Por Sergio Moreno y Adriana Meyer
 La Fuerza Aérea no
se dedicó solamente a espiar periodistas y a Organizaciones No Gubernamentales de
mujeres: también lo hizo con partidos políticos, reflotando, de esa manera, la vieja
teoría del enemigo interno que fuera sustento de la represión ilegal que regó de sangre
a la Argentina durante las décadas del 60 y el 70. En el allanamiento efectuado en el mes
de diciembre pasado por funcionarios del juzgado de Jorge Urso, de la fiscalía y de la
Policía Federal fue requisada documentación donde figura un listado de las Ordenes de
Pedido de Inteligencia (OPI) –entre las que figura los seguimientos a periodistas de
cuatro diarios nacionales (Página/12 es uno de ellos) y al Movimiento de Mujeres en
Lucha– donde se consigna la tarea de espionaje a partidos políticos. La OPI por la
que se solicita dicha pesquisa ilegal está marcada con una letra S. “¿Qué
significa esta S?”, preguntó uno de los funcionarios que efectuaba el allanamiento.
“Que son subversivos”, respondió el comodoro Huberto Tulián, flamante jefe de
Inteligencia de la Fuerza Aérea. Tulián reemplazó al brigadier José Agustín Vanden
Panhuysen, desplazado de su cargo por la revelación que hizo Página/12 sobre el
espionaje ilegal efectuado por los aviadores.
Una prueba del espionaje a los partidos políticos queda desnudada en el parte de
inteligencia efectuado tras el seguimiento de la ONG de mujeres: en la segunda carilla, el
informe de los espías consigna la presencia de “mujeres del MAS, PCR, PTP y de CNPL,
Corriente Nacional Patria Libre (se adjunta anexo)”. (Ver facsímil). El anexo es un
conjunto de volantes que lanzaron ese día, en el acto, esas agrupaciones.
Con sus seguimientos, la Fuerza Aérea violó la Ley de Defensa nacional –aprobada en
1988 por el Congreso– que prohíbe clara y taxativamente a los militares hacer tareas
de espionaje interno (ver aparte). La comprobación de esa violación expuesta por este
diario motivó una rápida reacción de la Fuerza Aérea, que pasó a disponibilidad a los
aviadores involucrados, y de la Justicia, quien dispuso allanar las sedes de inteligencia
del arma.
El allanamiento se hizo el 10 de diciembre en el Departamento III de Inteligencia II
–ubicado en el edificio Cóndor– y en la Regional Buenos Aires de Inteligencia
de la Fuerza Aérea, y duró todo el día. Había sido ordenado por el juez Jorge Urso y
lo encabezaron su secretario Federico Novello y el fiscal Miguel Osorio, con la asistencia
de la División Delitos Federales de la Policía Federal. Los uniformados elevaron el
resultado al juzgado el 14 de diciembre.
Por la mañana del día 10, la comisión judicial y policial allanó el edificio Cóndor,
sede de la Fuerza Aérea. El nuevo jefe de Inteligencia, Huberto Tulián (un militar
doctorado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Católica y ex agregado
aeronáutico en Washington) intentó demostrar que no ocultaban nada. Tomó una carpeta y
la puso en las manos de uno de los investigadores. Cuando estuvo a punto de quitársela,
el funcionario pidió que no lo hiciera, y comenzó a leer detenidamente su contenido. Fue
así que encontró un papel en el cual estaban enumeradas diversas OPIs, con sus números
y la explicación de los temas a los que estaban referidas. El fiscal identificó la
057/97 sobre los “datos de filiación y antecedentes de todo tipo” de nueve
periodistas de cuatro diarios nacionales, entre ellos, Sergio Moreno y Carlos Rodríguez
de Página/12. “Parecía un remito, pero creemos que tiene más valor que eso”,
especuló una fuente cercana a la investigación.
Ese papel prueba que el facsímil publicado por este diario el 23 de noviembre existe o
existió, y que –eventualmente– desapareció. De hecho, el comodoro Jorge
Alberto López –jefe del Departamento III hasta las revelaciones de este diario–
había declarado en el sumario interno de la fuerza, que toda la documentación fue
destruida porque “los datos recabados no resultaron de interés”. Tanto López
como quien fuera su jefe, el brigadier Vanden Panhuysen, otros dos aviadores y un civil
fueron sancionados y separados de sus cargos.
Mientras revisaban cada escritorio, los investigadores encontraron en otra carpeta una
referencia a la agrupación Quebracho, Patria Libre, Frente de la Resistencia y otras, que
habían participado de una reunión que se realizó en la Facultad de Derecho en homenaje
a Ernesto “Che” Guevara. Esos nombres estaban acompañados de una “S”.
–¿Qué significa esta S? –preguntó un miembro de la partida que estaba
allanando la sede de Inteligencia aeronáutica.
–Que son subversivos –explicó Tulián sin siquiera inmutarse.
Un funcionario judicial que participó del operativo aseguró a Página/12 que había gran
cantidad de recortes periodísticos referidos a los políticos. “Estaban todos, desde
(Hilda) Chiche Duhalde hasta (Carlos) Chacho Alvarez”, graficó la fuente. Los
documentos que interesan a la causa fueron secuestrados en una caja de gran tamaño.
Los enviados judiciales tuvieron la impresión de que el sitio había sido
“limpiado”. En la dependencia del edificio Cóndor que fue allanada, los
investigadores encontraron biblioratos con hojas y etiquetas arrancadas y en algunos
estantes aparecía –por ejemplo– una carpeta con el número diez, pero faltaban
las nueve restantes.
Por la tarde, la comisión policial y judicial se trasladó a la Regional Buenos Aires de
Inteligencia de la Fuerza Aérea –ubicada frente al aeroparque Jorge Newbery–,
donde se habría confeccionado la polémica OPI. Allí se secuestraron las copias de la
página de Internet que relata las alternativas del juicio que lleva adelante el juez
español Baltasar Garzón por la desaparición de ciudadanos de esa nacionalidad en
nuestro país durante la dictadura. “Lo bajamos para ver si está involucrada la
Fuerza Aérea en ese proceso”, fue la increíble explicación del oficial en cuyo
escritorio fue hallado este material.
“Estamos investigando si hubo un seguimiento, pero seguro que se puede actuar sobre
la evidente ‘limpieza’ que se encontró en los lugares allanados”, aseguró
una fuente vinculada con la investigación, pensando en el presunto delito de destrucción
de pruebas, lo cual constituye una obstrucción a la Justicia.
Cronología de los hechos |
 23 de noviembre: Página/12 publicó en exclusiva los detalles
del espionaje interno que había hecho la Fuerza Aérea sobre las actividades de nueve
periodistas, entre ellos Sergio Moreno y Carlos Rodríguez de este diario. Todos ellos
habían escrito notas durante 1997 relacionadas con la seguridad y la privatización de
los aeropuertos. El artículo estuvo acompañado por el facsímil de la OPI número 057/97
referido a la prensa, y por el parte de información 0318-0 con la descripción detallada
de todo lo que hizo el Movimiento de Mujeres en Lucha durante el acto del Día
Internacional de la Mujer, en marzo de 1997.
24 de noviembre: el jefe de la fuerza, brigadier general Rubén
Montenegro, se reunió con el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, y separó los
responsables del espionaje: el brigadier José Vanden Panhuysen, jefe II de Inteligencia,
el comodoro Jorge Alberto López, jefe del Departamento III de Inteligencia II, al
vicecomodoro Salvador Ozan, jefe de Inteligencia de Capital Federal, al capitán Jesús
Horacio Guasti y a un civil.
Al mismo tiempo Montenegro ordenó un sumario interno, tras el
cual fueron sancionados cuatro de los militares implicados con suspensiones de no más de
30 días de arresto. La mayoría reconoció que hicieron espionaje con el objetivo de
detectar la presunta existencia de una “campaña contra los intereses
nacionales”. Domínguez había asegurado que no tomaría ninguna medida hasta no
conocer el resultado de la investigación interna.
30 de noviembre: la Fuerza Aérea se autodenunció y presentó
a la Justicia el contenido del sumario interno. La causa recayó en el juzgado de Jorge
Urso.
10 de diciembre: el juez allanó durante todo el día el
edificio Cóndor y la Regional Buenos Aires de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Apareció
la prueba de la existencia de la OPI polémica. Y documentación referida a
“subversivos” y políticos.
Fines de diciembre: el brigadier Vanden Panhuysen presentó un
escrito ante Urso en el que niega ser responsable del espionaje. |
PRESENTACION JUDICIAL
El descargo de Panhuysen
Por A. M.
El brigadier José
Agustín Vanden Panhuysen no pensó que el asunto llegaría tan lejos. Y mucho menos a la
tapa de los diarios. Los mismos que recortaron durante años en la Jefatura de
Inteligencia que estuvo a su cargo, hasta que éste descubrió que una dependencia bajo su
mando había realizado el seguimiento de periodistas y de organización de mujeres. Días
atrás, el militar que fue separado de su cargo por el episodio hizo una presentación
ante la Justicia en la que da una nueva explicación de los hechos e intenta despegarse
del escándalo (y de una eventual condena).
El abogado José Ignacio Garona le entregó al juez Jorge Urso un escrito en
representación de Vanden Panhuysen. Es lo único que ocurrió en el expediente desde el
allanamiento del mes pasado. Allí el ex jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea intentó
justificarse, deslindando responsabilidades en sus subalternos, y llega a la conclusión
de que no se cometió espionaje. Si bien no trascendió el contenido del mismo, Página/12
pudo saber que Vanden Panhuysen evidenció tener un conocimiento muy preciso de lo
ocurrido en el allanamiento. “Es llamativo que tenga tantos detalles”, expresó
la fuente consultada.
Garzón, el juez que va a “declarar
la guerra”
Siete ex represores procesados por el juez
español lo acusaron de “privación ilegítima de la libertad” y de
“hostilidades con peligro de declaración de guerra” contra Argentina.
Por Norberto Bermúdez
El pasado 20 de octubre
los abogados Florencio y Ramiro Varela acusaron al juez español Baltasar Garzón de ser
un “guerrillero con toga” y reclamaron a la Justicia Federal argentina que se lo
procesara, “encomendando su busca y captura internacional”, por ser
“merecedor de las penas previstas por los artículos 219 y 141 del Código
Penal”, consistentes en el acto hostil de desconocer la soberanía de la legislación
argentina.
La denuncia contra el magistrado que logró la captura del ex dictador chileno Augusto
Pinochet quedó radicada en el juzgado de Norberto Oyarbide. Pero como el notorio juez
está bajo proceso de juicio político, el expediente 10.321/98 pasó al juez Gabriel
Cavallo. La carátula de la causa parece una alucinación, pero es real:
“Hostilidades con peligro de declaración de guerra y privación ilegítima de la
libertad”.
El delirio resultó contagioso, y seis días después de la presentación el abogado Juan
Aberg Cobo, amigo del ex teniente Alfredo “Cuervo” Astiz, se adhirió a la tesis
de los Varela. En los días siguientes se sumaron otros siete personajes de la última
dictadura: los militares Eduardo Albano Harguindeguy, Ramón Genaro Díaz Bessone, Jorge
Alberto Maradona, Juan Bautista Sasiaiñ y Fernando Ezequiel Verplaetsen, y los marineros
Luis María Mendía y Jorge Enrique “Quasimodo” Perrén.
Las acusaciones que constan en el expediente judicial, al que Página/12 accedió en
exclusiva y en su totalidad, parten del supuesto del carácter doloso de las
investigaciones que Garzón viene practicando desde 1996 en la Audiencia Nacional de
Madrid, por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas. Precisamente, los
siete militares que se permiten acusar a Garzón en Argentina figuran en el Sumario 19/97
como imputados. Y sobre ellos pesan órdenes de captura internacional y, desde el 16 de
octubre del año pasado, el embargo de todos sus bienes en Estados Unidos, Suiza y
Argentina.
La denuncia de los abogados Varela y Aberg Cobo afirma que Garzón “ha puesto en
marcha con una indisimulable intención ideológica un procedimiento ilegal en perjuicio
de los habitantes de la República Argentina, a los cuales, ciudadanos o no, les ha
ocasionado vejaciones en sus personas y en sus bienes, restringiendo además sus
libertades ambulatorias”. Harguindeguy, Díaz Bessone y Perrén afirman que “los
hechos ocurridos durante la guerra contra el terrorismo no reúnen las condiciones para
ser calificados como genocidio” y que la competencia extraterritorial para juzgar los
delitos que les echa en cara Garzón “sólo es aplicable para los hechos cometidos a
partir de la fecha del reconocimiento, por parte de Argentina, de la Convención contra el
Genocidio, que fue el 10 de diciembre de 1984”.
El fiscal Eduardo Freiler solicitó la desestimación y el archivo del caso. En su
respuesta a las presentaciones de los siete militares contra Garzón, el titular de la
Fiscalía Federal Nº 6 sostiene que resulta “desproporcionado y contrario a un
razonado equilibrio jurídico” el contenido de las argumentaciones. Ante la
afirmación de los represores de que “la nacionalidad no puede ser causa para
desconocer en el ámbito internacional la territorialidad de la jurisdicción penal
argentina en el juzgamiento de los hechos cometidos en el país”, Freiler es
contundente: “... últimamente ha ido ganando terreno en el concierto de la comunidad
internacional un avance claro y palpable de manifestaciones inspiradas en un criterio
universal, mundial o cosmopolita para el juzgamiento de los delitos contra el derecho de
gentes (los derechos humanos), pidiendo interpretarse como un claro ejemplo de las mismas
el proceso llevado adelante por el magistrado español Baltasar Garzón”. Los siete
ex represores y sus abogados volvieron a la carga, recusando a Eduardo Freiler por
considerar que dicho fiscal “tiene un interés personal en esta causa que surge de la
comunión de esfuerzos que tiene con el imputado Baltasar Garzón Real”. Díaz
Bessone y Perrén acompañaron una crónica periodística publicada el 18 de julio del
pasado año en el diario La Nación, donde se daba cuenta de una reunión entre el juez
Garzón y el fiscal Freiler, celebrada en la Audiencia Nacional de Madrid. El encuentro se
prolongó fuera del despacho del magistrado español, en una cafetería cercana donde
bebieron agua mineral sin gas. “¿Significa esto que el fiscal argentino no cuestiona
como el gobierno argentino la competencia de Garzón para juzgar los delitos de la
dictadura?”, le pregunta el autor a Freiler. “No es materia de esta fiscalía
cuestionar o no la competencia de Garzón”, respondió el fiscal. Para Díaz Bessone
y Perrén, la reunión entre Garzón y Freiler debería ser interpretada así: “El
fiscal se convirtió en partícipe de los delitos por los cuales querellamos al
colonialista Baltasar Garzón Real”.
El 20 de noviembre, el juez Gabriel Cavallo se pronunció por el rechazo de todos y cada
uno de los argumentos de los ex represores, indicando que “la circunstancia de que el
juez Baltasar Garzón Real juzgue o investigue sucesos que han ocurrido en el país no
constituye un hecho que pueda ser analizado desde el punto de vista de la ley penal
argentina”. Con respecto del encuentro entre Garzón y Freiler, el juez federal
Cavallo se vio obligado a decir que el mero hecho de que un fiscal argentino y un juez
español se encuentren en un bar de Madrid no es un delito.
La apelación no se hizo esperar y ahora deberá ser la Cámara Federal la que resuelva si
Garzón nos ha declarado la guerra por querer ponerle el punto final a la impunidad y si
el fiscal Freiler es un traidor a la patria por haber bebido agua mineral sin gas en
Madrid.
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