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Por Raúl Dellatorre  La AFIP busca
revertir su imagen de que sólo persigue a los pequeños contribuyentes. A través de un
comunicado, el organismo fiscal que encabeza Carlos Silvani asegura que “ha
intensificado sus acciones (contra la morosidad en el pago de impuestos) privilegiando la
deuda de los grandes contribuyentes”. En tal sentido, informó que durante el mes de
diciembre se iniciaron juicios por el cobro de un monto superior a los 270 millones de
pesos y “se procedió a la intimación personalizada, en su domicilio, de grandes
contribuyentes”, por una suma total del 168,6 millones. Entre las firmas alcanzadas
por las causas judiciales, dice el informe de la AFIP, se cuentan “importantes
constructoras, supermercados, autopartistas, empresas de personal eventual y de servicios
de consultoría económico-financiera”. Las demandas ante la Justicia contra los contribuyentes en mora incluyeron la traba de embargos en sus cuentas corrientes, sobre las cuentas por cobrar a sus clientes, y sobre bienes muebles e inmuebles. “Los bienes serán rematados en forma inminente si no se cancelan las deudas respectivas”, señala el comunicado de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Estas medidas afectaron a casi 12.700 contribuyentes. Desde el 23 de septiembre pasado, la AFIP puso en marcha un ejecutivo mecanismo de las cuentas bancarias de los deudores morosos de impuestos y aportes previsionales. “Tenemos la facultad de pedir el embargo contra los deudores en ejecución judicial, porque son deudas líquidas exigibles, y el juez debe conceder al pedido de inmediato”, comentó a Página/12 Simón Zárate, director de Control Judicial de la AFIP. El procedimiento de comunicación a los bancos de los contribuyentes sujetos a embargo se realiza a través de Internet, en donde la AFIP carga los datos de todos aquellos alcanzados por una resolución judicial al respecto. El Banco Central instruyó a las entidades de su obligación de consultar diariamente dichos listados y disponer la captura de los fondos en cuenta. Antes, el Banco Central debía recibir una nota de la DGI solicitando el embargo, identificando la cuenta y el banco del contribuyente, la transformaba en una comunicación propia en cada caso y entre el momento de la emisión del oficio judicial y la aplicación de la medida, llegaba a pasar un año, según comentó Zárate. Actualmente, el mismo trámite no demora mucho más de 24 horas. A partir de que se puso en marcha el nuevo mecanismo, la AFIP cursó 14.400 embargos por un monto total reclamado de 440 millones de pesos, incluyendo los 270 millones del mes de diciembre que recayeron, fundamentalmente, sobre grandes contribuyentes. “Ello no significa que necesariamente se haya captado el 100 por ciento de lo reclamado, pero opera como un eficiente mecanismo de presión sobre el deudor, ya que lo inhibe en el manejo de sus cuentas, lo cual es la virtual muerte civil del deudor”, afirmó Zárate a este diario. El funcionario estimó, “en un cálculo cauteloso, entre el 5 y el 10 por ciento” la recuperación de deudas alcanzada hasta el momento bajo este mecanismo, lo cual representaría entre 20 y 45 millones de pesos.
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