RECURSO JUDICIAL CONTRA EL
VETO TRIBUTARIO
Un conflicto de tres poderes
Por Cledis Candelaresi
 El veto a la
alícuota diferencial del IVA para la medicina prepaga y las radios de baja frecuencia
generó un conflicto institucional cuya resolución, en gran medida, quedó en manos de la
Justicia. Los legisladores confían en que prospere el recurso de amparo que presentó el
defensor del pueblo, Jorge Maiorano, argumentando que la decisión presidencial es
anticonstitucional. En caso que los tribunales no le dieran la razón al ombudsman,
Diputados confía en que podrá utilizar sus propias herramientas oponiéndose en el
recinto.
Varios referentes de la bancada justicialista, incluido su propio titular, Humberto
Roggero, ya anticiparon que tienen la intención de insistir en el texto votado por el
Parlamento. Este gravaba aquellas actividades con una tasa del 10,5 por ciento, en lugar
de la general del 21 que pretende imponer el presidente Carlos Menem.
El principal argumento (de forma) de los legisladores es que el veto transgrede la
Constitución nacional, en la medida que con él el Poder Ejecutivo está legislando en
materia tributaria. No sólo porque cambia la alícuota que pretendió imponer el Congreso
sino que, además, aspira a fijar otra (21 por ciento) a un servicio que hasta el momento
estaba exento. Este razonamiento es sostenido tanto por el oficialismo como por la
oposición, que no podía quedar atrás omitiendo esta crítica a la decisión del PEN.
Esa coincidencia entre oficialistas y opositores permite a Diputados especular con la
posibilidad de reunir los dos tercios necesarios para resistir un veto. Pero difícilmente
este tema pueda ser analizado en el recinto antes de marzo, es decir, antes de que
comiencen las sesiones ordinarias. Para anticipar la discusión sería necesario que el
propio Poder Ejecutivo ampliara por decreto el temario de las extraordinarias, algo
impensable.
La única esperanza es que la Justicia de feria haga lugar a la medida solicitada por
Maiorano y disponga un “no innovar”. En ese caso, también es posible que se
abra una discusión sobre cuál es la situación a la que todo debe retrotraerse: si las
prepagas y las radios quedan gravadas con el 10,5 por ciento que pretendió el Parlamento
o quedan exentas, como estuvieron hasta ahora.
Carlos Menem sostuvo ayer que va a defender ante la Justicia su postura favorable a la
aplicación del IVA del 21 por ciento al servicio de medicina prepaga. También aseguró
que el Gobierno procurará una “solución equitativa” sobre el tema, en caso que
el Congreso insista con los dos tercios en su aprobación original. No aclaró, sin
embargo, en qué podría consistir esa presunta solución y, menos aún, a qué equidad
aludió.
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