúa está “totalmente equivocado porque la situación económica argentina
es puesta como ejemplo en todas partes del mundo”.
Para Valle, en cambio, el problema social es gravísimo. “La caída del 25 por ciento
que experimentó el salario de los más necesitados significó una fuerte
exclusión”. Recalcó que hay gente “totalmente fuera del mercado” y
familias que “por segunda generación desconocen lo que es un trabajo
fijo,normal”. Sobre el tema de la desocupación, dijo que el problema “se ha
disimulado con planes de trabajo a sueldos miserables y también se toma como
‘ocupados’ a los que limpian vidrios de autos en los semáforos y a los que
venden ramos de flores en la calle”.
A fin de año, varios obispos, entre ellos Jorge Casaretto (San Isidro) y José María
Arancedo (Mar del Plata), denunciaron que los argentinos viven “una pobreza sin
esperanzas” por el aumento del “flagelo de la desocupación y de la exclusión
social”.
Para Castells “es
ridículo”
Por C.R.
Raúl Castells, inesperado interlocutor en el
debate público abierto por el Presidente sobre si hay o no hambre en la Argentina, dijo
lo suyo desde Banfield, donde tiene “un modesto almacén de barrio”, como
definió. Después de despachar 100 g de mortadela, el dirigente del Movimiento
Independiente de Jubilados y Pensionados dijo entre risas: “Es ridículo pensar que
yo puedo reunir a siete o nueve mil personas, en todo el país, sólo para que trabajen
para mí”.
Recordó que el 23 de diciembre hubo movilizaciones en 16 provincias que involucraron a 27
supermercados, desde Carrefour hasta Disco, desde Elefante hasta Coto y Wal Mart. En La
Plata consiguieron 3000 kilos de comestibles, en Mendoza dos mil, en Neuquén 2200, otros
mil en Rosario, cinco mil en Mar del Plata, ocho mil en Avellaneda y así sucesivamente
“sin apelar en ningún momento a la violencia”.
“Nuestra pelea no es contra los supermercados, es contra el Gobierno. Por eso nunca
saqueamos, ni robamos, ni agredimos, ni provocamos, pedimos, y nuestro objetivo es lograr
que el Gobierno nos dé mensualmente 50 mil kilos de comestibles para 16 provincias.”
Castells aseguró que desde hace diez años tiene su almacén en Santa Fe 1723, de
Banfield, y que nunca se quedó “ni con un escarbadiente”.
“El problema del Gobierno –sostuvo Castells– es que no quiere reconocer que
en el país hay una miseria terrible.” Lejos de amilanarse, Castells anunció que van
a seguir las movilizaciones aunque él vaya preso, como pide Menem. “Hace años
entramos en un tribunal de Lomas de Zamora y le dijimos a los jueces que era mejor ir
presos, porque por lo menos íbamos a tener comida gratis”, concluyó. |
EL GOBIERNO DISCUTE CON LOS SUPERMERCADISTAS
Corach pide que nadie dé nada
Por David Cufré
Carlos Corach no dio la
solución que los supermercadistas esperaban. El ministro del Interior no sólo repitió
los argumentos del secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, sugiriendo a los
empresarios negarse a negociar con la multitud de pobres que reclama alimentos, sino que
además discrepó con ellos respecto de la gravedad que estos hechos suponen. “Es un
mamarracho comparar esta situación con los saqueos de la hiperinfación”, opinó
Corach, a quien la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) solicitó una audiencia para
demandar el auxilio del Gobierno. De todas formas Toma anunció que recibirá a los
representantes del sector el martes para volver a discutir el tema.
La estrategia oficial fue desligarse del problema, mientras que los empresarios se
esforzaron por involucrar al Poder Ejecutivo, ya que advierten que se quedarán solos con
la papa caliente. “Cuál es la importancia gravitante de la fuerza pública, si el
local tiene que permanecer cerrado y la seguridad del cliente está en peligro”,
subrayó el presidente de CAS, Juan Mirenna, retrucando al ministro del Interior. “La
Policía Federal estuvo en tiempo y con medios suficientes para custodiar los bienes
privados de esa entidad comercial”, dijo Corach por la mañana, en referencia al
local de Carrefour San Lorenzo, en el barrio porteño de Boedo, adonde el miércoles se
llegaron unas 500 personas para solicitar comestibles.
Los empresarios lo que quieren es el compromiso del Gobierno de que la policía
intervendrá activamente en caso de un nuevo copamiento a un supermercado. “El
problema es que la policía no interviene porque la orden es no intervenir. Y cuando estos
grupos toman un supermercado, las fuerzas de seguridad no los desalojan. Entonces no
tenemos protección”, comentó el director ejecutivo de Disco, Carlos Paciarotti.
“Las fuerzas de seguridad en forma pasiva y como asistentes no alcanza”,
completó Mirenna.
Los supermercadistas también reclaman que se extienda la asistencia social a los barrios
carenciados, para desactivar la repetición de movilizaciones. Ellos mismos decidieron
incrementar la ayuda a las entidades de bien público. Paciarotti comentó que Disco optó
por “hacer donaciones de mercaderías a través de Caritas”, en tanto que Wal
Mart dispuso que sus catorce sucursales refuercen las donaciones a las entidades de bien
público que asisten desde hace tres años.
“El Gobierno custodiará la propiedad privada”, sostuvo Corach, al tiempo que
descargó tangencialmente la responsabilidad del problema sobre las cadenas, dado que
ceden a la presión de las protestas. El ministro del Interior consideró que “si se
permiten este tipo de cosas, va a seguir ocurriendo exactamente lo mismo”.
“Desde los despachos oficiales es muy fácil decir que no se negocie, pero algo hay
que hacer”, respondió Mirenna.
El Gobierno atribuyó los incidentes a maniobras políticas enmarcadas en la futura
contienda electoral. De ningún modo acepta la posibilidad de que se trate de reacciones
espontáneas, al menos desde el discurso público. En cambio, los supermercadistas están
inquietos porque ven crecer un problema social.
RADICALES Y FREPASISTAS RESPONDEN AL
PRESIDENTE
“Ellos no quieren aceptar la realidad”
Radicales
y frepasistas coincidieron ayer en criticar al Gobierno después de que Página/12
publicara que en los últimos días miles de personas rodearon hipermercados reclamando
alimentos. Además, desde el Frepaso desmintieron que ese partido haya tenido algo que ver
con la organización de los reclamos, una versión que había trascendido desde la
Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior.
“Decir eso es una barbaridad”, sostuvo ayer el frepasista Aníbal Ibarra,
vicepresidente primero de la Legislatura porteña. “Lo que pasa es que el Gobierno no
quiere aceptar la realidad. La marginalidad, la pobreza y el desempleo son los culpables
de que la gente que no tiene para comer rodee los supermercados.”
El ex fiscal descartó de plano cualquier vinculación del Frepaso con estos hechos.
“Nosotros nunca haríamos una cosa así. No es nuestro estilo y creo que la sociedad
lo sabe muy bien. Mi opinión es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. (Carlos)
Menem se niega a aceptar que estas cosas pasan en la Argentina. Todos los días y en todo
el país.”
Por su parte, el diputado radical Rafael Pascual, jefe de campaña de Fernando de la Rúa,
sostuvo ayer que “en 1989 el Partido Justicialista estuvo alentando activamente los
saqueos para perjudicar el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín”. Y añadió
que “en esa época, algunos justicialistas, como Domingo Cavallo, recorrían el mundo
para decir que no había que prestarle plata al gobierno”. El legislador dijo que
“hoy nadie necesita alentar a la gente para que reclame alimentos, porque el hambre
es una realidad. Pero nosotros no vamos a caer en la táctica que utilizaron ellos. No
vamos a impulsar ni a organizar nada”.
El senador Leolpoldo Moreau es uno de los principales dirigentes de la UCR de la provincia
de Buenos Aires, uno de los distritos más golpeados por la pobreza y el desempleo.
“Mi recomendación al Gobierno es que se desprenda de cualquier visión conspirativa,
porque la Alianza no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Que se fijen en las cifras
de marginalidad si necesitan un culpable.”
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