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 El 24 de
diciembre nos enteramos de que el Sistema Provincial de Salud de Chubut no autorizó la
práctica de un aborto a la niña de 13 años con retraso mental violada, a pesar de la
resolución judicial del 2 de diciembre que expresaba que la ley permite la realización
de la operación en este caso. El problema se desencadenó porque los médicos del
hospital de Trelew se negaron a hacerlo, a pesar de la resolución judicial, aduciendo que
"juraron la Constitución Argentina que prohíbe el aborto" y, agregaron,
"como empleados del Estado debemos respetar la Constitución".Es lamentable que estos profesionales no conozcan la Constitución nacional ya que en ella no existe esta prohibición y, por el contrario, sí explícitamente exige que se proteja la vida de todos los ciudadanos y su bienestar. Con esta actitud los médicos están violando la Constitución que dicen respetar porque están atentando contra la salud y el bienestar de la niña. Según la noticia periodística, la doctora Montero, directora del Hospital de Trelew, reconoce que "la única patología detectada por los médicos es la desnutrición notoria que tiene la paciente". Parece que para estos profesionales y las autoridades sanitarias de la provincia tampoco la desnutrición notoria es un problema que afecta la salud de una niña de 13 años que será madre por haber sido violada y que a pesar de su rechazo y el de sus padres, es victimizada nuevamente por la Salud Pública provincial. En estos días que tanto se habla de seguridad, cómo pueden los habitantes de Trelew "sentirse seguros" frente a hospitales públicos donde los médicos no reconocen, como en este caso, los riesgos para la salud física, psíquica y social. ¿Pueden confiar en médicos e instituciones públicas que no salvaguardan la salud de esta niña a pesar de los riesgos existentes y que no saben interpretar correctamente la opinión de los jueces? Seguramente si los padres de la niña tuvieran dinero para pagar la realización del aborto en privado, esta niña hubiera sido atendida inmediatamente. ¿Seguirán los médicos y las autoridades de salud pública condenando a las niñas pobres, retrasadas mentales y violadas a tener hijos con las consecuencias y riesgos para la salud física, psíquica y social que ello implica? Injusticias de este tipo se cometen y perpetúan diariamente en los hospitales públicos de todo el país, perjudicando sólo a niñas y mujeres pobres. ¿Es así como los médicos entendemos el respeto de la Constitución nacional? Tal vez existen dos Constituciones: una para los pobres y otra para los ricos; si esto es así, estos médicos eligieron valorar más la de los ricos. Me pregunto entonces si deben continuar como funcionarios públicos en hospitales que todavía hoy, a pesar del hospital de autogestión, fundamentalmente atienden a pobres. Por último, qué fea Nochebuena deben haber pasado esta niña y su familia, ¿lo habrán pensado los médicos de esa junta médica cuando rodeados de sus hijos celebraron la Navidad? * Médica. Presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer - FEIM.
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